Gustavo Páez Escobar

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Todo lo contrario de lo que comúnmente se afirma, que Co­lombia es un país de leyes, es lo que ocurre en la práctica: la ley no se aplica. Tenemos muchas normas, muchos códigos que se reforman y se vuelven a refor­mar, muchas sentencias de las Cortes, grandes estudios y de­bates jurídicos, demasiados doctores y, sin embargo, estamos desprotegidos de una legislación seria, clara, operante. El dicho popular de que la ley en Colombia es para los de ruana, o sea, una ley clasista, que por eso mismo deja de ser sabia y justa, no puede ser más evidente.

Los grandes delincuentes na­cionales, llámense Jaime Michelsen Uribe, Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa Vásquez o Abraham Gaitán Mahecha, todos pertenecientes a las altas esferas de las influencias y el dinero, quedan impunes. Para ellos no existe la ley. Su poder es superior a los códigos. La cárcel no se hizo para ellos. Si son detenidos, su ejército de abogados, siempre jurisconsultos de la mayor habi­lidad y expertos en transitar por este embrollo de normas jurídicas en que está convertido este país de leguleyos, los pondrán libres. La cárcel es para los de ruana, para el pueblo.

Y así, siempre con el socorro de los muy ilustres juristas que de­fienden a los criminales y la co­laboración necesaria de quienes en los juzgados o en las cárceles son los encargados de hacer cumplir la ley —figura difusa y de apariencia solemne—, la impunidad campea a ojos vistas por este territorio que permite los mayores delitos contra el bien ciudadano.

«Mientras Ochoa esté en Co­lombia, estará libre», fue la drástica censura, desde Miami, de Ana Barnett, asistente del fiscal federal, a propósito de la liberación de quien es conside­rado uno de los mayores delin­cuentes del mundo.

El embajador colombiano  ante  el gobierno norteamericano, Víctor Mosquera Chaux, califica de desobligantes los términos con que la Casa Blanca protestó por la liviandad de la justicia colom­biana. Esto es salirse por la tangente y tratar de contra­rrestar, con el desgastado sis­tema de encontrar malos tratos hacia nuestro país, el repudio mundial por esta derrota de nuestra ley.

Cuando al clérigo Gaitán Ma­hecha le fue dictado auto de de­tención, ya se sabía que no iría a la cárcel. Se suponía, como ocu­rrió, que se evaporaría como por arte de magia o que más tarde le sería cambiada la privación de la libertad por una fianza econó­mica. En Colombia casi todo se resuelve con dinero.

Y cuando un pez gordo, Jorge Luis Ochoa Vásquez, cayó en poder de las autoridades, todos juraban que se volaría de la cárcel o saldría, como salió, por la puerta grande de la impunidad. El poder del dinero corruptor es capaz, en este país de leyes, de comprar funcionarios, derrotar los códigos —esos que se reforman año por año y no sirven para nada— y abrir las cárceles más seguras.

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Ahora todos se lavan las ma­nos. En este juicio de inculpa­ciones  mutuas  se  gastará el tiempo necesario para que en poco tiempo el asunto haya sido olvidado. De las amenazas de severos juicios, las destituciones y las renuncias, no se pasará. Esta alharaca, tan tropical como inútil, terminará en lo de siempre: nada ha pasado.

Sigamos, por consiguiente, jugando al de­lito. Lancemos piedra contra los Estados Unidos —ese sí un país donde la ley es sagrada— para suavizar la ira nacional. Y seña­lemos al subalterno, y al subalterno de éste, como el infractor, como el único culpable, y de pronto mandémoslo a la cárcel, para reparar semejante afrenta contra nuestras pirámides jurídicas…  ¡Qué vergüenza, señor Presidente!

El Espectador, Bogotá, 6-I-1988.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

La humanidad se consume, en estas postrimerías de un siglo que pareciera empeñado en no dejar posibilidades de pasar al si­guiente, entre toda suerte de barbaries. Hacia cualquier parte a donde miremos, hallaremos depravación. Nunca el hombre había sido más perverso y san­guinario. Ni más irresponsable de su propio destino. El hombre quiere destruirse a sí mismo porque está hastiado de la exis­tencia. Está vacío de vida espi­ritual.

