Gustavo Páez Escobar

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

El Primer Simposio Nacional sobre los Derechos del Enfermo, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, fija diez puntos pri­mordiales que deben observarse, por médicos y centros hospitalarios, para hacer digna la condición del paciente.

Todo cuanto tienda a proteger la nobleza de la vida debe convertirse en afán prioritario de la sociedad. El enfermo es un ser disminuido en sus capacidades y mere­ce, por consiguiente, y sobre todo si ha llegado a un estado extremo de gravedad, que se le trate con esmero y la máxima eficiencia curativa.

Las clínicas y hospitales, que debieran ser las casas supremas de la sensibilidad humana, no siempre lo son. A veces se convierten en todo lo contrario: en centros inhumanos. Se sabe con frecuencia de enfermos graves que son rechazados por no llevar, en pesos contantes y sonantes, el depósito previo que se exige como requisito de admisión. Muchas personas mueren después de horas de espera y de súplicas inútiles. Y no ha valido ni la ofer­ta de cheques y fiadores ni la promesa de consignar más tarde el costo hospitalario.

El juramento de Hipócrates está devaluado en nuestros días. Lo borró el apetito mercantilista. El simposio que acaba de pasar, cuyo propósito es revaluar los principios éticos de la medicina, recuerda el derecho del paciente «a que en casos de emergencia, los servicios que reciba no estén condicionados al pago anticipado de honorarios».

El trato digno del enfermo va desde el buen recibo en la puerta de los centros de salud hasta el respeto por sus creencias y costumbres, que hacen parte de su personalidad y por consiguiente no pueden violentarse. Hoy, en este tráfago de la vida moderna, ya desapareció el médico de familia y nos convertimos en fichas de computador.

En los consultorios de la llamada medicina social, donde el galeno debe atender tantos pacientes por hora para mostrar cumplimiento de su contrato laboral, no hay diálogo y me­nos verdadero escrutinio científico. Los médicos caminan a marchas forzadas, y las enfermedades, por lógica, permanecen incuradas y además se degeneran.

Dos de las recomendaciones del simposio son la elección libre del médico y la comunicación plena y clara que debe existir con él. Estos puntos serán letra muerta, como lo han sido, para la masa indefensa de la población que ca­rece de recursos económicos y del privilegio de ser escu­chada y menos de elegir su consejero de salud.

Se avanza, de todas maneras, con este debate que bus­ca humanizar la medicina en el medio colombiano. Los pun­tos propuestos van todos ligados al honor del individuo, y algunos penetran en los tiempos modernos al determinar que la donación de órganos y la posibilidad de prestar el cuer­po para investigaciones científicas son actos voluntarios.

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Sobre el derecho a morir dignamente, se hace énfasis en el acatamiento que debe dispensarse a la voluntad del enfermo terminal de no prolongarle la vida con medios artificiales ni suministrarle drogas heroicas cuando el mal es irreversi­ble. Se consagra el libre albedrío «a morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el pro­ceso de la muerte siga su curso natural en la fase termi­nal de su enfermedad».

La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (apartado 88900, Bogotá), presidida por Beatriz Kopp de Gómez y que cuenta con destacado equipo de asesores, acaba de cumplir diez años de labores en Colombia. Sea esta la oportunidad de felicitarla por su permanente afán de elevar el sentido de la vida imprimiéndole decoro al desenlace final. «Cuando naces –dijo Confucio– tú lloras y nosotros sonreímos. Cuando mueres, nosotros lloramos y tú debes sonreír”.

El Espectador, Bogotá, 8-XI.1989.

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Comentarios:

He leído con mucho interés y agradecimiento a Salpicón refiriéndose a los “Derechos del enfermo” y al aniversario de diez años de fundada A.M.D. Sus artículos, como son tan difundidos, nos ayudan inmensamente. El foro resultó muy positivo y ahora lo importante es que los propósitos sean cumplidos. Creo que está en manos de todos nosotros hacerlos respetar, para beneficio de los pacientes. Beatriz Kopp de Gómez, Bogotá.

