Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Comienza otro año con miles de hogares destrozados por la ausencia de sus seres queridos. Muchas de esas personas murieron en manos de la guerrilla, y sobre otras nunca se ha sabido, ni se sabrá, si están vivas o muertas. Desde 1997 han sido secuestrados 17.000 colombianos, lo que representa un promedio de 2.800 por año, 300 niños entre ellos. Entre los años 2001 y 2002 las estadísticas muestran que no existió ninguna variación notoria: durante 2002 se reportaron 2.986 plagiados. Hoy siguen en cautiverio alrededor de 2.000 personas, algunas con más de cinco años de esclavitud. Estas tragedias fantasmales hacen helar la sangre y estremecer el corazón.

El drama del secuestro toca la fibra más sensible del país. Se le considera, junto con el problema de los desplazados, la calamidad más grave del continente. Nunca podrá comprenderse la absoluta falta de sensibilidad humana de los autores de esta barbarie, que los sitúa en el nivel de las fieras. Aunque no: las fieras matan de una dentellada, pero no torturan. No tienen hígados para tanto. En cambio, los monstruos contemporáneos se complacen con la crueldad y se sacian con el dolor ajeno.

Hace ocho meses no se reciben pruebas de supervivencia de Íngrid Betancourt. De todos los políticos secuestrados, es ella la que más campañas ha librado por la suerte de los desprotegidos. Su libro La rabia en el corazón es la denuncia más valiente que se haya producido en los últimos tiempos contra la corrupción política y la injusticia social. ¿Por qué, entonces, la tienen secuestrada? ¿No dicen los insurgentes que ellos luchan por las causas populares? Su esposo le dice en un mensaje por la prensa: «Yo sé que ahora estás en un horno muy caliente y que las otras dificultades por las que hemos pasado no son nada comparadas con eso que estás viviendo».

El cabo Carlos Marín es uno de los 22 militares que continúan secuestrados después de 54 meses de cautiverio. No conoce a sus hijos gemelos, y ellos comienzan a entender y sufrir el drama. Serán con el tiempo, sin duda, seres lesionados por la guerra. Guerra fratricida que está engendrando las almas desadaptadas del mañana. Lo único que se sabe de Teresa Castellanos de Figueroa, que fue sacada de un hotel de Valledupar hace año y medio, y que padecía de artritis severa, es que ha perdido 30 kilos y se mantiene con los pies ampollados por causa de sus constantes desplazamientos por el monte.

Carmenza pasó la segunda Navidad esperando el regreso de su esposo y de su hija Natalia, de 17 años, secuestrados hace año y medio. Dacheira Cifuentes hace dos años que no ve a sus abuelos en poder de la guerrilla, y esperaba tenerlos en casa en la Navidad pasada. Como esto no ocurrió, la esperanza se trasladó para este año… «Completamos –dice Héctor Angulo– 983 días sin tener una sola prueba de supervivencia de mis padres, retenidos por las Farc desde el 19 de abril de 2000».

Similar tiempo de retención lleva el senador Luis Eladio Pérez. Seis meses después del secuestro, en diciembre de 2000, su esposa recibió de él la última carta. Sufría serios problemas de salud y su familia ignora qué había podido ocurrirle en tanto tiempo sin atención médica. Como él, son más de veinte los políticos en poder de la subversión.

Entre ellos están el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y Guillermo Echeverry, ex ministro de Defensa, retenidos en abril del año pasado; Fernando Araújo, ex ministro de Desarrollo, en diciembre de 2000; Ancízar López, ex gobernador del Quindío, el 11 de abril de 2002; Jorge Eduardo Gechem, hace un año, sobre quien no se ha recibido una sola señal de vida.

En algunos casos de políticos no ha faltado la información. Quizá sus captores son más humanos (corrijo: menos perversos) y han permitido las despiadadas pruebas de supervivencia. Esto ocurre en relación con Óscar Tulio Lizcano, ex congresista secuestrado en Riosucio hace dos años y medio, quien en carta a su familia manifiesta que «ha pasado hasta ocho meses sin que nadie le hable, ha sufrido leshmaniasis, paludismo y graves infecciones intestinales, sin tratamiento médico».

