Gustavo Páez Escobar

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Hoy quedan pocos testigos de los sucesos que determinaron en el año 1903 la separación de Panamá como territorio colombiano. Los viejos sobrevivientes de aquella época no le perdonan al presidente Marroquín la entrega de esa zona estratégica para la comunicación interoceánica, bajo la presión de los norteamericanos, interesados en la construcción del famoso canal para su propio beneficio.

Surge así el sentido de lo que es la soberanía de las naciones, un sen­timiento espontáneo del individuo, tan respetable y en ocasiones tan pugnaz como el propio vínculo de la sangre. Las guerras entre países, a veces de nunca acabar, tienen por lo general su origen en las discusiones sobre la extensión geográfica. En el caso de Colombia frente a Panamá, capítulo candente de nuestra historia, lo que ha existido es un juicio de responsabilidades contra los gobernantes de la época. Pero el paso del tiempo se ha encargado de borrar cicatrices y hoy las nuevas genera­ciones poco saben —y parece que tampoco les interesa— de aquellos episodios de 83 años atrás.

Mucho contribuyen, para mantener la deseable armonía entre las repú­blicas, las personas que llevan la responsabilidad diplomática de los respectivos países. Hablemos de Panamá y concretamente de su embajador, el doctor Jorge Eduardo Ritter, que luego de fructífera estadía en Colombia por espacio de cuatro años, acaba de ser exaltado al cargo de embajador ante las Nacio­nes Unidas.

Entrañable amigo de Colombia, consideró, gobernado por su hondo espíritu bolivariano, que esta era su casa y así desarrolló su ponderable actividad de buena vecindad.

Fuera de lo que es la habilidad del diplomático, el doctor Ritter posee motivos poderosos para sentirse grato en nuestra tierra. No es la primera vez que ha residido en te­rritorio colombiano. Estudió en la Universidad Javeriana, donde se hizo abogado, y allí conoció a la dama colombiana María Isabel, con la que más tarde conformaría un hogar ejemplar. Sus nexos con Colombia no pueden ser más sólidos.

Su carrera pública, si bien vamos a extrañar su ausencia, no puede de­tenerse. Lo llaman responsabilidades superiores. Apenas con 36 años de vida, o sea, dueño de envidiable juventud, ya registra una trayectoria sobresaliente de servicios a su país, que se inicia como viceministro de Trabajo, luego secretario privado del presidente Royo y más tarde minis­tro de Gobierno. Con el general Omar Torrijos, su gran amigo, asumió ac­titudes de liderazgo en la vida pública. Por aquella época comenzó su amistad con García Márquez, otro indudable nexo co­lombiano.

Como hombre de cultura que es, mantuvo permanente contacto con nuestros escritores, poetas y artis­tas. Y para completar su identidad colombiana, su padre, el doctor Eduardo Ritter Aislan, fue también embajador de Panamá ante nuestro país en dos ocasiones.

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Una serie de circunstancias, en fin, que hacen deplorar su retiro. Pero nos congratulamos con su nueva distinción. Panamá contribuye así, con hombres de su categoría, a la hermandad entre países, que fue la mayor obsesión de Bolívar.

El Espectador, Bogotá, 16-II-1987.

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Misiva:

Unas líneas muy cortas para agradecerte las generosas palabras escritas en la columna de El Espectador. Desde luego no creo merecer la largueza del elogio que de nuestra gestión en Colombia haces, sino que las interpreto como una demostración de afecto que obliga a nuestra permanente gratitud. Algunos amigos nos habían hablado de esta columna pero jamás pensé que encontraría en ella tantas expresiones de cordialidad y cariño. Puedes estar seguro que lo reciprocamos de la única manera que sabemos: con un inmenso afecto y con un corazón agradecido. Jorge Eduardo Ritter D., embajador de la República de Panamá, Nueva York.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

El pronunciamiento que hacen los jerarcas de la Iglesia colombiana, reunidos en asamblea extraordinaria, hace meditar sobre los graves con­flictos de tipo social, político y eco­nómico que golpean la vida de la nación. Es preciso que el país entero, pero sobre todo las autoridades y los partidos, sobre quienes recaen las mayores responsabilidades, tome conciencia de que Colombia, para superar las agudas crisis de todo orden que afectan su estabilidad, debe tomar un rumbo opuesto al que lleva.

