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Equidad pensional

Miércoles, 18 de diciembre de 2013 Comments off

Por: Gustavo Páez Escobar

Colombia es uno de los países más desiguales tanto de Latinoamérica como del mundo. Esta calificación la da el índice ‘Gini’, que mide la pobreza y el ingreso de todas las naciones. Dicho resultado es penoso para un país como el nuestro que posee inmensas riquezas, y que sin embargo no sabe distribuirlas en forma justa. En el 2012 pasamos del puesto 6 al 19 dentro del grupo de los 48 países más desiguales del orbe, y del 3 al 7 en Latinoamérica. Bastante se ha progresado en la lucha contra la pobreza, pero aún queda mucho por hacer.

Veamos algunas evidencias de la triste realidad colombiana. Tres de cada cinco ciudadanos que trabajan se dedican a oficios informales y no aportan al régimen pensional. Alrededor de 2,6 millones de ancianos viven en la pobreza. Un millón reciben del Sisbén menos de 100 mil pesos mensuales de subsidio. Más de la mitad de los pensionados (unos 749 mil) tienen pensiones inferiores a dos salarios mínimos,  y buena parte reciben un solo salario mínimo.

En el primero de estos casos la pensión máxima es de 1 millón 179 mil pesos, y en el segundo, de 589 mil pesos. ¿Con estas cifras puede subsistir una persona en forma digna? Frente a tales guarismos está el de las pensiones millonarias, superiores a los 25 salarios mínimos fijados por ley de 1994, tope que se violó para más de mil pensionados (entre ellos, excongresistas y exmagistrados). La pensión más costosa del Congreso asciende a 28 millones de pesos (alrededor de 48 salarios mínimos), y el promedio de las pensiones de este organismo es de 20 millones de pesos (34 salarios mínimos).

Esta simple comparación permite deducir por qué Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Lo que existe en el régimen pensional se presenta en diversos campos de la vida económica. Uno de ellos es el de la alta concentración de la propiedad de la tierra. Otro, el del sector financiero, explotado en gran escala por  magnates que cada vez se enriquecen más a expensas de los usuarios. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que algunas entidades cobren más del 30 por ciento de interés por una tarjeta de crédito, mientras la tasa fijada por el Banco de la República es de 3,25 por ciento?

Desde años atrás la opinión pública clamaba por que se frenara el tren arrasador de las megapensiones. La bomba pensional estallaría en corto tiempo y haría colapsar no solo al sistema pensional sino al erario. En diez años el costo de las pensiones sería de 467 billones de pesos, mientras los aportes al sistema solo llegarían al 40 por ciento de ese monto.

El dicho de que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, válido en  serias coyunturas del país, tuvo efecto en este caso. La situación no daba más espera. Había tocado fondo. El Gobierno y la Contraloría jugaron cartas importantes para poner fin a los abusos que se venían cometiendo.

La demanda que presentaron dos abogados para enderezar semejante desvío de la legalidad, que contaba con complacencias inexplicables, tuvo acertada respuesta de la Corte Constitucional: a partir del primero de julio las pensiones no podrán sobrepasar el tope de 25 salarios mínimos, es decir, 14,7 millones de pesos. Se exceptúan la del Presidente de la República y las de la Fuerza Pública, que tienen regímenes especiales. Además, el fallo ordena revisar y reliquidar otras pensiones obtenidas de manera fraudulenta, muchas de las cuales se perderán en su totalidad.

Ha sido un fallo valiente. Las presiones y los intereses que había en contra eran poderosos. Pero al fin se hizo justicia. Y se rescataron los principios de equidad, solidaridad e igualdad. Ojalá este fallo histórico contribuya para obtener otros logros que se hacen esperar. Así, podremos avanzar, ojalá en forma significativa, en la próxima evaluación del índice ‘Gini’.

El Espectador, Bogotá, 14-V-2013.
Eje 21, Manizales, 10-V-2013.
La Crónica del Quindío, Armenia, 11-V-2013.

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Comentarios:

Magnífico artículo. Una sustentación que envidiarían los economistas actuariales. Alpher Rojas, Bogotá.