Esta columna plantea uno de los capítulos más dolorosos de la medicina moderna. El paciente es hoy un ser desprotegido en clínicas y hospitales, y a veces un caso raro que estorba la vida de las instituciones médicas. Y el médico, que vive más de los honorarios que del espíritu de Hipócrates, se ha deshumanizado. Muchos pacientes mueren por falta de dinero en el bolsillo para entrar a la sala de cirugía. Bien está que plumas doctas –y ya se ve que sensibles, como la del escritor Páez Escobar– se ocupen de estos menudos y gigantescos dramas de la humanidad. Alcides Romero Morales, Bogotá.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

De los recientes relevos en el equipo ministerial, la opinión pública no ha asimilado por completo el del general Manuel Jaime Guerrero Paz. Apenas ocho meses permaneció en el Ministerio de Defensa, tiempo demasia­do efímero para una posición que requiere mayor proyec­ción. Todo hacía presentir, sobre todo por el éxito de su desempeño, que llegaría hasta el final del período presidencial. Pero el señor Presidente resolvió sorpre­sivamente, dentro de su fuero constitucional –que desde luego hay que respetar aunque no siempre se entienda–, prescindir de los valiosos servicios del eficaz colaborador.

El general Guerrero Paz, a quien se le vino enci­ma la forzosa época del retiro de las filas militares, pasará a ocupar una embajada. La dorada diplomacia, que ni buscaba ni esperaba, parece que ahora lo atropella. Pero bien le servirá al país quien toda la vida ha te­nido como objetivo central la consagración a la patria. Se trata no sólo del militar pundonoroso en el más amplio sentido del término, sino del intelectual que ha sabido formar su inteligencia con el mismo celo con que enalteció su vida castrense.

Le correspondió, desde que fue comandante de la III Brigada en Cali, enfrentar delicados compromisos frente a la aguda violencia que hoy destroza al país. Fue víctima de la subversión, y jamás desfalleció en su misión ni en los mandatos de su hombría. «La patria está grave», fue frase angustiada que le escuchamos en momen­tos de perplejidad nacional. Más tarde, cuando apenas aca­baba de llegar al Ministerio de Defensa, se le hizo objeto de monstruoso atentado, del que por fortuna salió ile­so, aunque quedaron inmolados tres de sus es­coltas. Ese era el precio que pagaba por su servicio a la patria.

No ha resultado fácil contrarrestar la violencia co­lombiana. Se han intentado todas las estrategias posi­bles, desde la represión hasta el diálogo, y la guerri­lla continúa  sacrificando nuevas víctimas inocen­tes. Quienes han ocupado en estas duras jornadas puestos de mando –como el general Guerrero Paz– saben hasta qué punto hay que sacrificarse para salvar la democra­cia. El sacrificio llega a veces hasta extremos increíbles, sólo conocidos en toda su magnitud por quienes pagan con su tranquilidad las arremetidas del odio nacional.

Cuando vemos al general Guerrero, tras sus valientes y decididas campañas por la concordia nacional, entrar en el conquistado retiro de los héroes, sentimos cierto alivio. Duro paso éste, sin embargo. Es como desvestirse de todos los arreos del digno ejercicio de la milicia –que más se llevan en el alma que en el uniforme– para vestir, en el caso presente, los oropeles de la diploma­cia y la vanidad, tan divorciados con la manera de ser de este personaje descomplicado y cordial. Sus excelentes relaciones con los subalternos, con los periodistas, con la gente en general –matizadas de buen humor e inmejora­ble don de gentes– hacen lamentar, en el mo­mento más luminoso de su carrera, su llamada a la reser­va.

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La nación le debe mucho, para la conquista de la paz que algún día al fin nos alumbrará, al general Guerrero. Queda limpia su hoja de vida y enaltecido su nombre con sus múltiples demostraciones de patriotismo. Ha cumplido a cabalidad. Y puede, por consiguiente, disfrutar –con su esposa y los hijos– no ya el ocaso del general –que mucho demorará en llegarle–, sino la satisfacción del triunfo.

El Espectador, Bogotá, 7-VIII-1989.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Si no hubiera ingenuos, no habría estafadores. Con el cuantioso fraude de 4.000 millones cometido por los comi­sionistas bursátiles Julio Acosta Bonilla,  Guillermo Uribe-Holguín Piedrahíta y Juan Ricardo Escobar Bonitto, se pone de presente, una vez más, que es fácil jugar con el exceso de confianza de los ahorradores.

