Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Dice la revista Semana que en Cúcuta las autoridades crearon la primera funeraria para pobres del país, en vista de la gran cantidad de muertes violentas que se presentan en sectores de escasos recursos y que ocasionan a sus deudos serias dificultades económicas para atender los gastos del deceso. En el barrio Simón Bolívar, uno de los más pobres de la ciudad, los vecinos tuvieron que hacer una colecta para enterrar a una señora muerta por una bala perdida, cuyo funeral costaba $ 300.000. Lo mismo ocurre en otros barrios marginados.

Según estadísticas de la Policía, Cúcuta fue durante el año 2003 la tercera ciudad de Colombia con el mayor índice de muertes violentas. Los familiares,  ante la precariedad de sus recursos, se ven obligados a implorar en las calles, tanto en Cúcuta como en otras ciudades (porque el drama es nacional), la colaboración de la gente para enterrar a los muertos. Dentro de estos estados de extrema pobreza, muchos prefieren, con todo el dolor del alma, que los parientes abatidos en conflictos de sangre sean enterrados en la fosa común.  Ahora en Cúcuta existe la “Funeraria de los pobres”, donde por $ 40.000 se consigue el funeral, comprendiendo todos los gastos.

Este hecho obligó a otras funerarias a bajar sus tarifas, aunque no en niveles accesibles para los más necesitados. Desde mucho tiempo atrás, el costo de la muerte se ha vuelto exorbitante. Resulta más barato nacer que morir. Mientras más prestante o más adinerado sea el muerto, más cuesta su funeral. Por lógica, las funerarias que más se lucran son las que atienden los sepelios pomposos. Tal el precio que paga la vanidad social, cuyos efectos, por desgracia, se extienden a todos los estratos.

Recuerdo que en Armenia, hace dos décadas, el párroco del Espíritu Santo, padre Miguel Duque, practicó el mismo sistema para abaratarle a la gente pobre este costo desmedido. La fórmula consistía en que una cooperativa manejada por la parroquia atendía a precios módicos todos los conceptos funerarios, incluso el suministro del ataúd y la sala de velación. Por aquellos días escribí en El Espectador el artículo Morirse por cooperativa (20-VII-1983), donde exalté dicho procedimiento, que ahora pone en marcha el municipio de Cúcuta. (La de esta ciudad no es, por lo tanto, la primera “Funeraria para pobres”, como dice Semana).

Tulio Bayer, siendo médico rural en los municipios antioqueños de Anorí y Dabeiba, fue quizá el pionero de estos programas sociales. La violencia desatada en el país hace cincuenta años producía muchas muertes entre los campesinos de la región, quienes afrontaban las mismas angustias económicas que siempre han vivido las personas humildes en todas partes. En vista de lo cual, el médico Bayer hizo construir un ataúd comunitario para prestárselo a los pobres. Pasadas las exequias, los deudos devolvían la caja mortuoria para ser utilizada por otros campesinos. Esto implicaba que los muertos se enterraran sin ataúd, pero a precios ínfimos. Al fin y al cabo, el abrazo de la tierra llega lo mismo a todas las sepulturas.

En Coyaima (Tolima), Deogracias Bucurú, de 95 años de edad, compró hace dos décadas su propio ataúd, presintiendo su muerte próxima. Pero la parca no ha tocado todavía en su puerta. Este longevo previsivo, que piensa superar el centenario de vida en las mismas condiciones de salud de que ahora disfruta, viene prestando el ataúd a sus vecinos para que se eviten los costos usureros de última hora. La única condición es que se lo devuelvan después del velorio.

Estos casos ponen de presente, en primer lugar, la explotación de las funerarias frente a los duelos familiares, y en segundo, el sentido humano con que personas sensibles como las aquí aludidas (y otras que trabajan en silencio) buscan contrarrestar los abusos que se cometen en el trance final de la existencia. Merece destacarse el episodio reciente de Cúcuta como ejemplo de solidaridad humana que ojalá se imitara en otros municipios.