Muchas naciones del mundo viven en estado de guerra. Hay diversas maneras de estarlo. Unas veces son las armas las que al­teran la tranquilidad, otras las catástrofes de la naturaleza, otras la miseria. Hay conflictos de fronteras que mantienen en tensión a las naciones enfrenta­das. Se presentan hambrunas y epidemias que sacrifican miles de vidas humanas.

Y, como ocurre en Colombia, el surgimiento de las guerrillas, fenómeno de moda en varias zonas de América, busca destronar al gobierno de turno por otro que se anuncia redentor. En estos forcejeos por el poder se desangran los pueblos y quedan destrozos incalculables. Pero al hombre le gusta jugar a la guerra sin con­siderar las consecuencias.

La guerra no es signo exclusivo de la época actual. El mundo, desde sus más remotos orígenes, siempre ha estado en guerra. Y es que la violencia, el mayor las­tre de la humanidad, se anida en el corazón del hombre. La guerra, más que en las armas y en las bombas del desastre, está en la conciencia del individuo. El odio, la ambición, la envidia, el apetito de riquezas y poder —rasgos connaturales de la condición humana— son los motores que impulsan la animadversión co­lectiva.

La guerra ha sido la norma constante de este planeta con­vulsivo. Puede que algunos países sean más pacíficos que otros, pero todos, sin excepción, han padecido alteraciones en cual­quier período. Se calcula que sólo en el siglo XX han muerto en guerra alrededor de 100 millones de personas en el mundo. Esto sin contar los mutilados de por vida —una manera de morir lentamente— ni las familias desgraciadas que ya nunca con­seguirán, como consecuencia de aquellos estragos bélicos, la paz de la conciencia. Es otra manera de estar muertos.

Parece que los problemas del mundo, cualquiera que sea su magnitud, obedecen a la inca­pacidad del hombre de gober­narse a sí mismo. No se han en­contrado fórmulas maestras para la con­vivencia entre los pueblos y entre los individuos. Hoy se mata por cualquier cosa, como bien sabemos en Colombia. Hay países más civilizados donde aún se respeta la dignidad de la vida. En el nuestro, que a lo largo de su historia ha ensayado toda suerte de esclavitudes —desde la física de la Colonia hasta la actual de la disolución de clases y princi­pios—, la vida no vale nada.

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Nunca antes la seguridad del universo se había visto tan amenazada. Nunca Colombia había descendido tanto por los despeñaderos del atentado, del secuestro, del vicio y la degra­dación. Nunca el hombre había sido más torturador y más san­guinario. Estamos a un paso de la hecatombe. Ya están ensayados todos los sistemas, todos los su­plicios, todas las locuras. Sólo falta que la insensatez de la fiera oprima el botón de la destrucción total.

El Espectador, Bogotá, 3-XI-1987.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Ya no es alarmante que se quie­bre otra entidad financiera. El país se acostumbró a ver desaparecer, de la noche a la mañana, los dineros de miles de compatriotas que habían confiado sus capitales a la presunta seriedad de esos organismos y no previeron el momento de la catás­trofe. El Estado colombiano, pa­ternalista en muchos casos, y ne­gligente en la mayoría, ha entrado a auxiliar, naturalmente con los im­puestos nacionales, a los confiados inversionistas que habían creído en los controles fiscalizadores, o sea, en el mismo Estado.

Producido el descalabro, vienen los juicios de responsabilidades; juicios que por lo general sólo se ventilan en las páginas de los periódicos, ya que los inculpados quedan luego absueltos por la justicia o sólo reciben una pena mínima.

En esta cadena de defraudaciones quiebra también la Caja Vocacional, entidad con aliento eclesiástico, y monseñor se lava las manos. Le echa la culpa al gobierno de Belisario por no haber impedido el desastre. Con los periodistas se pone furioso cuando lo interrogan. Le molesta que se dude de la buena administración que ahora todos echan de menos. Monseñor Abraham Gaitán Mahecha es, como fundador y director de la Caja, pieza clave del engranaje ahora en ruinas. Pero no admite que se critiquen sus errores administrati­vos.

Responde en malos términos y con ánimo camorrista. Aleja a la prensa y se indispone con todos. Monseñor, que por su carácter eclesiástico de­biera mostrarse humilde y moderado, se ha convertido en un caso explo­sivo. Con su actitud enturbia la buena imagen de la Iglesia. Y el país, que no sale de su estupor, contempla indignado este episodio de arrogancia y belicosidad, insólito en un sacerdote, mientras las caravanas de ahorradores hacen cola en las cajas del Estado paternalista.