Esta equidad debe aplicarse más estrictamente a los sueldos en Colombia, y tanto para privados como para públicos el sueldo máximo no debería superar 20 veces el sueldo mínimo. Así se va bajando el desequilibrio existente en nuestro país. Jomijar (correo a La Crónica del Quindío).  

Me molesta que haya excepciones en las pensiones. Donde las hay, los ciudadanos no son iguales ante la ley. El Presidente de la República debería dar ejemplo. Recordemos a Mujica, en Uruguay. En cuanto a la Corte Constitucional: han tenido que fallar, básicamente, los conjueces y, por lo que dice la Revista Semana, ha sido un sacerdote de la Javeriana su principal artífice. De lo contrario, se hubieran dejado los privilegios. Pienso que Colombia necesita una cirugía profunda de arriba abajo, que no se llevará a cabo con esta politiquería que ha remplazado la política. Jorge Mora Forero, colombiano residente en Estados Unidos.

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Mesada de los pensionados

Sábado, 11 de febrero de 2012 Comments off

Por: Gustavo Páez Escobar

Circula por internet un correo enviado por Antonio Guihur Porto, en el cual anuncia la presentación de un derecho de petición ante la Corte Constitucional para que se revise, con base en el derecho a la igualdad, el incremento de las pensiones de jubilación (el 3,17%, o sea, el índice de la inflación). Su petición cobija otros aspectos del régimen pensional.

En las discusiones del  salario mínimo, al cual se le fijó en principio un aumento del 3,4%, y luego, por intervención del Presidente de la República, se elevó al 4%, nadie tuvo en cuenta a los jubilados. Por su parte, las empresas planean subir los sueldos el 4,3%, en promedio. Mientras tanto, las pensiones de jubilación pierden cada vez mayor poder adquisitivo, sin que existan voceros que defiendan a este sector.

En la petición del señor Guihur Porto hay cuentas muy claras, y perjudiciales para los jubilados, sobre la depreciación de las pensiones en razón de los mecanismos existentes. Este es el texto de dicho documento, el que además fue remitido al vicepresidente Angelino Garzón y a los ministros de Protección Social y de Hacienda:

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“¿Es justo que a los pensionados en Colombia se les incremente anualmente sus mesadas pensionales en un porcentaje inferior al pactado para el aumento del salario mínimo? ¿Cuál es el fundamento legal para esta discriminación con los pensionados? Como se sabe, a los pensionados se les aumenta su mesada pensional al inicio de cada año con base en el IPC (índice de precios al consumidor), un porcentaje que además de estar siempre fuera de la realidad económica del país, cada año está por debajo del porcentaje que se conviene para el incremento del salario mínimo. ¿Por qué? ¿Dónde queda el derecho fundamental de la igualdad expresamente establecido en la Constitución Política de la República?

“Los pensionados, durante toda su actividad laboral productiva, siempre aportaron, al igual que los trabajadores activos actuales, los mismos porcentajes para aportes parafiscales, y teniendo en cuenta que los pensionados por su edad ya no son elegibles como trabajadores, ¿por qué se les discrimina de esta manera mermándoles cada el valor adquisitivo de su mesada pensional con relación al salario mínimo legal? El sólo hecho de estar pensionado en Colombia, el pensionado ya ha tenido una merma considerable de sus ingresos económicos con relación a su último salario alcanzado; veamos por qué:

“1) Tanto el Seguro Social como las otras entidades oficiales y privadas obligadas a reconocer pensión calculan el valor de la mesada pensional  de acuerdo con el ingreso base de liquidación(IBL) alcanzado por el afiliado, que como es obvio, por ser un promedio de los últimos 10 años, el tal ingreso base de liquidación siempre será inferior al último salario del afiliado (primera causal de la merma salarial).

“2) Sobre este ingreso base de liquidación (IBL) se aplica el 75%, es decir, se disminuyen más aún los ingresos salariales que tenía el afiliado en un 25% cuando se pensiona (segunda causal de la merma salarial en un 25%).

“3) Sobre el valor de la mesada pensional liquidada, al pensionado se le descuenta directamente de su pensión el 12% para aporte de salud, es decir, un 8% más que cuando era empleado porque como tal, para aporte de salud solamente se le descontaba de su salario el 4% ya que el empleador aportaba el otro 8% (tercera causal de la merma salarial en un 8%).