«Comprobamos con pesar el cre­ciente deterioro de la situación en lo social, en lo político y en el sentido ético-cristiano de la vida», expresan los prelados, para enumerar a con­tinuación los problemas más palpi­tantes de la hora y exigir del Go­bierno y los políticos medidas urgentes y eficaces para salir del atolladero.

Si el compromiso básico, que el Episcopado antepone a cualquiera otra consigna, es el del amor prefe­rente a los pobres, estamos lejos de interpretar las angustias de las capas más necesitadas de la población. Colombia se ha desentendido de los pobres por haber perdido su vocación cristiana. Aquí se notan, más que en la mayoría de naciones del conti­nente, para no hablar del universo, las hondas desigualdades que sepa­ran a los menesterosos de los ricos, y eso explica la atmósfera de malestar que reina en el pueblo.

De la injusticia social nacen casi todos los males y no es aventurado afirmar que la subversión armada, con sus secuelas del terro­rismo y el secuestro, es consecuencia de la ineficacia del Estado para adoptar verdaderas soluciones. El actual Gobierno tiene como bandera prioritaria la de combatir la pobreza absoluta, pero se encuentra empantanado entre enfrentamientos partidistas y esterilizantes discusiones de los más altos voceros de la nacionalidad.

Mientras tanto, las ideologías ex­tremas y disgregadoras avanzan y hacen carrera fácil en el sector educativo, que debiera ser la brújula maestra para la formación de las juventudes, y en las organizaciones sindicales, preocupadas más por acabar con las empresas que por conseguir auténticas conquistas sociales. Los atentados que en los úl­timos días se han repetido contra las instalaciones petroleras, con lesiones enormes para la economía de la nación y por consiguiente para la seguridad de los trabajadores, son crímenes de lesa trascendencia que sólo caben en mentes apátridas.

Colombia está convertida en una real encrucijada. Parece una jaula de animales furiosos y, sin que a nadie le faltemos al respeto, un patio de locos. Esta cadena de asesinatos, de secuestros, de flagrante terro­rismo demuestra hasta qué grado hemos descendido al nivel de las fieras. El enceguecimiento producido por la droga y la sumisión a toda clase de tropelías, por parte sobre todo de la juventud carente de guías morales, menoscaba la armonía de los hogares.

La angustia que produce el de­sempleo, fenómeno de veras insólito en este país con tanto potencial eco­nómico, le hace perder altura a la vida y reduce la dignidad del indi­viduo. No podemos ser libres si vi­vimos bajo la esclavitud de la deso­cupación o del empleo mal remune­rado.

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Pide la Iglesia con énfasis que los políticos pongan el bien de la patria por encima de los intereses partidistas. Condena el sectarismo como virus fatal. Insiste en el diálogo como medio idóneo para fomentar la concordia y desterrar los antagonismos. Los dos partidos tradicionales, gracias a cuyo ánimo de entendimiento se habían logrado acuerdos para salvar los grandes escollos del pasado, no se ha­blan. Están ausentes de la mesa de conversaciones, como si el enfermo no estuviera grave.

«La democracia —dice el documento de la Iglesia— está amenazada en Colombia por despotismos que avanzan». Aguda crítica, sin duda. Todo un cuadro clínico, en fin, lo suficientemente explícito, sobre el que debe meditarse con serenidad y elevados propósitos a lo largo del nuevo año.

