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Las huelgas absurdas

domingo, 22 de mayo de 2011

Por: Gustavo Páez Escobar

El paro intempestivo ocurrido en el Banco Popular que obligó el cierre o el servicio deficiente en varias oficinas, debe dar motivo para re­flexionar en la trascendencia de estos actos que se salen de los cauces de la ley y provocan perturbación del orden jurídico y de la tran­quilidad pública.

No se ve fundamento de peso para que el sindicato reclame por este medio la atención de asuntos administrativos. A los pocos meses de suscrito el laudo arbitral que puso, o pareció que había puesto término al diferendo, con notorias conquistas laborales (las que, con todo, de entonces a hoy se han debilitado en la medida que crece despropor­cionadamente el costo de la vida), se rompe de nuevo la armonía del trabajo con este sorpresivo cese de actividades.

Si no se ha trazado la nueva curva de salarios —de cuya junta hace parte el propio sindicato—, que es uno de los argumentos expuestos, tam­poco ha expirado el término para implantarla; si se can­celan por justa causa unos contratos, debe acudirse a la justicia laboral si se considera que la empresa procedió con arbitrariedad; si se efectúan traslados que puedan creerse lesivos para los afectados, estaría primero el diálogo con los directivos y luego el procedimiento de tocar las puertas de la justicia. No debe perderse de vista, desde luego, la facultad del patrono para mover al personal dentro del rodaje de la administración.

La invocada persecución sindical, el desconocimiento de derechos, la violación de convenios, si los hubiere, que se denuncien con pruebas y no se proceda sobre conjeturas. Lo censurable es adoptar las vías de hecho y perjudicar a la gente que requiere los servicios del banco.

Los que vivimos del salario aspiramos, como algo elemental, a conseguir cada vez mayores ventajas. Sobre ese salario reposa el bienestar de la familia. Y debemos, a to­do trance, defenderlo. Pero que sea por  medios pacíficos, por sistemas razonables.

Los desbordes laborales, cuando se tornan agresivos, no se caracterizan por la sensatez, ni por el debate de ideas, ni por el equilibrio numérico. Lo mismo en la empresa, que en la universidad,  que en la calle, existe una inmensa masa silenciosa que parece marginada, casi que indefensa, y que muchas veces camina detrás de las huelgas como idiotas útiles.

Prohíbe la ley la huelga en los servicios públicos. Y la banca es servicio de primera necesidad. Sin embargo, la ley ha sido retada y violada. Grave precedente que atenta contra la normalidad de nuestro país jurídico.

Son grandes los trastornos para el banco e inmensos los perjuicios para la clientela. En el momento de escribir esta nota, van tres días de sus­pensión de labores. Tres días de perplejidad y desconcierto. El Banco Popular se ve frenado de repente en sus propósitos de servir a la comunidad, precisamente en época congestionada y de grandes apremios.

Sea desde donde se contem­ple el panorama, bien desde el propio recinto de la entidad afectada —en medio de la turbulencia del grito o de la desazón del espectáculo deslucido—, o desde la calle, como simple espectador o como damnificado, mortifica y hasta desespera la demora para arreglar el conflicto. El banco, la clientela, el país, los emplea­dos, todos han recibido per­juicios.

¿Y la ley? Digamos que la ley no debe desquiciarse. Digamos también que, por encima de todo, debe pre­valecer la justicia. Pero no es redundante afirmar que el precedente de tres días que van corridos en el cese de un ser­vicio público es pésima coyuntura para sostener la balanza de la ley.

Es preciso que haya medidas para garantizar la paz del salario, la confianza en las instituciones y la tranquilidad del país.

La Patria, Manizales, 10-XII-1974.

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