El Espectador, Bogotá, 23 de septiembre de 2004.

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Comentarios:

Apreciado Gustavo: magnífico tu artículo sobre las funerarias de Cúcuta. El maestro del artículo eres tú. Sin duda alguna. Me quito el sombrero. De verdad. Hernando García Mejía, Medellín.

Qué buen artículo, Gustavo, cómo lo disfruté al máximo como testigo que fui hace 20 años de las rebatiñas por la muerte como médico rural en Antioquia. Tu artículo es denuncia y poesía; excelente combinación de vivencias. Nicolás Trujillo. 

Por: Gustavo Páez Escobar

Mientras el Gobierno trata de encajar la economía dentro del 5,5% de la inflación proyectada para este año, hay renglones de la canasta familiar que, al registrar alzas exageradas, superan varias veces dicho límite. Tal sucede con una buena cantidad de medicamentos fundamentales que bajo la presión de la demanda presentan continuos cambios de precio y así mismo se vuelven inaccesibles para muchos bolsillos.

En esta carrera alcista influyen en alto grado las campañas publicitarias que las firmas productoras desarrollan a través de los medios de comunicación. El dinero que invierten en costosa propaganda termina pagándolo el consumidor, con un elevado ribete para los laboratorios. Estos trucos del mercadeo no los controla nadie, y siempre los paga el pueblo. Con la política actual, según la cual los precios se regulan por la ley de la oferta y la demanda, se cometen los mayores abusos.

La revista Carrusel, en su edición del 12 de marzo, presenta un cuadro dramático sobre esta dolencia de los colombianos. Entre otros casos, cuenta la historia de un diabético que debe consumir dosis diarias de Gliformin, de laboratorios Pharma, cuya caja de 30 pastillas sube en promedio dos mil pesos cada mes, y tres y cuatro mil pesos las cintas para glucometría, cada quince días. A este ritmo, ¿cuánto representan al año estas alzas progresivas? El argumento dado por algunos laboratorios en el sentido de que “el precio está dado por el mercado”, debería ser materia de revisión porlas autoridades, pues este camino conduce a la especulación.

La misma revista presenta situaciones como la de Nizoral, de laboratorios Janssen, que el 24 de noviembre de 2003 valía $37.720, y cuatro días después $46.000, lo que representa un alza del 22%. Totalizadas las alzas de los seis productos mencionados por Asocoldro dentro de la investigación adelantada por Carrusel, se obtiene un incremento promedio del 17% en pocos meses. Más de tres veces el tope inflacionario previsto para un año.

Los ejemplos se multiplican en la masa de los consumidores. Por ejemplo, una caja de 10 tabletas de Lipitor (10 miligramos), de laboratorios Pfizer, tenía un precio de $59.549 en junio de 2003, y pasó a valer $86.900 en marzo de 2004, es decir, 46% más; pocos meses antes ya había tenido un ajuste del 8%. La caja de Betaloc (50 miligramos) de 10 pastillas, de laboratorios AztraZeneca, tuvo en el mismo lapso un aumento del 28%.

En Lecturas Dominicales del 14 de marzo, el doctor Guillermo Maya Muñoz, de la Universidad Nacional de Medellín, ofrece juiciosas reflexiones acerca del campo tan controvertido de la libertad de precios, cuyo desmadre se ha salido de los límites tolerables. El articulista, que dirige su inquietud hacia los efectos nocivos que estas permisiones producen en la salud de los pacientes, formula esta pregunta: “¿Puede el mercado manejar los medicamentos?”.

Muchas medicinas indispensables para salvar la vida se volvieron artículos de lujo y solo pueden adquirirlas los ricos. Hay gobiernos que se preocupan más por proteger los intereses de los laboratorios que la salud del pueblo. Desde luego, el bolsillo de los pobres no tiene acceso a los medicamentos caros. La falta de políticas más congruentes y más definidas a favor de la población indefensa es la causante de muchas muertes, por carencia de recursos económicos de los pacientes. El tema no es de poca monta y bien vale la pena que se examine con la seriedad y la urgencia que imponen las circunstancias.