El Espectador, Bogotá, 15-XII-1986.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

La campaña sobre mejoramiento de los servicios públicos ha desper­tado vivo interés en todo el país. Los colombianos nos hemos resignado a recibir malos tratos y sufrir la en­fermedad de la tramitología en cualquier gestión, por simple que sea. Frases como venga más tarde, el doctor está en junta, hay cincuenta solicitudes por delante, tal vez en un mes lograremos atenderlo, si no le gusta ¿por qué no retira los papeles?… son características de esta buro­cracia retardataria que no deja progresar a la administración pú­blica.

Debemos despertar del marasmo y darle un sacudón a la inoperancia oficial. Hay que destituir a los em­pleados abusivos y complicados. Es preciso corregir los sistemas obso­letos, eliminando las trabas y los pasos innecesarios, y enseñarles a los servidores públicos a ser corteses y accesibles para hacer de Colombia un país eficiente.

Veamos, como contribución a este empeño nacional, varios ejemplos del país negativo:

Paz y salvo nacional: En una nación vecina, un paz y salvo se despacha en 15 minutos. Aquí, después de dos horas de cola, se informa al con­tribuyente que debe presentar fo­tocopias de la declaración de renta de 3 o 4 años atrás; lo cual significa, aparte de perder el turno, regresar a casa para someterse luego a otra cola insufrible. Total, un día de padeci­mientos; y lo que es peor, muchas veces sin obtener el paz y salvo, ya que la misteriosa pantalla se empeña, por falta de actualización, en señalar tributos que no se deben.

Ventanillas bancarias: Cobrar un cheque o hacer una consignación representa, sobre todo en la banca oficial, enorme dificultad en esta era de las congestiones. Para colmo de males, en algunas de estas enti­dades parece que los cajeros, por su hosquedad y malas maneras, y desde luego por la carencia absoluta del sentido de servir, se hubieran espe­cializado en desterrar clientes.

Licencia de construcción: Ya vi­mos, por las publicaciones de El Espectador, el vía crucis que debe hacerse para obtener la licencia de funcionamiento de un negocio. Una licencia para construir, no ya el edificio sino la casa de habitación, demora en Bogotá hasta 6 meses. ¿Habrá alguna explicación válida para semejante parsimonia?

Documentos de identificación: La cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad demandan hasta 8 meses para formalizarse. Ser ciudadano en Colombia es un acto de resistencia.

Otras muestras dolorosas: Si usted viaja a cumplir una cita de negocios en otra ciudad, corre el riesgo de llegar con 2 horas de retraso, o al día siguiente, ya que Avianca, aunque no esté en operación tortuga, lo despachará con demora. Si usted solicita devolución de impuestos, le hallarán cara de asaltador del erario, y si le va bien, éstos le serán girados 10 meses después; si es deudor mo­roso, en cambio, el embargo del sueldo volará en jet. Si logra que lo pensione la Caja de Previsión, cualquiera que ella sea, prepárese para vivir 2 o 3 años sin recibir la primera mesada, ya que la entidad vive en quiebra eterna…

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Como antítesis de estos sacrifi­cios ciudadanos vale la pena hacer mención del espíritu de efi­ciencia y amabilidad que se dispensa en otros terrenos:

Pasaportes: El documento se ob­tiene de un día para otro y además son admirables la rapidez en los trámites, la cordialidad de los em­pleados y el engranaje de los siste­mas.

Telecom: La frase «Telecom une a los colombianos» no es simple pro­paganda. Se trata, sin duda, de una de las empresas más competentes del país.

Corporaciones de Ahorro y Vi­vienda: Se distinguen por el alto grado de cultura y simpatía de los empleados y la rapidez de sus ser­vicios. Son entidades que saben lo que vale el cliente y les dan ejemplo a algunos bancos, dominados por su permanente y bochornosa atmósfera de revuelta sindical, sobre cómo progresan los negocios con el in­grediente de la urbanidad y la buena atención al público.

El país está congestionado de normas kilométricas, contradictorias y confusas. Vivimos enredados entre formularios y tinterilladas. Las buenas maneras desaparecieron. No hay conciencia, en fin, del servicio público. Pero los buenos ejemplos son enaltecedores.