“Si tan sólo sumamos los anteriores porcentajes de las mermas salariales (25% + 8%), esto representa un total de merma salarial de un 33%, o sea, que el pensionado recibe una mesada equivalente, aparentemente, a tan sólo 67% de lo que eran sus ingresos reales como trabajador y esto sin tener en cuenta la disminución que implica el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL).

“Veamos el ejemplo de un trabajador modesto que su último salario fue de $ 3.000.000. Su pensión, sin incluir el cálculo del IBL, queda en $ 1.980.000, resultado de: 75% de $ 3.000.000 = $ 2.250.000, menos el 12%  de $ 2.250.000 = $ 1.980.000 que representa el 66% de su último salario de $ 3.000.000.

“Luego entonces, a ese trabajador, ya pensionado, se le rebaja su calidad de vida y la de su familia, y si a esto le incluimos el hecho de que anualmente al pensionado se le incrementa su mesada con base en el porcentaje del IPC y no con base en el porcentaje del incremento del salario mínimo, cada año irán quedando rezagados los ingresos de un pensionado. ¿Es justa esta situación de los pensionados en Colombia? La Honorable Corte Constitucional tiene la palabra. Antonio Guihur Porto – C.C. 9.057.983 – Email: aguihur@gmail.com.

El Espectador, Bogotá, 25-I-2011.
Eje 21, Manizales, 25-I-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 29-I-2011.
Mirador del Suroeste, No. 38, Medellín, marzo de 2011.

 

 

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¡Pobres pensionados!

Sábado, 11 de febrero de 2012 Comments off

Por: Gustavo Páez Escobar

Si se hiciera realidad el proyecto del Gobierno de congelar por la vía del referendo, durante los años 2003 y 2004, las pensiones de jubilación del sector público que superan la suma de dos salarios mínimos ($618.000), se daría duro golpe a esta población. Al rebajar los derechos adquiridos y desconocer los principios de la igualdad y la justicia social, la norma se convertiría en antecedente peligroso y funesto para ejecutar en el futuro actos de igual o peor naturaleza.

Si bien debe aceptarse que para solucionar los graves desajustes financieros que registra la nación es preciso adoptar medidas severas, no resulta razonable que se lleve el rigor hasta el punto de cercenar los sufridos recursos que representa la pensión de jubilación.

En países de verdadera sensibilidad social –y Colombia está muy lejos de tener esa honrosa distinción–, la tercera edad recibe el mejor trato de las leyes tributarias y la mayor consideración de la ciudadanía. Allí esa persona goza de especiales servicios del Estado en los ramos de la salud y la vivienda y se le concede una serie de privilegios y exenciones de hondo sentido humano. Hasta para atravesar una calle, el transeúnte de la tercera edad obtiene preferencia.

Aquí es un ciudadano de tercera categoría (exceptuando a los privilegiados que gozan de las irritantes prebendas que los Gobiernos les han permitido). No es justo que el pensionado tenga que aportar para salud el 12 por ciento de su mesada, cuando antes de jubilarse sólo pagaba la tercera parte de la tarifa, y el resto el patrono. Resulta inconcebible que además se le quiera fijar una tabla de retención en la fuente.

Parece que con estos recortes se quisiera cobrar a los más débiles del sistema los descalabros ocurridos por imprevisión, tolerancia o ineptitud oficial, situación que a lo largo del tiempo ha permitido la realización de incontables delitos contra el fisco, abusos y excesos inauditos (como ocurre con los regímenes especiales y las pensiones exorbitantes).

Hoy, cuando el mal hizo crisis, se acude a métodos desenfocados como el que se pretende implantar. Teniendo en cuenta el desacierto de esta fórmula discriminatoria, cabe esperar que se le declare inconstitucional por violar el principio de la igualdad y disminuir la capacidad adquisitiva. En el anterior Gobierno, cuando el ministro de Hacienda decretó la congelación de los salarios estatales, la Corte Constitucional hizo revocar dicha medida por infringir los derechos antes señalados.