El Espectador, Bogotá, 1° de abril de 2004.

Por: Gustavo Páez Escobar

Ojalá la carrera de nuevas cargas impositivas, tan marcada en el actual Gobierno, se haya detenido, como parecen indicarlo las últimas noticias. Hoy el tono del Ministro de Hacienda, que en los comienzos de su administración se mostró muy vehemente en favor de la mayor tributación, se ha moderado. Nadie ignora que los impuestos son necesarios para adelantar los planes sociales y de seguridad nacional, pero cuando se vuelven excesivos o irreflexivos, y sobre todo cuando las más afectadas son las clases populares, se crea malestar social.

El proyecto que se pensaba llevar a cabo hubiera significado la cuarta reforma tributaria del gobierno Uribe en menos de dos años. Esto representa un desborde administrativo, y como tal, un despropósito. Una sola reforma tributaria debería ser suficiente para los cuatro años de una administración. Colombia ya no resiste más impuestos. Este clamor general se escucha a lo largo y ancho del país, y por fortuna se detuvo el ánimo alcabalero.

En la cumbre de gobernadores realizada en el municipio quindiano de La Tebaida, el Presidente expuso la idea de arbitrar un billón de pesos para el sector social, el que, dicho sea de paso, ha tenido poca atención en su gobierno, por destinar la mayor parte de los recursos a las operaciones militares contra la guerrilla. ¿De dónde saldría ese billón de pesos? De las clases pobres, mediante el gravamen del 2% a los productos exentos de la canasta familiar.

El nuevo IVA del 2% era parte de la reforma tributaria aprobada en el  2002, pero en septiembre del 2003 lo tumbó la Corte Constitucional por considerar que era inequitativo por afectar el bolsillo de los pobres. No obstante, el Presidente  volvió a insistir en este gravamen, desoyendo el clamor nacional e incurriendo en una lamentable terquedad. En esta ocasión fue el Congreso el que no le dio vía libre a la iniciativa.

Una carta publicada por El Tiempo el 29 de marzo, y suscrita por Magdalena Uribe, critica la incomprensible exageración del Presidente en esta materia: “Ha puesto impuestos por doquier. La salud está catastrófica y se cierran hospitales. La gasolina sube todos los meses. Un senador gringo dice que Uribe no se ha preocupado por lo social; solo por la guerra. Si al pueblo no se le dan empleo, salud, educación y vivienda digna, nunca se acabarán la guerrilla ni el paramilitarismo”.

Carta que refleja la inquietud social que en estos momentos se siente en el país. El pueblo está satisfecho con la seguridad en las carreteras y con los operativos contra la guerrilla (que han costado un dineral, salido en buena parte de anteriores tributos) y se resiente cuando se le imponen más sacrificios. Lo sensato es reorganizar la administración de los impuestos existentes para que produzcan más, y buscar otras fuentes de financiamiento.

Se sabe ahora, como solución milagrosa para los contribuyentes, que el nuevo proyecto de reforma tributaria se consumió por efectos de la desintegración del Pacto Político y el criterio del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que el país no requiere más impuestos durante este año y el siguiente. Que así sea.

El Espectador, Bogotá, 6 de mayo de 2004.

Por: Gustavo Páez Escobar

En la propia tierra del Presidente estalló el escándalo de los derroches oficiales. Esto representa una gran ironía dentro de la política de austeridad pregonada por el doctor Uribe. Este capítulo bochornoso sale a la luz pública al conocerse la compra, por parte de Edith Cecilia Urrego, gerente de las Empresas Públicas de Medellín, de una vajilla de noventa millones de pesos. En el lado opuesto de este despilfarro están las dificultades económicas que deben sortear miles de usuarios para pagar las cuentas de los servicios públicos, y el hambre física que sufren infinidad de familias por falta de recursos para subsistir. Según encuesta de Calidad de Vida, en el país hay 77.000 hogares donde alguno de sus miembros deja de consumir las tres comidas uno o más días a la semana.