El Espectador, Bogotá, 2-XII-1986.

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Misiva:

Con gran satisfacción leí, como presidente de Telecom, la amable alusión que sobre nuestra empresa (la empresa de todos los colombianos), hizo su columnista don Gustavo Páez Escobar. Creo que la mayoría de los empleados públicos dedicamos todos nuestros esfuerzos y capacidades con el fin de prestar el mejor servicio posible a los usuarios. Sin embargo, en empresas de la magnitud de Telecom se presentan a veces fallas humanas o técnicas cuya corrección reclama con razón la opinión pública, bien sea por solicitud directa o a través de los medios de comunicación y aquí estamos para atender tales reclamaciones.

Pero como ya lo anotaba, señor director, es muy satisfactorio que también se reconozca el esfuerzo que se hace para ofrecer un eficiente servicio, por lo que deseo manifestar a usted y al columnista Páez Escobar los agradecimientos a nombre de los casi quince mil empleados que la­boramos en Telecom.

Emilio Saravia Bravo, presidente de Telecom.

Por: Gustavo Páez Escobar

En los inicios del actual Gobierno se ha apoderado de los altos funcionarios la fiebre recurrente de las reformas. ¡Al país hay que reformarlo!, era la consigna banderiza que se escuchaba como motivación fácil para con­quistar el favor de las urnas.

Para hacer más dramáticos los problemas, y sobre todo para acentuar la importancia de los reformadores en vía de asumir el mando, se decía, con el ardor propio de las contiendas electorales, que en Colombia nada funcionaba y por lo tanto era preciso modificar todas las estructuras. Las masas, que por naturaleza son ingenuas y sugestionables, siempre han prestado oídos alegres a las promesas mesiánicas.

Es lo que ocurre siempre en vísperas de los relevos gubernamentales. Sobre cualquier Go­bierno, por bueno que sea, nunca se pondera­rán, en las postrimerías de su gestión, los avances sociales o los aciertos de cualquier índole que tiene toda administración; y, por el contrario, en esos momentos de pasión política se le juzgará con dureza, con fuertes epítetos, con injusticia.

La gente, cansada en todos los regímenes del rigor de la vida dura, de la cascada de impuestos, de las carestías agobiantes, de los abusos del poder, y por eso mismo propensa al deseo democrático de ver caras nuevas en los carros oficiales, se ofusca, maldice, pide el cambio. Tal vez más adelante reniegue, otra vez, de los progresos que no llegan y de los alivios que no se sienten.

El lenguaje de las reformas es común en cualquier administración que comienza. Es raro el funcionario que al posesionarse de su despacho no anuncie reestructuraciones. Es un vicio nacional. En otros países se respetan los programas a largo plazo, hay sentido de la planeación, existe conciencia de las obras prioritarias.

En el nuestro la costumbre es despotricar del Gobierno anterior, desconocer sus méritos, interrumpir sus ejecuciones. Y se lanzan grandes ofertas de rehabili­tación; se esbozan obras gigantescas, sin sa­berse de dónde saldrá el dinero; se frena la marcha de contratos e iniciativas, y se llenan, en fin, páginas y más páginas con proyectos que se dicen ambiciosos y que significan la última palabra en la ciencia de conjurar todos los males.

Reformas, cambios, reestructuraciones. Son las palabras más usadas en la actualidad y de las que más se abusa. Nada de lo pasado sirve. ¡Hay que corregirlo! ¡Hay que desmontar todo un engranaje para que el país funcione! El esnobismo es la tendencia natural de la vani­dad. Para mostrarse, para aparecer como idó­neos, muchos funcionarios terminan dañando lo que marchaba bien y haciendo incurrir al erario en fuertes erogaciones.