Por vía de ejemplo, y suponiendo una inflación del 6 por ciento para cada uno de los años a que se refiere el proyecto, veamos lo que sucedería con una pensión de $618 mil (que aumenta con el índice de la inflación), y otra de $ 619 mil (que permanece congelada). La mínima diferencia de mil pesos, que beneficia al primer caso y perjudica al segundo, permite que la pensión inferior le tome buena distancia a la mayor, sin modo de corregir este adefesio en el futuro, ya que el incremento perdido se vuelve irrecuperable.

En esta hipótesis, la pensión menor sube a $694 mil en el segundo año, lo que determina una ventaja de $75 mil sobre la que era superior. Y como la pensión castigada se reduce mucho más con el deterioro monetario, su capacidad adquisitiva en moneda del año 2004 (aplicado el 12 por ciento de inflación) no será de $619 mil sino de $545 mil.

La cuota tributaria de esta pensión –o sea, lo que dejará de percibir– representa en los dos años $891 mil (casi mesada y media), cifra con la que el ciudadano discriminado remediaría no pocos apremios económicos. Si cada persona excluida del aumento hace su propia cuenta, sabrá cuál sería su sacrificio y de qué manera disminuiría el modesto nivel económico que había alcanzado luego de largos años de servicio público.

No es justo ni sensato el propósito de remediar penurias fiscales recortando los derechos adquiridos. Las numerosas cuotas impositivas con las que se busca taponar la crisis financiera, y que mantienen a los colombianos en estado de perturbación, con el consiguiente desafecto que crece hacia el Gobierno y los legisladores, no pueden llegar hasta el extremo del despojo, vocablo apropiado para calificar la merma pensional que trata de cometerse contra indefensos ciudadanos.

El Espectador, Bogotá, 16-I-2003.

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Indolencia con los pensionados

Viernes, 16 de diciembre de 2011 Comments off

Por: Gustavo Páez Escobar

La ley 100 de 1993 dejó algunos va­cíos que se prestan para injusticias. Tal el caso del artículo 143, que establece para los pensionados con anterioridad al  primero de enero de 1994 un “reajuste mensual equivalente a la eleva­ción en la cotización para salud”. Y al mismo tiempo dispone que la cotización para salud (que hoy es del 12%) sea en su totalidad a cargo del pensionado.

Este sistema no ofrece dificultad cuando la pensión la paga directamente la empresa, es decir, antes de que opere la fi­gura de la compartibilidad y en tal virtud se decrete la pensión de vejez que entra a atender el Seguro Social al cumplirse la edad reglamentaria, pensión que puede llegar hasta el 90% de la cifra total. La em­presa, antes del reparto de la prestación en dos pagadurías (Seguro Social y em­presa), ajustaba la mesada en la forma or­denada por la ley, y al mismo tiempo de­ducía el 12%, lo que equivalía a que el verdadero porcentaje que pagaba el tra­bajador para salud fuera de 2,33%.

¿Qué ocurre, o puede ocurrir, cuando el Seguro Social se hace cargo del 90% de la pensión? Que sobre ella, que es casi to­da la mesada, le deduce al beneficiario la totalidad de la cotización para salud (el 12%). Desde luego, en este caso el patro­no debe seguir haciendo el incremento sobre toda la pensión (dividida ahora en dos pagadurías), y no sólo sobre la suma que le quedó de remanente, que es una mínima parte.

Cuando se procede en perjuicio del antiguo trabajador –y hay empresas que lo hacen por estrechez de criterio o por falta de equidad– se está burlando el espí­ritu de la ley. Sería utópico pensar que por efecto de la compartibilidad deba el pensionado (que cotizó toda una vida para salud) recibir, cuando más méritos ha acumulado, el considerable perjuicio que se derivaría de una errada interpre­tación de la ley.

¿Acaso sería justo que la mesada que antes contribuía con el 2,33% para dicho renglón se disminuyera con el 12% al asumirla el Seguro Social? Este es un por­centaje excedido, que no lo pagan los trabajadores en servicio activo (cuya cotización corresponde a la tercera parte de la tabla, o sea, el 4%).

