Caos en la seguridad social
Por: Gustavo Páez Escobar
Nunca imaginó el presidente Ospina Pérez que una de las realizaciones más destacadas de su gobierno, el Instituto de Seguros Sociales, creado en 1946, llegaría al grado de postración en que hoy se encuentra. En mensaje al Congreso de 1947, el mandatario expresó lo siguiente: «La ley 90 de 1946, por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, representa una de las mayores conquistas en beneficio de nuestro pueblo». Desde entonces, la seguridad social ha tenido su principal soporte en este organismo, cuyas fuentes de financiación provienen de tres sectores: los empresarios, los trabajadores y el Estado.
Suena a paradoja el hecho de que este último, debiendo ser el contribuyente más efectivo de la entidad oficial que se ideó para proteger la salud y el régimen pensional, sea el mayor deudor del sistema. Debe responsabilizarse a las administraciones del Seguro por el deterioro gradual de la institución que no parece tener hoy pies ni cabeza. Responsabilizar a las directivas del Seguro es lo mismo, claro está, que inculpar a los gobiernos nacionales que han permitido los vicios protuberantes que han subsistido por tantos años.
Se dice que el sindicalismo es otro de los causantes de la crisis, y éste, a su vez, señala a la Administración. De esta manera, tirándose la pelota unos a otros, se llega a un punto ciego donde todos se echan la culpa y nadie da verdaderas soluciones. Mientras tanto, el tiempo pasa, como pasan los gobiernos y los hombres, y el problema sigue vivo. Ha sido una larga historia de despilfarras, fraudes, malversación de fondos, falta de vigilancia administrativa y fiscal, de moral y de ética, bajo el gigantismo arrasador de una institución inmanejable.
Las víctimas de esta nebulosa situación son los sufridos afiliados, que hoy pasan de 4,6 millones en el ramo de la salud. La triste realidad es que el Seguro Social no alcanza a atender tan crecida demanda, y por eso la atención es pésima. El servicio, que desde tiempo atrás era deficiente, lo empeoró la ley 100 de 1993 al ingresar al sistema, sin duda con buenas intenciones pero con torpe planeación, a un número exagerado de usuarios, cuando la estructura de la entidad no estaba preparada para semejante explosión.
Esto explica que hoy no haya medicamentos, clínicas ni médicos suficientes, ni espacios adecuados en las instalaciones, ni consultas médicas oportunas, y en cambio proliferen la desatención, la descortesía, los tratos despóticos y la indolencia absoluta de muchos funcionarios.
Como el Seguro no paga oportunamente las cuentas a hospitales y clínicas a donde remite a sus propios pacientes, ha dejado de cumplir con el margen de solvencia reglamentado por el decreto 882 de 1998, que obliga a las EPS a atender en el curso de 30 días sus compromisos con los proveedores de bienes o servicios, para no verse sancionadas con la prohibición de recibir nuevos afiliados, castigo que desde hace tres años pesa sobre el Seguro Social, con efectos desastrosos: el incumplimiento de los pagos tiene en estado de quiebra y en vía de extinción a otras entidades sanitarias, lo cual favorece el expediente de los sobornos para conseguir la agilizado de las cuentas, como sucedió en mala hora en la Clínica Shaio. Varios hospitales han tenido que cerrarse, como sucedió en Bogotá con el Lorencita Villegas y el San Juan de Dios, por insolvencia económica.
En el campo de las jubilaciones, el panorama no es menos sombrío. A cada rato oímos que las reservas se van a acabar, y que en el futuro cercano, si no se elevan los aportes, se aumenta la edad para tener derecho a la pensión y se imponen otras restricciones, vendrá la hecatombe. Esto no sucedería si los recursos se hubieran manejado en forma correcta.
Como en el renglón de la salud, los abusos, los fraudes, la malversación de recursos y la desidia del propio Estado produjeron el desbarajuste financiero. Hoy, para obtener el reconocimiento de una pensión, hay peticionarios que gastan dos y más años en estos trámites desesperantes. El Gobierno, que se dice abanderado de las clases trabajadoras, somete al ciudadano al vía crucis de la angustia, el hambre, el abandono, la enfermedad y a veces la propia muerte, por falta de eficiencia y sensibilidad social.
El flamante y desfigurado Seguro Social, con su propaganda populista, afirma que este derecho se otorga máximo en dos meses, y su presidente, doctor Fino, sale con frecuencia en un programa de televisión y recorre el país resolviendo los reclamos –desde luego favorablemente– de quienes le escriben contándole las demoras de la entidad. Lo que no muestra el funcionario son las numerosas cartas tapadas de quienes le escriben en las mismas circunstancias sin que sus reclamos salgan al aire.
Conozco el caso de una persona que llevaba dos años y medio tramitando su pensión y se había encontrado con tantas trabas y suplicios, que tuvo que acudir a una acción de tutela para conseguir ese derecho. También ese reclamante le había escrito al doctor Fino, pero su caso se ahogó entre los malabares de la televisión y la publicidad.
La inoperancia estatal suele causar desastres como los esbozados en esta columna. La ministra de Salud, Sara Ordóñez, se ha retirado por diferencias con miembros del Gobierno y por no estar de acuerdo con el nombramiento de la nueva superintendente de Salud. Esto agrava la crisis del sector y dibuja el desgreño administrativo a que se ha llegado.
Así, las instituciones y las mejores conquistas sociales, como ésta del presidente Ospina Pérez, se van a pique, como también ocurre con Cajanal y Caprecom, entre otras. ¿Dónde estará el líder que salve en el futuro (ya que el presente es de nieblas e incompetencias) esta calamidad pública?
El Espectador, Bogotá, 1-XI-2001.