Mientras tanto, sentarse a manteles en la empresa insignia de los antioqueños habría tenido un costo de dos millones de pesos por cabeza -si no se frena a tiempo el abuso-, sin contar el costo de las viandas y los licores, que la alegre funcionaria se proponía brindar en bandeja de plata a los miembros de la junta directiva e invitados especiales.

Rodrigo Sanín Posada, columnista del periódico El Mundo, bautizó como “la vajilla de la reina” el lujo exorbitante que se iba a pagar con dineros públicos. Y un corresponsal antioqueño escribe una carta a El Tiempo donde dice que “los mejores fríjoles que se han servido en las Empresas Públicas de Medellín los sirvió el exministro de Hacienda Diego Calle Restrepo en bandejas, platos y cazuelas de barro”.

Estas actitudes representan los polos contrarios de la vida colombiana en el manejo de los organismos oficiales: mientras el exministro Diego Calle hizo de las Empresas Públicas de Medellín la institución más respetable y eficiente del país, y al mismo tiempo mantuvo una rígida política de austeridad, la gerente de los tiempos actuales (y aquí habría que involucrar a la junta directiva y sobre todo a su presidente, el Alcalde de la ciudad) incurre en el exceso de la vajilla millonaria y de otros gastos estrafalarios.

En la misma tierra del Presidente estalla otro escándalo, esta vez en la cuenta de gastos reservados de la Policía. De ella se utilizaron once millones de pesos para banquetes, tres millones para licores y otros tres para pasabocas. Y además se pagaron esculturas, obras de arte, bolígrafos, relojes y joyas. ¿Quiénes fueron los destinatarios y cuáles las razones para ser favorecidos con estos obsequios? Es lo que falta aclarar. La sola caída del comandante de la Policía en Medellín no es suficiente para que la opinión pública quede satisfecha. ¿Cómo va a quedar satisfecha la ciudadanía cuando así se malgasta el presupuesto de las entidades?

Isabel Cristina Vargas, gerente de la Empresa Telefónica de Pereira, la que es  una dependencia de las Empresas Públicas de Medellín, compró con la tarjeta empresarial, como regalos para funcionarios y miembros de la junta directiva, artículos como hornos microondas y televisores. Por otra parte, ordenó destituciones irregulares de empleados antiguos, para vincular a personas provenientes de Medellín, amigas del alcalde Pérez Gutiérrez. Las indemnizaciones por este acto le representaron a la entidad 600 millones de pesos.

Otro funcionario cuestionado es el Alcalde de Medellín. Se dice que su alianza con el Concejo ha permitido la aprobación de grandes partidas para obras consideradas suntuarias o innecesarias, como las siguientes: la adquisición del hipódromo ubicado en Guarne, cuyo costo está calculado en 8 mil millones de pesos; el techo de La Macarena, las tres ciclorrutas y el cercamiento del Atanasio Girardot, proyectos que costarían 19 mil millones; construcción de la biblioteca temática de las Empresas Públicas, con un costo de 18 mil millones…

Sobre este proyecto opina Jorge Orlando Melo, director de la biblioteca Luis Ángel Arango, que no es sensato invertir esta suma astronómica en una biblioteca especializada que casi nadie va a ver.

Esta serie de derroches le dejan muy mal sabor al país. Ha estado de malas el Presidente, muy de malas, cuando sus propios paisanos quebrantan los códigos de la pulcritud y la austeridad para embarrar la imagen del Gobierno. En adelante, la “vajilla millonaria” se convertirá en símbolo de abuso y corrupción.

El Espectador, Bogotá, 27 de noviembre de 2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

Los recientes sucesos registrados en el Partido Liberal al retirarle el apoyo a su candidato a la Alcaldía de Bogotá y adherir a otro movimiento político, indica  la profunda crisis por que atraviesan las ideologías y los principios. Ante esta situación, el doctor Fernando Londoño Hoyos, ministro del Interior y de Justicia, manifestó que los partidos en Colombia están muertos y que “lo que no ha habido es un notario que levante el acta de defunción”.

