El prurito de privatizar
Salpicón
Por: Gustavo Páez Escobar
No es clara la posición del Gobierno en el campo de las privatizaciones. Todo parecía indicar que este renglón había quedado agotado en la administración anterior. En la conciencia pública subsiste la idea de que, mediante la venta de algunas entidades financieras en condiciones muy ventajosas para los grandes grupos, se concentró más poder económico en pocas manos. Las dudas subsisten sobre todo en relación con los bancos de Colombia y del Comercio.
Ahora el presidente Samper manifiesta que se estudian otras privatizaciones, aunque con la adopción de mejores sistemas de control. Agrega que no saldrá de aquellas instituciones que prestan notable beneficio social. Entre ellas están la Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario. Otras dos entidades, también de alta utilidad pública, pero muy llamativas como fuente de ingresos para el Gobierno –Telecom y el Banco Popular–, están en entredicho.
En este zangoloteo de las privatizaciones, ambos organismos estatales han sido materia de controversias. Gaviria quería rematarlas, o sea, feriarlas, pero diversas circunstancias se lo impidieron. Se salvaron del afán mercantilista por no haber alcanzado el calendario. Según se desprende del estilo fiscalista de Hommes, apoyado siempre por el presidente Gaviria, para él contaba primero el negocio.
En cuanto al Banco Popular se refiere, el valor de su negociación –$ 300 mil millones– figuraba como un ingreso en el presupuesto de este año. Si no se hubiera interpuesto el lío jurídico que apareció a última hora, esta entidad, que sin duda tiene la mayor plataforma social de toda la banca, ya habría pasado al dominio particular, aumentando el influjo de los grandes grupos. Pero Samper, en la antesala de su Gobierno, dijo que la necesitaba para adelantar el programa de microempresas.
Cuando se tramitaba la venta del Banco Popular, el candidato Samper expresó lo siguiente en carta a exfuncionarios de la entidad: «No veo con buenos ojos ese proceso pues avanza en contravía del esfuerzo que tendremos que realizar en el próximo gobierno si queremos impulsar decididamente la creación de 350.000 microempresas y contribuir así a la generación de miles de nuevos empleos productivos».
Esto fue lo que pregonó el candidato. Veremos lo que hace el Presidente. Han comenzado a colarse noticias en el sentido de que el Banco Popular se venderá de todas maneras para reforzar los ingresos públicos. Cabe preguntar: ¿sigue en firme el programa de las microempresas?
Reciente editorial de este periódico llama la atención sobre las críticas formuladas por el contralor general de la República acerca del controvertido capítulo de las privatizaciones, y lamenta que tema de tanta altura haya pasado en silencio. La tesis del funcionario es que vender por vender no es bueno. Si todo fuera cuestión de negocio, habría que salir de las mejores empresas del Estado.
Hay un juicio severo en la declaración del contralor, que vale la pena analizar con la mayor seriedad: «Bajo las actuales condiciones, el proceso de privatización que se ha venido adelantando en el país no es prenda de garantía para salvaguardar el patrimonio público».
Preocupa que, ante la enormidad de las cifras que reclama el llamado Salto Social, se eche mano de instituciones lucrativas como Telecom y el Banco Popular para cubrir una emergencia. Se espera, desde luego, que el prurito privatizador no llegue a extremos que después haya que lamentar.
El Espectador, Bogotá, 8-XII-1994.