El Ministerio de Trabajo, en con­cepto que tengo a la vista, señala que “los pensionados con anterioridad al primero de enero de 1994 no deben sufrir disminu­ción alguna en sus mesadas como conse­cuencia de la cotización en salud”. Esto está claro. Es de elemental sentido co­mún. Sin embargo, no todas las empre­sas entienden, o practican, ese principio de justicia.

Es necesario que la propia ley busque mecanismos operantes para evi­tar las evasivas de las empresas. Así, ade­más, se protege a la llamada tercera edad –la cenicienta triste de todos los Gobier­nos–, cuya causa abandera ahora el Banco Central Hipotecario en cabeza de su líder, animada de una gran sensibilidad social, la doctora María José García.

El Espectador, Bogotá, 8-XI-1997.
Avancemos –Asociación de Pensionados del Banco Popular–, diciembre de 1997

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Comentarios:

A propósito del injusto des­cuento del 12% que se hace a los pensionados para atender el ramo de la salud, a que se re­fiere mi comentario reciente en El Espectador, me permito transcribir la siguiente comu­nicación recibida del senador Alfonso Angarita Baracaldo: “Con relación a su inquietud permítame comunicarle que una de mis preocupaciones es exactamente la de lograr que el 12% con el que hoy contri­buye el pensionado para salud no se siga descontando de las menguadas mesadas pensionales que reciben. Con el apo­yo de ustedes lograré que esto se constituya en una realidad”. GPE (El Espectador, 14-XI-1997)

En Cartas de los Lectores, de El Espectador, el señor Gustavo Páez Escobar transcribe apar­tes del comunicado del sena­dor Angarita en el cual mani­fiesta que una de sus preocu­paciones es la de lograr que el 12% que se descuenta mensualmente a las mesadas de los pensionados con destino a la salud, no se siga cobrando: “Con el apoyo de ustedes –di­ce– lograré que esto se con­vierta en realidad”. Lástima que tanta belleza no fuera ver­dad, como sucedió con el proyecto de ley de nivelación pensional prometido por él durante tantos años y nunca cumplido. ¿Cómo vamos a creer que ahora sí logrará la supresión de este gravamen oneroso con destino a la sa­lud, si ya no quedan ni trazas de credibilidad? Álvaro Duarte Gutiérrez, Bogotá (El Espectador, 1-XII-1997)

En comunicación dirigida al columnista don Gustavo Páez Escobar se indica:

Ante el gran drama de los pensionados de Colombia, bien definidos por usted co­mo “la cenicienta triste de to­dos los Gobiernos”, un hálito de consuelo y esperanza reci­ben los eméritos, cuando pe­riodistas llenos de sensibili­dad social, como usted, com­parten y exteriorizan el recla­mo y la protesta por el trato inhumano y discriminatorio que en este país del Sagrado Corazón sufre el gremio más necesitado e inerme, sin tener en cuenta que es el que con mayores merecimientos re­quiere de protección y grati­tud por haber entregado los mejores años de su capacidad laboral al servicio de la patria y de la sociedad. Su acertado artículo Indolencia con los pensionados, escrito, como todo lo suyo, con ese agrada­ble estilo que sus perseveran­tes lectores disfrutamos, refle­ja las consecuencias de una de tantas normas y reglamenta­ciones absurdas, inclusive de caprichosa interpretación, siempre en favor de las entida­des patronales. Tan interesan­te escrito suyo merece la grati­tud de los pensionados que esperan que su aporte, como periodista destacado, conti­núe favoreciendo la obten­ción de propósitos y el reco­nocimiento de justicia hacia los pensionados.

Enrique Caycedo Tello, Carlos Felipe Franco Niño, Asociación de Pensionados del Banco Central Hipotecario, Bogotá (El Espectador, 10-XII-1997)

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Revuelo sobre pensiones

Miércoles, 14 de diciembre de 2011 Comments off

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Pasa de dos millones la po­blación de pensionados del país. Hasta 1976 era un sec­tor marginado del progreso social al carecer del tratamiento digno que le debe la sociedad. Las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y 6ª de 1992 han dado pasos importantes, aunque no suficientes, para rehabilitar la suerte de miles de hogares que miran hoy con verdadera ansiedad el proyecto de ley 155 que debaten las cámaras legislativas.