Esta Colombia martirizada que agoniza con cada uno de los secuestros que se perpetran a lo largo y lo ancho del territorio, sin que las autoridades sean capaces de reprimir tanto salvajismo y tanta impunidad, es el infierno que desde años atrás vivimos con horror y que les vamos a dejar a nuestros hijos. A los colombianos de esta era nos correspondió el peor país de todos los tiempos. El holocausto de Hitler era racial. El nuestro es de exterminio absoluto de la condición humana y la dignidad del hombre, sea éste blanco o negro, rico o pobre, intelectual o ignorante.

¡Cinco y más años de cautiverio en el monte! ¿Se sabe lo que esto significa para el secuestrado, su familia, el país entero? Ha vuelto a hablarse en estos días del intercambio humanitario, figura que, ante la impotencia del Gobierno para liberar a las víctimas, debe adoptarse como fórmula salvadora de tanta desgracia humana.

El Espectador, Bogotá, 6-II-2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

El rico, el pobre, el anciano, el niño, el político, el ministro, el alcalde, el policía, el estudiante, el sacerdote, el comerciante, el ama de casa, el ciudadano común, todos en Colombia somos secuestrables. Más aún: somos ciudadanos de desecho. Se secuestra lo mismo al gobernador de Antioquia, al ex ministro de Defensa y a la candidata presidencial, que al humilde campesino, al chofer asalariado y al desprevenido transeúnte de la carretera.

Quien caiga en la trampa, posea o no capacidad económica, es materia de comercio. En Colombia hay dos desaparecidos diarios, de todas las edades y todas condiciones sociales. Nadie vive en paz, porque la inseguridad se adueñó hace mucho tiempo de la vida cotidiana.

Esto parece una feria pecuaria, donde la mejor res es la que tiene mayor precio, pero a todas se les puede sacar alguna utilidad. Explotar el dolor es negocio rentable. Y negociar la vida, por más indigno y degradante que sea, suele ser la única manera para sobrevivir. Así se estimula la industria del secuestro, cuando lo que se busca es terminarla. Por las carreteras, que ahora trata de recuperar el presidente Uribe, se transita  con miedo. Por las calles urbanas, con pavor. El pánico se apoderó de la vida nacional. En cualquier vuelta del camino puede aparecer el lobo.

En ciudades y pueblos se vive expuesto al zarpazo sorpresivo, a la explosión o la bala. Si se mata por cualquier cosa, también se secuestra por cualquier cosa. La vida no vale nada. Es tanta la proliferación de este delito, que hasta los familiares se olvidan del pariente en desgracia. En las poblaciones se pierde la memoria de las personas retenidas, y a veces muertas en el paraje menos pensado. En alguna forma, nos hemos embrutecido.

El Tiempo publica todas las semanas una lista de los desaparecidos, recientes y antiguos (y muertos, por qué no), con las fotos de las víctimas y la narración de las circunstancias que rodearon el suceso, para que la gente ayude a localizarlas. Esto parece el muro de la infamia.

Sobre Ancízar López, ex gobernador del Quindío y ex presidente del Senado, no se ha vuelto a saber nada, si es que alguna vez se supo algo cierto en el largo tiempo que lleva secuestrado. El padre Gabriel Arias, destacado miembro del clero quindiano, salió por los caminos azarosos a negociar con los plagiarios la libertad del otrora poderoso cacique de la región, y lo mataron. Nadie sabe si quienes retienen al político y hacendado (o ya lo mataron) son guerrilleros o delincuentes comunes.

Tal vez el único que lo sabía era el intrépido mediador eclesiástico, y por eso lo silenciaron: para que no hablara. La vida no vale nada: ni para el preso en la espesura del monte, ni para el que va a liberarlo.

¿Hasta qué extremo hemos llegado? ¿Qué maldición cayó sobre el suelo de Colombia? ¿Por qué esta desgracia apocalíptica? ¿Cómo aceptar tanta muerte y tanta impunidad? Pero hay que admitir que llegó un Presidente valeroso, dispuesto a jugársela toda, a emplear las armas legales y el imperio de la autoridad, y a quien no le tiemblan la mano ni el espíritu para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El país respira ante esta luz de esperanza, pero sabe que falta mucho camino por recorrer para alcanzar la paz. ¿Podrá esperarse que los subversivos comprendan que deben ponerle término a su acción demencial?