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Otro monseñor, el ilustre obispo de Pereira y presidente del Celam, muy amigo de la publicidad, se desmide en sus declaraciones públi­cas. La locuacidad no es buena con­sejera, y parece que monseñor Darío Castrillón, que posee buena prensa —el caso contrario a monseñor Gai­tán—, se ha dejado llevar por cierto entusiasmo y cierta ligereza en sus opiniones.

Cuando existe liderazgo, como lo tiene monseñor, hay mayor riesgo de incurrir en excesos verba­les. La notoriedad debe manejarse con moderación. El expresidente López Michelsen manifiesta que le ha perdido la fe a monseñor Castrillón. Esto es deplorable.

Recordará ahora el doctor López el episodio bochornoso para la ilustre dama pereirana a quien había nombrado como gobernadora de Risaralda y que no pudo posesionarse ante las pre­siones de monseñor, que argu­mentó como impedimento el de estar separada de su matrimonio católico, no obstante llevar una vida ejemplar en su segunda unión. El escándalo lesionó, en forma grave, la honra de la dama, y el capítulo quedó escrito como exceso inexplicable de quien se opuso al nom­bramiento presidencial.

El Espectador, Bogotá, 15-VIII-1987.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Vemos crecer en las principales ciudades colombianas, en forma aterradora, las más avanzadas téc­nicas del crimen organizado. En Bogotá, sobre todo, a donde con­vergen todos los caminos del país, la vida se ha vuelto angustiosa no sólo por ser la gran urbe de los sofocos y las desmesuras, consecuencia lógica  del gigantismo alocado, sino por tratarse del centro por excelencia del peor gangsterismo de la historia co­lombiana.

Conforme aumenta la población a pasos gigantes, se desbordan los problemas. Las autoridades capita­linas, impotentes para darle solución a este complejo de dificultades que nacen al influjo del progreso de­sacompasado —que por eso mismo deja de ser progreso—, miran des­concertadas cómo se multiplica la delincuencia y se reducen las posi­bilidades de la vida pacífica.

Aquí, más que en el resto de las otras ca­pitales, se ve más evidente la pobreza absoluta, esa que deambula por las calles entre harapos y hambres atrasadas, entre intemperies y fríos insoportables; esa que amanece todos los días entre cartones y con ojos dilatados de angustia y estupor; esa misma con la que nos tropezamos, aquí y allá, lista para el asalto y hasta para el homicidio, y que sin embargo es merecedora de un digno trata­miento social.

Es en estos bajos mundos donde se genera la peor hampa. El hambre produce delincuentes. Las desproporciones sociales son el mayor incentivo para las revoluciones. La falta de empleo y de oportunidades de progreso vuel­ven al hombre resentido y a veces sanguinario. Por eso el grado de ci­vilización de un país irá siempre en proporción al menor índice de mi­seria humana que tenga. Y Colombia, triste es admitirlo, dista mucho de ser una nación civilizada.

Hoy las calles de Bogotá, plagadas de vagos, de atracadores, de me­nesterosos y pistoleros, son la ra­diografía de un estado social vergonzoso. La subsistencia en la capital no sólo es azarosa sino tam­bién milagrosa. Se ha llegado a la realidad de que la vida no vale nada en nuestra me­trópoli voraz, la más insegura y la más violenta del país.

En cada calle, en cada esquina, en cada semáforo, tanto a pleno sol como en las sombras nocturnas, aguardará un peligro y acechará un malhechor. Hoy se mata por cualquier cosa: lo mismo por llevar dinero que por no llevarlo, y lo mismo por el simple roce callejero que por la palabra mal interpre­tada.

El robo del carro se comete en plena vía pública, metralleta en mano, y también en el garaje de la propia residencia. Se rompen los vidrios del automóvil para robar el equipo de música o el paquete que se ha dejado vistoso en el interior. Una vivienda se desvalija en minutos, incluso con muertos si no se controlan los nervios. Y todo queda impune. Nadie recupera nada.