El proyecto pretende fijar otros derroteros para el futuro, estable­ciendo, si la fórmula prevista sale adelante, dos fondos u opciones para pensionarse. Sería esta una nueva discriminación que se sumaría a las numerosas que ya existen. Entre tanto, los jubilados antiguos, para quienes sus pensiones se han deteriorado en forma significativa, no han hallado un vocero efectivo de sus calamidades.

Con la mesada adicio­nal del mes de junio, aprobada en principio,  según parece, para todos los pensionados, se conseguirá otro progreso que habría que abonársele al Gobierno actual. ¿Y cuándo se hará justicia a quienes se jubilaron antes de 1989?

Salpicón, que ha hecho eco de este clamor general, cede hoy el espacio a la carta dirigida al doctor Ernesto Samper Pizano (que me fue remitida en copia por Nelson Escobar Escárraga, uno de los firmantes) por ocho asociaciones de pensionados del sec­tor oficial: Caja Agraria, Banco de la República, Caja Nacional de Previsión, Superintendencia Bancaria, Ban­co Central Hipotecario, Banco Popu­lar, Banco Cafetero y Aeronáutica Civil, entidades que agrupan un nú­mero considerable de afiliados.

Los autores de esta comunicación atribuyen al doctor Samper el liderazgo de la ley 71 de 1988. Es oportuno aclarar que el abanderado de la iniciativa fue el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, ministro de Trabajo. Por eso, al estatuto se le conoce como la Ley Caicedo. Ahora bien: el doctor Samper, que se encuentra hoy en privilegiadas circunstancias políticas, y que por otra parte ha demostrado gran interés por los pen­sionados, ojalá consiga el éxito que le encomiendan sus corresponsales, quie­nes le manifiestan:

“De la manera más atenta acudimos al espíritu de solidaridad que lo ha caracteri­zado al defender sectores olvidados como hemos sido los pensionados anteriores a 1989, para que interceda ante el Gobierno y las entidades de control y fiscalización con el fin de obtener, sin más dilación, el cumplimiento del artículo 116 de la ley 63 de 1992 que estableció la nivelación, compensación o actualización de las pensio­nes anteriores a 1989, por cuanto el decreto reglamentario No. 2108 del 29 de diciembre de 1992 constituyó una nueva frus­tración al fijar en forma caprichosa sólo el 7%, o el 12% para los más antiguos, sin tener en cuenta que muchos de estos pensionados están dejando de percibir has­ta el 1.000% en la cuantía de sus mesa­das (…)

“Para cumplir con dicha compensación o nivelación basta fijar el valor del salario mínimo legal actual al número de salarios mínimos con los cuales fue pensionado ese trabajador para que así haya coheren­cia, además, con la ley 71 de 1988. Cualquier fórmula diferente se apartaría del sentido y espíritu de equidad propues­to por la ley 6ª  de 1992.

“La mesada adicional en junio para unos u otros pensionados (aquí se refieren los firman­tes a la nueva discriminación que se consagraría si se excluyera a un sector de pensionados), parece que en el fondo tiende más a desviar la atención y esfuer­zos de políticos y dirigentes gremiales hacia un punto que no soluciona el problema de fondo de los pensionados anteriores a 1989 (…)

“Los pensionados del sector público nacional, y los demás en general, confiamos en que el doctor Samper hará cumplir dicha ley 63 de 1992 y las demás normas señaladas en nuestra Constitu­ción Nacional sobre justicia social e igual­dad de derechos que nos asisten, para después de casi veinte años dejar de ser la clase olvidada del país y poder subsistir con la pensión sin depender de la caridad de familiares y amigos”.

El Espectador, Bogotá, 28-IX-1993.

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Comentario:

Me identifico plenamente con sus agudos comentarios. La ley sobre Seguridad Social adolece de sensibilidad social, equidad y solidaridad con quienes se han roto el espinazo en procura de un país mejor. Estoy con usted. La discriminación nunca ha sido de buena ley. Por el contrario, sólo siembra mayor zozobra en medio del caos. Horacio Serpa Uribe, Bogotá.

 

 

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