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La agitación laboral

domingo, 22 de mayo de 2011

Por: Gustavo Páez Escobar

En momentos en que apenas se están digiriendo los efectos de las reformas económica y tributaria, se enfrenta el Gobierno a un año complejo en el campo laboral. En el horizonte han aparecido los primeros nubarrones de una amenaza que quiere perturbar la paz de la nación en las relaciones obrero-patronales.

Existen signos bastante elocuentes sobre un propósito preconcebido de alterar, con razón o sin ella, la tranquilidad pública a través de actos sin­dicales caracterizados por la intransigencia. La agitación en el sector bancario, que tuvo su comienzo en el Banco Popular y ahora se ha extendido al Banco Ganadero, con riesgo de seguir contaminando otros ambientes si no se sienta un precedente aleccionador, es mal presagio para la armonía de las empresas.

Si los empleados bancarios, que exhiben una juiciosa tra­dición de equilibrio y ejemplo para otros ramos, se colocan por fuera de la ley pretextando reclamaciones de orden laboral que no las hay, y que de existir deben ventilarse dentro de normas consagradas en los códigos, esto pone de presente un abierto reto contra la legalidad del país.

Sin desconocer que existen motivos de intranquilidad por la creciente ola de alzas, deben los sindicatos, antes de correr peligrosas aventuras y de exponer la seguridad de sus afiliados, buscar vías más expeditas que las del atropello para conseguir mejores sistemas de vida. El grito, la amenaza, la presión indebida, que está contemplan­do el país durante estos días de alegre algara­bía, ningún beneficio aportan a los trabajadores.

Colocarse dentro de los marcos de la ley para dialogar, como lo pide el Gobierno, es el camino sensato. Bien claro se ve que el grueso del personal entiende y acoge esta invitación, pero ciertos líderes, más amigos de sembrar el caos que de acaudillar verdaderas cruzadas de reivindicación, arrastran a esas masas que, entre ingenuas y atemorizadas, engruesan estos actos de tropelía con gritos sacados a la fuerza.

Ignoran, o parecen ignorar, que al disminuir los rendimien­tos económicos de las em­presas, serán ellos los primeros afectados. ¿Cuánto cuestan las huelgas del Banco Popular y del Banco Ganadero? ¿Han recapacitado los huelguistas en los traumatismos que sus actitudes ocasionan a la clientela y al público en general? La opinión sensata del país, que mal puede cohonestar tales desmanes, repudia estos brotes que tienen más de es­peculativos que de honrados.

A lo largo de este año vencerá la mayoría de las convenciones de trabajo de las empresas. Hay un común denominador: pedir el 50 por ciento de alza en los salarios. Esta tendencia es natural reflejo del aumento en las dietas parlamentarias. Es un acto de protesta contra una medida tan impopular como lesiva para el actual momento del país. La vida ha subido por contragolpe y no hay poder humano que logre reversar los precios. Estamos bajo el rigor de una inflación desbocada. Las conquistas salariales serán artificiales mientras no se detenga la guerra alcista.

No dejan de tener razón los sindicatos al pe­dir mejores condiciones para compensar el desequilibrio. Pero lo ideal es propender por un salario real, no engañoso, y en esto las agremiaciones le pueden prestar buen con­curso al Gobierno. El salario pierde todos los días poder adquisitivo. La tarea que le espera al Gobierno es de enver­gadura. Los asomos de insatisfacción a través de mo­vimientos no siempre bien orientados, tienen, con todo, un fondo de queja, de angustia, que no puede desoírse. Se ataca el procedimiento, no la razón del reclamo popular.

Por encima de todo, de­be prevalecer la ley. Que haya comprensión y justicia, pero también firmeza. El principio de autoridad no puede debilitarse en este país de derecho. Ojalá se ponga remedio a la agitación laboral, a la rebeldía sin causa, pues no es posible, para la tranquilidad pública, que continúen prosperando síntomas subversivos que ningún bien le hacen a la clase trabajadora, y mucho menos al país.

El Espectador, Bogotá, 27-I-1975.

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