En los barrios se conoce la presencia de bandas organizadas que merodean todos los días de todos los años, y sin embargo siguen campantes en su carrera de éxitos. A veces caen acribillados unos cabecillas y los periódicos sensacionalistas salpican sus páginas de sangre y exaltaciones morbosas. Mientras esto sucede y algunos ve­cinos alcanzan a sentir alivio, en otro sitio de la ciudad irrumpirá la banda que asaltará el banco, matará a los celadores y se llevará unos cuantos millones, para sus propios bolsillos o para la revolución en marcha.

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Las mentes criminales mantienen erizada la vida en nuestras ciudades. Están especializadas en toda clase de adelantos delincuentes. Bogotá es hoy la Chicago colom­biana que progresa a ritmo asombroso con soberbios edificios, avenidas frenéticas y deslumbrantes complejos habitacionales. Y es al mismo tiempo antro de criminales. Le sigue Medellín y otras van en turno. La violencia, violencia atroz y vestida de múltiples maneras, se apoderó de Colombia. El  ciudadano, un ser desprotegido que perdió la fe en la justicia y las autoridades, vaga amilanado por entre este vértigo de la falsa civili­zación que relegó al hombre al último lugar de la degradación humana.

El Espectador, Bogotá, 6-VIII-1987.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Las recientes alteraciones del or­den público en varios sitios del país, donde la ciudadanía se puso en pie de lucha por derechos elementales de la vida, dejan de manifiesto el estado de abandono en que permanecen al­gunos territorios. A las zonas dis­tantes y marginadas los recursos del presupuesto nacional llegan por cuentagotas y las obras de beneficio común, por eso mismo, caminan a paso de tortuga. De sus comarcas se acuerdan con afán los políticos en las campañas electorales, y se desen­tienden después de asegurada la curul.

En el Chocó, por ejemplo, se en­cuentra uno de los mayores índices de pobreza absoluta del país, término muy en boga en el presente Gobierno. Allí se carece de servicios públicos tan básicos como el agua, la electricidad y el alcantarillado, y no es extraño localizar los mayores fo­cos de enfermedades, desnutrición y analfabetismo. Sus habitantes, por resignados y desprotegidos, parece que hubieran perdido la capacidad de protestar.

Cuando sectores indigentes se levantan en paro, como ha ocurrido en varios departamentos, su clamor adquiere mayor resonancia. Es como si sus pobladores se quitaran de en­cima murallas de esclavitud, y en­tonces sus gritos de inconformidad se oyen en toda la nación. Los co­lombianos reaccionamos con presteza ante los desequilibrios sociales. Y cuando estas desproporciones se acentúan en la periferia, es mayor la solidaridad que cuando provienen de las grandes ciudades.

Colombia, que desde tiempos le­janos es un país con vocación cen­tralista, mantiene relegada a la  provincia, y sobre todo a la provincia de remota geografía. Se olvida fá­cilmente de los indígenas, los negros, los habitantes ribereños. El hambre de estas latitudes parece que no fuera colombiana. Las enfermedades, que son allí más dramáticas, se ignoran o se remedian con tardanza.

La carencia de servi­cios hospitalarios, centros de educación,  sistemas de recreación y mínimas condiciones de como­didad determina un permanente ánimo de insatisfacción hacia la patria y las autoridades, por parte de sufridos compatriotas que no se re­signan al maltrato sempiterno.

Estos episodios degeneran en pedreas, incendios y a veces en muertos. Epílogo doloroso cuando las súplicas se rubrican con sangre. Los paros cívicos, que se han vuelto recurrentes y en los que en ocasiones se nota la presencia de fuerzas ex­tremistas, terminan levantándose con la mediación oficial que ofrece soluciones para los diversos pro­blemas comunitarios. Cabe preguntar: ¿Por qué se dejan avanzar los conflictos hasta estos extremos? ¿Sí será fácil arreglar de un momento a otro esta acumulación de necesida­des?

Para prevenir tales desbordes ciudadanos, que representan sin embargo actos de legítima defensa, el poder central debe volver con mayor frecuencia sus ojos a las zonas olvi­dadas. Allí palpita el alma de la patria. El estilo general es dejar que las cosas se agraven, para luego tomar medidas.

Las grandes nece­sidades del país se atienden casi siempre a la fuerza, cuando ya han hecho crisis, y es aquí donde los go­bernantes deben ejercer el sentido de anticipación que supone el ejercicio del mando.

El Espectador, Bogotá, 13-VI-1987.