En estos días ha vuelto a hablarse de la ley de canje como medio para que cesen los ataques guerrilleros. Es fórmula controvertida y peligrosa, porque perpetuaría el secuestro. Podría intentarse con fines humanitarios y por una sola vez, sobre la base de que no se permita la libertad de delincuentes condenados por delitos de lesa humanidad. Las armas enfrentadas no lograrán nunca la paz. Cuando de por medio hay problemas sociales y aparentes conflictos insalvables en las dos partes, las vías de la solución las da el diálogo.

Diálogo que se agotó en el pasado gobierno y que ojalá volviera a abrirse en el actual, si la guerrilla acepta las condiciones que fija el Presidente. De no ser así, seguiremos en guerra. Seguirán los secuestros y las asonadas. Ojalá algún día, con el concurso patriótico de todos, llegara a desterrarse el concepto de que la vida no vale nada, y pudiéramos decir: ¡Vale la pena vivir en Colombia!

El Espectador, Bogotá, 30-I-2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

El hambre se volvió apocalíptica. Los estragos que produce en el mundo son superiores a los ocasionados por la epidemia de la peste negra, que entre mediados del siglo XIV y comienzos del XV, y sobre todos entre los años 1347 y 1351, sacrificó la tercera parte de la población de Europa Occidental. En varias ciudades quedaron testimonios sobre esta hecatombe terrífica. Thomas Mann, en su novela La muerte en Venecia, pinta el drama con abrumadora nitidez, como para que la humanidad aprenda a meditar sobre las grandes catástrofes.

Pero los destrozos de la peste, que azotaron Asia y Europa durante cincuenta años y luego se extinguieron, resultan menos intensos frente a la devastación causada por el hambre en el planeta entero y durante muchos siglos, con una saña que crece todos los días y no da señales de querer detenerse.

Según revelaciones de la FAO, el número de hambrientos en el mundo pasó de 800 millones en 1996 a por lo menos 1.100 millones de hoy (el 20 por ciento de la población mundial). En sólo África hay 28 millones de personas en riesgo inminente de morir por inanición. En Lesotho, que supera los dos millones de habitantes, la quinta parte no tiene esperanzas de sobrevivir. En Angola desaparecerá un poblado completo. En una aldea de Zimbabue las comidas se limitaron a tres veces en el curso de siete días, por no haber llegado el camión con alimentos de la ONU.

«Desde hace una semana mis cuatro nietos sólo comen calabaza una vez al día», dice una anciana desesperada. En igual situación se encuentran otros pueblos africanos que por la pérdida de sus cosechas de trigo carecen de reservas de comida, y cuyos habitantes caminan hacia la muerte lenta y atroz en el año 2003.

En Centroamérica la sequía y el hambre acosan a 8,6 millones de habitantes. Las pérdidas agrícolas producidas por los desastres naturales han liquidado los depósitos de alimentos, lo mismo que en África y en otras latitudes del mundo, y mantienen a grandes núcleos de población en angustia permanente. Allí las principales víctimas son los niños menores de cinco años, que viven entre la desnutrición crónica.

En El Salvador, el 23 por ciento de los niños padece de desnutrición; en Nicaragua el 33 por ciento, en Honduras el 38 por ciento, en Guatemala el 48 por ciento. En el mundo hay 6,6 millones que mueren todos los años de física hambre. Son niños tristes y famélicos que han perdido el gusto por la vida y que carecen de fuerzas para caminar y asistir a sus clases. Todos los días se extinguen en su pleno germinar estas vidas infantiles que brotaron para sonreír durante un instante y luego desaparecen.

En América Latina el número de hambrientos llega a 46 millones y los pobres a 211 millones. En Colombia hay 28 millones de personas en extrema situación de pobreza, y muchos apenas tienen posibilidad de ingerir una comida al día. El 64 por ciento de los habitantes vive con menos de dos dólares diarios.

El estado de la mendicidad se acentúa cada vez más en el país con las caravanas de desplazados, corridos por la violencia, que en forma incesante llegan a los centros urbanos con sus pequeños hijos a cuestas y sin recursos para subsistir. Esta tierra fértil, de eminente vocación agrícola, sufre también de hambre, en grande escala, porque el terrorismo mantiene asolados los campos.