Estos señores de cuello blanco, socios de clubes y hábiles para realizar grandes transacciones de bolsa, lograron seducir mediante la ficción de los altos rendimientos a numerosos inversionistas que se van detrás de dos o tres puntos de diferencia sobre el mercado bancario y después lo pierden todo.

Por buscar ganancias donde no las hay, donde no puede haberlas –ya que el negocio bursátil tiene límites razonables–, corren riesgos peligrosos. Las  organizaciones fantasmas ensanchan sus dominios con el halago no sólo de mayores puntos de retribución sino con la evasión de impuestos.

Nunca los mercados clandestinos han sido garantía de seguridad. En una sola jugada, como en el campo de los tahúres, se entrega el resto. Esos dos o tres puntos fatales de la falsa ganancia son los que hoy, en la penumbra de la frustración, producen escozor, y hasta lágrimas y desespero, a los ilusos contribuyentes de la piratería nacional.

Parece que la experiencia no se obtiene en cabeza ajena. Estos asaltos a los bolsillos fá­ciles, tan repetidos y dolorosos en los últimos tiempos, ojalá los asimilen otros cándidos aho­rradores que por ahí existen, y se retiren de la mesa de la fan­tasía —la ruleta del azar— an­tes de que se produzca el zarpazo definitivo.

El Espectador, Bogotá, 22-VII-1988.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

El periódico El Tiempo contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta que se realizó en 22 ciudades grandes, medianas y pequeñas sobre la situación del país. Los re­sultados son reveladores de que las cosas andan mal, y muy mal en varios aspectos. Las encuestas modernas han demostrado alto índice de acierto y se han convertido en medio de referencia de lo que está ocurriendo y también de lo que puede ocurrir.

Siempre, para el gobernante, ha sido sabio escuchar la opinión pública. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, hay que saber lo que la gente piensa, siente, quiere y rechaza. Una gestión gubernamental, que de tiempo en tiempo suele equivocarse de rumbo, logrará enderezarse si atiende el termómetro del pensamiento ciuda­dano.

La reciente consulta no hace sino refrendar lo que se palpa a diario en los comentarios de prensa, en calles y tertuliaderos. Hay verdades tan de bulto que no requieren ningún descubrimiento especializado. Cuando el 78 por ciento de los encuestados dice que la situación del país es grave, se está reconociendo un hecho incontrovertible que nace de la ola de inseguridad, de ataques guerrilleros, de se­cuestros, de asesinatos, de desprotección de la vida.

Este 78 por ciento es un indicador dramático. Y para hacer más evidente el malestar popular, el 21 por ciento manifiesta que el país va regular. Apenas el 1 por ciento, o sea, un porcentaje despreciable, que parece vivir en estado de ingenuidad o de ignorancia absoluta, se atreve a encontrar buena nuestra torcida estrella de desastres. Aceptémoslo de frente: la nación está grave, está moribunda. Sólo se salvará si ocurre el milagro de una alta cirugía.

¿Qué hacer con la guerrilla?: es otro interro­gante que se ventila con el 60 por ciento inclinado a la mano dura; y cuanto se pregunta si son partidarios del diálogo, el 69 por ciento contesta que sí. Diálogo con firmeza sería la fórmula precisa. Aquí se condena la indecisión y se propugna una autoridad fuerte pero accesible.

El esquema gobierno-oposición tuvo enérgico rechazo con el 77 por ciento en contra. Un gobierno de partido en momentos en que se pide a gritos el diálogo y la unión de todos los ciudadanos para bloquear la rebelión, es lo menos acertado en la presente coyuntura.

Cuando el 94 por ciento pone su voto por la reforma agraria, y el 89 por ciento por la reforma urbana –índices apabullantes–, se expresa el hondo abismo de desigualdad social en que vive el país. La tierra, una de las mayores bases de la dignidad humana, es en Colombia patrimonio de las clases privilegiadas. Por eso, la nación está grave.

Se reflejan además otros deseos de los colombianos, como el del 58 partidaria del divorcio, del 53 por ciento del tratado de extradición, del 83 por ciento de la elección popular de gobernadores, del 95 por ciento –el porcentaje más alto– de la participación de los trabajadores en las empresas. Estos resultados declaran el grado de malestar que hoy sacude la vida colombiana.

