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Violadores del Pacto Social

jueves, 15 de diciembre de 2011

Salpicón

Por: Gustavo Páez Escobar

Como en Colombia todo se viola, hoy la víctima de turno es el Pacto Social.  Por primera vez en muchos años ha conseguido el Gobierno que tanto trabajadores como empresarios hubieran llegado a un acuerdo acerca del salario mínimo, sobre la base de que las autoridades controlarían ciertas alzas y su vigencia, que apenas comenzando el año aceleraban el costo de la vida y días después pulverizaban los mayores ingresos laborales.

Tomado el 18% como índice proyectado para la inflación del presente año, no deberían pasar de esa cifra ni el aumento de salarios ni el de los artículos. Al posponerse para el primer trimestre los ajustes en las tarifas de la gasolina y el transporte, que antes se hacían simultáneas con los aumentos salariales, se protege por más tiempo el bolsillo de la gente. Es fórmula que nunca se había logrado, y que de practicarse contribuirá al descenso de la inflación. Sin embargo, en este país de violadores son muchos los que luchan por exceder la barrera del 18%, o ya la han excedido con artimañas o a la brava.

Contaba Hernando Giraldo en su columna de este diario que al comprar hace poco una cuchilla de afeitar, ésta había subido en forma exagerada frente al precio de diciembre. Dicha mentalidad alcista, practicada sobre todo en el super­ado y en la tienda del ba­rrio, es la que hace insoportable la canasta familiar. La cocina casera, que se alimenta de por­menores, es la que más conoce los reales impactos de la espe­culación.

Uno de los renglones que más influyeron el año pasado en el costo de la vida fue el de la educación. En las páginas de los periódicos, los lectores dan cuenta de los abusos que come­ten colegios y universidades para burlar los límites autoriza­dos. Al escribir la presente nota, tengo a la vista la cuenta de una universidad que establece el 25% de incremento en la matrí­cula. El impuesto predial subirá el 22,59%. El gerente del Acue­ducto de Bogotá dice que el 18% es ilusorio para su empresa, y por lo tanto habrá necesidad de fijar varios puntos por encima de esa cifra.

En los tres casos, las respectivas entidades esgri­men argumentos para justificar los excesos. Así, de punto en punto y de excepción en excep­ción, es como se quebrantan las normas y se asalta el bolsillo de los colombianos. Y al final del año, lo de siempre: fue imposi­ble cumplir el índice de la infla­ción.

Servientrega, la mayor firma privada de mensajería, resolvió aumentar el 25% para el correo local y nacional. Por su parte, Adpostal, organismo oficial, lo hizo en el 22%. Como se ve, el Pacto Social lo incumplen hasta las entidades oficiales. De no haber sido por una oportuna intervención, también se ha­brían desbordado las tarifas de la energía eléctrica. Seamos francos: nadie quiere encajarse en el 18%. En Colombia nos gusta jugar a las alzas. Nos encantan las trampas sociales.

Una corresponsalía de prensa informa que las Empre­sas Varias de Medellín reajusta­ron los arrendamientos en la Central de Mayoristas de Antioquia en porcentajes que llegan hasta el 278%.

¿Qué sucederá con el arren­datario que pagaba $72.000 y debe pagar en adelante $180.000? La respuesta es obvia: subirá los precios de su mercancía en el 150% o más, para compensar el alza del arriendo.

¿Qué ocurre, entre tanto, con los aumentos salariales? Los congresistas se decretaron el 21%. El Concejo de Bogotá au­mentó los sueldos de los empleados del Distrito en el 24%. Los maestros rechazan el 19% y dicen que se irán a la huelga. Los empleados de Ecopetrol piden el 30%, o de lo contrario volverán a atentar contra la eco­nomía nacional…

Son suficientes estos casos para señalar la indisciplina so­cial de los colombianos. Nadie quiere perder, y todos quieren ganar. A la postre, con estos brotes de indisciplina, todos perdemos. Así es como se infla el país con una moneda falsa, que al final del año, entre deterioro y deterioro, hará que la cuchilla de Hernando Giraldo valga tres o cuatro veces más de lo que valía en enero.

El Espectador, Bogotá, 20-II-1995.

 

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