Frente a las elecciones que se avecinan, no se necesita ser mago para adivinar que la mayoría de ganadores, comenzando por la capital del país, no serán los que representan a los partidos tradicionales sino los inscritos en movimientos independientes. Este panorama subsiste desde hace mucho tiempo. Me he acordado, a propósito, de un artículo que hace 23 años escribí en estas páginas y que pinta, con asombrosa exactitud, la misma realidad que hoy se vive. Impresiona esta dramática radiografía sobre la apatía nacional hacia todos los dirigentes de la vida pública. Dice así aquella columna:

Seamos sinceros. El país está cansado de los políticos. Nada nuevo le ofrecen, y menos le cumplen. En vísperas electorales se escuchan los más diversos planteamientos y los más halagadores. Pasada la algarabía de las urnas, todo queda lo mismo y a veces peor. Pero se había prometido el cambio total. Todo lo que el ciudadano tenía que hacer era abrir bien el ojo para no dejarse engañar. ¡Cuidado con votar por el candidato equis, que es godo! Los godos no dejan avanzar al país. Otra voz advertía: ¡Mucho ojo a los liberales! Son apasionados y por eso estamos como estamos. ¿No ven que López Michelsen fue una frustración nacional y Turbay Ayala nos pintó un paraíso y nos salió con un régimen de carestías? El de más allá exclamará: Belisario, que anunciaba educación gratuita y vivienda sin cuota inicial, tampoco hubiera cumplido. ¡Para eso se necesita el comunismo! Es el único que entiende los dolores del pueblo y que conseguirá el equilibrio social…

Pero el pueblo no cree. La palabra de los políticos está desgastada. Han pasado los tiempos en que se era conservador o liberal por familia, y acaso por ideas, para llegar a los tiempos presentes, donde los postulados de los partidos son letra muerta. ¿Habrá alguna diferencia en nuestro país entre ser liberal o conservador o comunista? Los hechos son los únicos que cuentan. Lo demás serán frases vanas e inútiles banderías. Y existe algo curioso, que debería alarmar a nuestros dirigentes: la inmensa mayoría del pueblo no tiene partido. A la gente le da lo mismo que gane el rojo o el azul, y ni siquiera le tiene miedo al comunista, que antes era símbolo del terror.

Gastan el tiempo nuestros líderes incitando las pasiones sectarias de un conglomerado amorfo y apático que sólo cree en la causa del estómago. Con el estómago vacío, y los hijos sin educación, y la familia sin techo y sin salud, no se puede pensar en colores. El hambre es negra. Dejen, pues, los políticos de esforzarse en zumbones discursos que a nadie convencen y acuérdense que al electorado sólo lo conmoverán las causas grandes. No le hablen con lenguaje demagógico, porque éste se volvió intraducible.

El pueblo recela de quien habla mucho en las campañas, porque se acostumbró a la charlatanería política, o sea a las mentiras sociales. Lo mismo en el panorama nacional que en el marco de la provincia, el verdadero político es el que hace obras. No le interesa que sea conservador o liberal o socialista. Los electores buscan gente capaz, gobernantes honestos y progresistas, y al no encontrarlos, se abstienen.

El maestro Echandía, un filósofo de las ideas liberales, se avergüenza del liberalismo colombiano. Los más enardecidos de la política de su partido estrellan contra él guijarros de todas las dimensiones y lo condenan por blasfemo. Pero ha dicho la gran verdad colombiana (que actualiza hoy, 23 años después, el doctor Londoño Hoyos, del partido contrario), verdad común a los dos partidos, porque las banderas de auténtica transformación social de nuestras colectividades están recogidas. Se necesita quién las agite, pero sobre todo quién convenza a estas inmensas legiones de gente descreída.

Cosa seria le está sucediendo a nuestra democracia cuando no vota siquiera la mitad de los electores. La representación popular está ausente porque no consigue quién la conmueva. Entre tanto, quiérase o no, no hay quórum en Colombia.