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Es de sabios meditar en estas expresiones del pueblo, salidas de todas las capas de la población y de diferentes edades y niveles culturales, para buscar las medidas que hagan cambiar la opinión de los colombianos respecto al manejo del país. En esta encuesta el Gobierno sale derrotado con la calificación del 2.7 por ciento, o sea que no pasó la prueba.

Con todo, y como un grado de madurez de la opinión pública, el 71 por ciento de los encuestados ofrece su respaldo al Gobierno, no obstante el duro enjuiciamiento que hace de su gestión, como una voz de confianza en el imperio de las instituciones, pero para que se restablezcan la paz y la justicia social, que se hallan seriamente averiadas.

El Espectador, Bogotá, 15-VII-1988.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

A menos de dos años de puesto en marcha el programa Colombia Eficiente, así bautizado por el Gobierno en su propósito de inyectarle mayor dinamismo a la administración, los representantes del sector privado desisten de ese empeño por considerar que ha fracasado el plan. Mario Suárez Melo, de la Cámara de Comercio, Francisco Mejía Vélez, de la Andi, y Enrique Luque Carulla, de Fenalco, reconocen que han perdido la batalla contra la burocracia  inoperante.

Esto ya lo presentía el país. El público lo palpa a diario en sus contactos, menudos o de mayor entidad, con los despachos oficiales. Cualquier diligencia en el sector público, por simple que parezca, se torna enredada, fatigante, excedida. El Estado, que debiera ser modelo de rapidez y eficiencia, se ha convertido en un paquidermo indomable. Queda demostrado, una vez más, que la tramitomanía colombiana es patológica y que la vocación de servir –el mayor  atributo de la empresa particular– es flor exótica en los terrenos oficiales.

La lentitud,  la  desidia, la descortesía, el ánimo de com­plicar parece que fueran reglas de la burocracia. Hasta el trámite más elemental se hace pesado. Muchas veces hay que acudir al intermediario, el apéndice inevitable en esta maraña indescifrable, para sacar adelante un cometido. El ciudadano honesto, no acos­tumbrado a la indolencia y la ordinariez de empleadillos que ni saludan ni responden el sa­ludo, sale enfermo de estos re­cintos de tortura.

El eterno papeleo, o sea, el laberinto que haría desesperar al santo Job, es el mayor ene­migo de la eficiencia. Los for­mularios se reforman y se vuelven a reformar; los proce­sos se corrigen y se vuelven a corregir; los jefes están siempre en junta y los subalternos no se localizan en sus puestos de trabajo. En suma, la adminis­tración no marcha. Y el pobre contribuyente, que somos todos, choca contra esta muralla de ineptitud que pretendió superar el Gobierno con el concurso del sector privado. No todas las oficinas, desde luego, siguen el mismo derrotero, y en algunas, que son contadas, el sentido de colaboración es ejemplar.

Los ilustres renunciantes dicen que hay intereses creados para impedir el avance técnico que pretendieron implan­tar. La resistencia al cambio, que denuncian como creciente, desestabilizó la acción. Aparte de tratarse de una bu­rocracia renuente, está movida por hábitos y resabios tradi­cionales.

Para que el plan opere, como ellos mismos lo recomiendan, se requiere que toda la adminis­tración, comenzando por las altas posiciones, se compro­meta en la necesidad de hacer del servicio público una ban­dera social. Hay que sancionar a los funcionarios que entor­pecen la operación.

Pero no todo está perdido. Es preciso registrar los logros ob­tenidos por esta comisión de alto nivel en no pocas realiza­ciones. El mismo hecho de se­ñalar las trabas de su misión y de pedir mayor coherencia gubernamental es una manera de colaborar hacia el éxito de esta iniciativa que en modo al­guno debe descuidarse. El es­fuerzo fue grande y como con­secuencia de él queda una base firme para seguir sacudiendo la molicie de la empedernida bu­rocracia.

Si se tomara como modelo la organización dinámica de la Cámara de Comercio de Bogo­tá, entidad dirigida por uno de los asesores de la campaña deteriorada, Colombia sería en realidad eficiente.

El Espectador, Bogotá, 4-VII-1988.