Con cuánta propiedad se refiere Gabriela Mistral al hambre colombiana, y en general al hambre mundial, en carta de 1941 (que parece escrita para nuestros días) dirigida al Club Rotario de Bogotá, la que comenté en reciente artículo sobre la gran protectora de los desposeídos, cuya denuncia no sobra repetir,  para que repercuta en los oídos de gobernantes y legisladores: “Lo único válido es una liquidación de la hambruna, la desnudez y la ignorancia populares. Y cuando digo aquí ‘desnudez’ tengo en los ojos la carencia de casa y vestido, es decir, la falta de algodón sobre el cuerpo y la escasez de habitación humana».

El Espectador, Bogotá, 23-I-2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

Si se hiciera realidad el proyecto del Gobierno de congelar por la vía del referendo, durante los años 2003 y 2004, las pensiones de jubilación del sector público que superan la suma de dos salarios mínimos ($618.000), se daría duro golpe a esta población. Al rebajar los derechos adquiridos y desconocer los principios de la igualdad y la justicia social, la norma se convertiría en antecedente peligroso y funesto para ejecutar en el futuro actos de igual o peor naturaleza.

Si bien debe aceptarse que para solucionar los graves desajustes financieros que registra la nación es preciso adoptar medidas severas, no resulta razonable que se lleve el rigor hasta el punto de cercenar los sufridos recursos que representa la pensión de jubilación.

En países de verdadera sensibilidad social –y Colombia está muy lejos de tener esa honrosa distinción–, la tercera edad recibe el mejor trato de las leyes tributarias y la mayor consideración de la ciudadanía. Allí esa persona goza de especiales servicios del Estado en los ramos de la salud y la vivienda y se le concede una serie de privilegios y exenciones de hondo sentido humano. Hasta para atravesar una calle, el transeúnte de la tercera edad obtiene preferencia.

Aquí es un ciudadano de tercera categoría (exceptuando a los privilegiados que gozan de las irritantes prebendas que los Gobiernos les han permitido). No es justo que el pensionado tenga que aportar para salud el 12 por ciento de su mesada, cuando antes de jubilarse sólo pagaba la tercera parte de la tarifa, y el resto el patrono. Resulta inconcebible que además se le quiera fijar una tabla de retención en la fuente.

Parece que con estos recortes se quisiera cobrar a los más débiles del sistema los descalabros ocurridos por imprevisión, tolerancia o ineptitud oficial, situación que a lo largo del tiempo ha permitido la realización de incontables delitos contra el fisco, abusos y excesos inauditos (como ocurre con los regímenes especiales y las pensiones exorbitantes).

Hoy, cuando el mal hizo crisis, se acude a métodos desenfocados como el que se pretende implantar. Teniendo en cuenta el desacierto de esta fórmula discriminatoria, cabe esperar que se le declare inconstitucional por violar el principio de la igualdad y disminuir la capacidad adquisitiva. En el anterior Gobierno, cuando el ministro de Hacienda decretó la congelación de los salarios estatales, la Corte Constitucional hizo revocar dicha medida por infringir los derechos antes señalados.

Por vía de ejemplo, y suponiendo una inflación del 6 por ciento para cada uno de los años a que se refiere el proyecto, veamos lo que sucedería con una pensión de $618 mil (que aumenta con el índice de la inflación), y otra de $ 619 mil (que permanece congelada). La mínima diferencia de mil pesos, que beneficia al primer caso y perjudica al segundo, permite que la pensión inferior le tome buena distancia a la mayor, sin modo de corregir este adefesio en el futuro, ya que el incremento perdido se vuelve irrecuperable.

En esta hipótesis, la pensión menor sube a $694 mil en el segundo año, lo que determina una ventaja de $75 mil sobre la que era superior. Y como la pensión castigada se reduce mucho más con el deterioro monetario, su capacidad adquisitiva en moneda del año 2004 (aplicado el 12 por ciento de inflación) no será de $619 mil sino de $545 mil.

La cuota tributaria de esta pensión –o sea, lo que dejará de percibir– representa en los dos años $891 mil (casi mesada y media), cifra con la que el ciudadano discriminado remediaría no pocos apremios económicos. Si cada persona excluida del aumento hace su propia cuenta, sabrá cuál sería su sacrificio y de qué manera disminuiría el modesto nivel económico que había alcanzado luego de largos años de servicio público.