Se comienza por la reforma agraria, se pasa a la reforma urbana. Los proyectos son débiles y no suscitan interés, pero la gente se distrae. Llega luego, de sopetón, la reforma tributaria, concebida en su peor momento y que produce revuelo en la opinión pública. Y ya están en fila la reforma petrolera, la reforma educativa, la reforma judicial, la reforma labo­ral, la reforma…

Apenas llevamos cien días del nuevo Go­bierno. Las montañas del papel reformador son impresionantes. No hay, desde luego, tiempo para digerir tanta letra veloz. Se trata de una moda, de una sicosis, de una fiebre peligrosa. Las leyes, para que sean sabias, deben ser producto de la reflexión, del sereno análisis de todos sus efectos, de la necesaria maduración de las ideas. Nunca de la precipitación han salido obras perdurables.

¿Qué quedará de todo esto? Dejemos que pase el ventarrón. Dejemos que los reforma­dores se sosieguen y los legisladores tengan tiempo para meditar. Ahora el humo opaca el horizonte. Confiemos, como colombianos opti­mistas y necesitados de avances sociales, en que se logre algo positivo de estas prisas triunfalistas.

Carta Conservadora, Tunja, 30-XI-1986.

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

He tenido oportunidad de cono­cer, por amable envío que me hace el periodista Alpher Rojas Carvajal, jefe de Información y Prensa del Departamento Administrativo del Servicio Civil, el proyecto de ley presentado por el Gobierno a con­sideración del Congreso, por el que se regula la administración de los em­pleados públicos al servicio de los departamentos, intendencias, co­misarías, municipios y estableci­mientos descentralizados del orden territorial.

Se busca extender la carrera ad­ministrativa a todas las entidades públicas, la que sólo rige ahora, con las deficiencias conocidas, para los empleados nacionales. Esta norma se promulgó por primera vez, para to­das las ramas de la administración, por medio de la ley 165 de 1938, pero no ha funcionado. Más tarde, por medio del decreto 1732 de 1960, se dispuso que la carrera abarcara a los departamentos y municipios, y tampoco se logró su efectividad.

Ahora se recogen disposiciones dispersas que contribuyan a mejorar la administración pública, haciéndola no sólo más ágil sino también más confiable. El primer paso consiste en formar una conciencia de superior servicio a la comunidad mediante la implantación de reglas modernas y técnicas, la selección y capacitación de los empleados y el señalamiento de pautas claras para permanecer en el cargo o ser descalificado de él.

Establecido el criterio de que la única condición para ser servidor del Estado es la de la aptitud y los mé­ritos, lo que anula el absurdo meca­nismo de las recomendaciones y los vetos políticos, estarían sujetos al régimen de libre nom­bramiento y remoción los altos fun­cionarios que de manera taxativa se señalan en el estatuto.

En esta forma habría no sólo mayor eficiencia en las oficinas públicas, eliminando los sobresaltos originados por el cambio gubernamental, sino que se brindarían las condiciones de estabilidad y bienestar para los sufridos y desprotegidos empleados de la masa.

La carrera administrativa es un paso civilizado que está en mora de darse. La pide la seguridad social del país. Y la rechazan los ca­ciques políticos. Los empleados ra­sos, sometidos al oprobio de cuotas económicas y la sumi­sión a sus patrocinadores, no cuentan con ninguna base de seguridad la­boral. Viven temerosos y amargados, expuestos como se hallan a quedar en la calle ante cualquier capricho de su tutor, y sobre todo por falta de éste cuando cambian las reglas de juego. En el momento el empleado público no necesita aptitudes ni requisitos morales, sino padrino.

Con padrino habrá ascensos, aunque existan deshonestidad y mediocridad. Sin padrino, o sea, sin tabla de salvación, por más honesti­dad y competencia que se posean, la suerte será negra. El manejo del país bajo tales prospectos no puede ser más desastroso.

Este proyecto de ley ha sido ma­durado por el doctor Diego Younes Moreno, jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, funcionario competente de quien se esperan resultados positivos en el manejo de su delicada misión.

El Espectador, Bogotá, 17-XI-1986.