El derecho a la salud
Gustavo Páez Escobar
La ley estatutaria de la salud, aprobada en días pasados por el Congreso y que cumple el trámite de su revisión por la Corte Constitucional antes de ser sancionada por el presidente de la República, es el paso previo para estructurar una verdadera reforma a través de la ley ordinaria de que se ocuparán el gobierno y la rama legislativa en el semestre próximo.
A pesar de que dicha ley contempla aspectos positivos, el campo de la salud sigue en entredicho. Fueron más las expectativas que se formaron que lo que en realidad se consiguió. Se esperaba una ley de mucho mayor alcance, y ya aprobado el acto legislativo, apenas se siente en el país moderada satisfacción. Para interpretar con fidelidad el ánimo de los colombianos, puede decirse que nadie –ni siquiera el Gobierno, que predica las ventajas de la norma– ha quedado conforme por completo.
Es cierto que se ha dado un paso adelante en materia tan sensible para el bienestar de los colombianos, pero los vacíos y las necesidades que quedan por resolver no son de poca monta. Muchos intereses, muchas discusiones y trabas se han interpuesto para consolidar un sólido estado de progreso social en el terreno de la salud.
Han pasado 20 años desde la vigencia de la ley 100, que creó “el sistema de seguridad integral” pregonado en aquel entonces como el gran avance que requería el país. Pero no ocurrió así. Se lograron algunas mejoras, pero al mismo tiempo nacieron poderosos escollos que dieron al traste con los buenos propósitos que habían inspirado el estatuto. Desde entonces la salud ha venido de capa caída, no solo en lo que tiene que ver con su deficiente organización, sino en lo relacionado con la falta de incentivos para el cuerpo médico, y otras falencias.
Estos 20 años no han sido suficientes para llevar a cabo una auténtica rectificación de las políticas equivocadas. Sucesivos ministros del ramo han intentado hacerlo, pero al tropezar con la maraña de intereses creados y los enormes obstáculos que no dejan avanzar, han desistido de su empeño. Se esperaba que la nueva ley cumpliera un cabal cometido reformador, pero las cosas quedaron a medias. Y es que en el país –bajo la batuta de gobernantes, políticos y congresistas– nos hemos acostumbrado a los retazos, a los paños de agua tibia, a las obras inconclusas. Lo que hoy se decreta, mañana hay que reformarlo o revocarlo. De ahí nace la inoperancia nacional.
De todas maneras, algo se ha avanzado con la nueva ley. Se le pone piso al derecho fundamental de la salud, y esto constituye sin duda una gran conquista. Pero se ata su beneficio a la existencia de recursos en las arcas del Estado. Se consagra la autonomía del médico para decidir el manejo de la enfermedad y la prescripción de los medicamentos, medida que es esencial para favorecer la salud de los pacientes. Hay que celebrar esta reconquista de la misión de los médicos.
El enfermo podrá acudir a los establecimientos de salud sin ninguna restricción en cuanto a costos y tipo de medicinas que requiera. De este modo, desaparecerán los “paseos de la muerte”, método inicuo según el cual el paciente podía ser rechazado en clínicas y hospitales por ser oneroso su caso. Si la ley entra en verdad a garantizar la salud de los colombianos, episodios dolorosos como la muerte del enfermo en el tránsito por distintos centros de la salud no tendrán razón de ser.
Los precios de los medicamentos se regularán por el costo promedio que tienen en varios países del área. Al obtener le ley la sanción presidencial, este aspecto entrará a ser reglamentado. De hacerse realidad dicho mecanismo, algo que está por verse, los medicinas en Colombia dejarán de ser las más caras del mundo. Y Colombia disminuirá la calificación como uno de los países más inequitativos. Ojalá fuera verdad tanta belleza.
El Espectador, Bogotá, 29-VI-2013.
Eje 21, Manizales, 28-VI-2013.
La Crónica del Quindío, Armenia, 29-VI-2013.
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Comentarios:
La aprobación de una norma que determine mejor calidad de la prestación del servicio de salud es una necesidad sentida, dada la deficiente calidad que prestan las entidades que lo hacen, amparadas en normas restrictivas, que van en contravía de los derechos y necesidades de los usuarios y de la misma normatividad constitucional. De todas maneras algo mejor debe salir de la ley aprobada y de su reglamentación, con la salvedad de que los recursos públicos pueden no alcanzar para la expansión de beneficios y ojalá esta expectativa no se convierta en una nueva frustración. Hay que esperar la refrendación y aplicación de la ley, para saber, de verdad, de sus alcances. Gustavo Valencia García, Armenia.
Creo que no solo las buenas intenciones cuentan. Mientras que los colombianos no decidamos hacer cumplir las cosas y defender nuestros derechos, nada se verá. Alejandra Oñate, Bogotá.
Están legislando no sobre el derecho a la salud, sino sobre el derecho a la atención médica. Ese es el meollo del asunto: la salud depende de mucho más que ir donde un médico y obtener una receta, muchas veces innecesaria, y hasta potencialmente dañina. lgomezu (correo a El Espectador).
La salud sigue siendo un negocio y no un derecho, pobre pueblo. demevelu (correo a El Espectador).