No es justo ni sensato el propósito de remediar penurias fiscales recortando los derechos adquiridos. Las numerosas cuotas impositivas con las que se busca taponar la crisis financiera, y que mantienen a los colombianos en estado de perturbación, con el consiguiente desafecto que crece hacia el Gobierno y los legisladores, no pueden llegar hasta el extremo del despojo, vocablo apropiado para calificar la merma pensional que trata de cometerse contra indefensos ciudadanos.

El Espectador, Bogotá, 16-I-2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

Independencia y equilibrio: con estas palabras sintetiza el nuevo director de El Espectador, Ricardo Santamaría, lo que será su desempeño al frente del periódico. El profesionalismo y entusiasmo que lo acompañan, al igual que los claros objetivos que se traza al asumir su delicada tarea, permiten esperar que la nueva etapa de este «periódico centenario con mentalidad joven» –como lo llama– será exitosa.

El editorial del primero de este mes, donde el doctor Santamaría anuncia su llegada a la casa ancestral, está escrito con «independencia y equilibrio», según se desprende de los enfoques certeros con que analiza la accidentada vida de El Espectador, y de los firmes criterios con que desempeñará el reto que ha aceptado.

Entendida dicha responsabilidad como una función de interés público, hecho que se deriva de la respetable tradición que exhibe el periódico, trabajar en él, y sobre todo dirigirlo, significa servirle al país desde esta el triibuna de amplia audiencia nacional y de nítida estirpe republicana. En el pasado reciente, por causas bien conocidas, el diario entró en período crítico, que impuso el severo ajuste de cifras y la planeación de nuevas estrategias, lo que determinó que la edición escrita saliera sólo los domingos, y que el resto de la semana se difundiera por internet, sistema que cual cada día aumenta más el número de visitantes, tanto en Colombia como en el exterior.

El éxito de esta operación ha sido ostensible: la edición dominical duplicó los lectores en el último año, hasta coronar la cifra récord de 823.800 personas –resultado que hay que reconocerle al editor general y director encargado, Fidel Cano Correa, lo mismo que a su equipo de colaboradores–. El estado financiero se encuentra en franco camino de recuperación, que permitirá en un futuro no muy lejano, como es la meta del director entrante, que el periódico vuelva a ser diario.

Salvadas las cifras, El Espectador puede cantar victoria sobre sus reveses pasados. Si en algún momento llegó a pensarse que iba a desaparecer, este peligro ha quedado conjurado. En toda ocasión, incluso en las crisis más agudas que ha tenido que sortear –tanto en el orden económico como en los cruciales atentados y en las aleves persecuciones de que ha sido objeto a lo largo de su historia–, siempre ha protegido los mandatos tutelares que justificaron y explican su existencia: libertad de pensamiento, defensa de los derechos humanos, lucha contra los abusos públicos, la deshonestidad y la corrupción.

La independencia no se conseguiría si los dueños de la publicación la coartan.  Por fortuna, el Grupo Bavaria ha mantenido la sana política de no interferir el manejo libre, por parte de los directores, de las políticas editoriales. Desde luego, no podría lograrse la sanidad financiera, que hace imposible la vida de las empresas, sin el acertado ejercicio económico y administrativo. El equilibrio de que habla el doctor Santamaría puede entenderse en dos sentidos: en la correcta disposición de las cifras (campo del directo resorte gerencial) y en la mesura y reflexión, no carentes de claridad y firmeza, con que él se propone actuar en el terreno periodístico.

Al decir que en su actuación no habrá gobiernismo ni antigobiernismo, sino sólo periodismo, apuntala una de las columnas vertebrales de El Espectador, y con esa manifestación le da mayor solidez al propósito de independencia –¡qué importante acentuar esta palabra!– que regirá su labor directiva.

El anuncio de un periodismo constructivo y al mismo tiempo de denuncia, «que se ocupará de esa Colombia mayoritaria e innovadora que aguanta y empuja, que no pierde la esperanza, que supera dificultades», reitera el espíritu de lucha contra los desafueros y los vicios públicos, norma que ha distinguido a la ilustre casa periodística.

Celebro, como viejo columnista del periódico, la afirmación de los principios éticos y morales que invoca y refrenda el nuevo director, los que han hecho cosible el sacrificado y victorioso itinerario de la idea patriótica que hace 115 años forjó en Medellín don Fidel Cano, visionario y maestro –con alma de quijote y redentor– del mejor periodismo colombiano.

El Espectador, Bogotá, 12-XII-2002