Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Comienza otro año con miles de hogares destrozados por la ausencia de sus seres queridos. Muchas de esas personas murieron en manos de la guerrilla, y sobre otras nunca se ha sabido, ni se sabrá, si están vivas o muertas. Desde 1997 han sido secuestrados 17.000 colombianos, lo que representa un promedio de 2.800 por año, 300 niños entre ellos. Entre los años 2001 y 2002 las estadísticas muestran que no existió ninguna variación notoria: durante 2002 se reportaron 2.986 plagiados. Hoy siguen en cautiverio alrededor de 2.000 personas, algunas con más de cinco años de esclavitud. Estas tragedias fantasmales hacen helar la sangre y estremecer el corazón.

El drama del secuestro toca la fibra más sensible del país. Se le considera, junto con el problema de los desplazados, la calamidad más grave del continente. Nunca podrá comprenderse la absoluta falta de sensibilidad humana de los autores de esta barbarie, que los sitúa en el nivel de las fieras. Aunque no: las fieras matan de una dentellada, pero no torturan. No tienen hígados para tanto. En cambio, los monstruos contemporáneos se complacen con la crueldad y se sacian con el dolor ajeno.

Hace ocho meses no se reciben pruebas de supervivencia de Íngrid Betancourt. De todos los políticos secuestrados, es ella la que más campañas ha librado por la suerte de los desprotegidos. Su libro La rabia en el corazón es la denuncia más valiente que se haya producido en los últimos tiempos contra la corrupción política y la injusticia social. ¿Por qué, entonces, la tienen secuestrada? ¿No dicen los insurgentes que ellos luchan por las causas populares? Su esposo le dice en un mensaje por la prensa: «Yo sé que ahora estás en un horno muy caliente y que las otras dificultades por las que hemos pasado no son nada comparadas con eso que estás viviendo».

El cabo Carlos Marín es uno de los 22 militares que continúan secuestrados después de 54 meses de cautiverio. No conoce a sus hijos gemelos, y ellos comienzan a entender y sufrir el drama. Serán con el tiempo, sin duda, seres lesionados por la guerra. Guerra fratricida que está engendrando las almas desadaptadas del mañana. Lo único que se sabe de Teresa Castellanos de Figueroa, que fue sacada de un hotel de Valledupar hace año y medio, y que padecía de artritis severa, es que ha perdido 30 kilos y se mantiene con los pies ampollados por causa de sus constantes desplazamientos por el monte.

Carmenza pasó la segunda Navidad esperando el regreso de su esposo y de su hija Natalia, de 17 años, secuestrados hace año y medio. Dacheira Cifuentes hace dos años que no ve a sus abuelos en poder de la guerrilla, y esperaba tenerlos en casa en la Navidad pasada. Como esto no ocurrió, la esperanza se trasladó para este año… «Completamos –dice Héctor Angulo– 983 días sin tener una sola prueba de supervivencia de mis padres, retenidos por las Farc desde el 19 de abril de 2000».

Similar tiempo de retención lleva el senador Luis Eladio Pérez. Seis meses después del secuestro, en diciembre de 2000, su esposa recibió de él la última carta. Sufría serios problemas de salud y su familia ignora qué había podido ocurrirle en tanto tiempo sin atención médica. Como él, son más de veinte los políticos en poder de la subversión.

Entre ellos están el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y Guillermo Echeverry, ex ministro de Defensa, retenidos en abril del año pasado; Fernando Araújo, ex ministro de Desarrollo, en diciembre de 2000; Ancízar López, ex gobernador del Quindío, el 11 de abril de 2002; Jorge Eduardo Gechem, hace un año, sobre quien no se ha recibido una sola señal de vida.

En algunos casos de políticos no ha faltado la información. Quizá sus captores son más humanos (corrijo: menos perversos) y han permitido las despiadadas pruebas de supervivencia. Esto ocurre en relación con Óscar Tulio Lizcano, ex congresista secuestrado en Riosucio hace dos años y medio, quien en carta a su familia manifiesta que «ha pasado hasta ocho meses sin que nadie le hable, ha sufrido leshmaniasis, paludismo y graves infecciones intestinales, sin tratamiento médico».

Esta Colombia martirizada que agoniza con cada uno de los secuestros que se perpetran a lo largo y lo ancho del territorio, sin que las autoridades sean capaces de reprimir tanto salvajismo y tanta impunidad, es el infierno que desde años atrás vivimos con horror y que les vamos a dejar a nuestros hijos. A los colombianos de esta era nos correspondió el peor país de todos los tiempos. El holocausto de Hitler era racial. El nuestro es de exterminio absoluto de la condición humana y la dignidad del hombre, sea éste blanco o negro, rico o pobre, intelectual o ignorante.

¡Cinco y más años de cautiverio en el monte! ¿Se sabe lo que esto significa para el secuestrado, su familia, el país entero? Ha vuelto a hablarse en estos días del intercambio humanitario, figura que, ante la impotencia del Gobierno para liberar a las víctimas, debe adoptarse como fórmula salvadora de tanta desgracia humana.

El Espectador, Bogotá, 6-II-2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

El rico, el pobre, el anciano, el niño, el político, el ministro, el alcalde, el policía, el estudiante, el sacerdote, el comerciante, el ama de casa, el ciudadano común, todos en Colombia somos secuestrables. Más aún: somos ciudadanos de desecho. Se secuestra lo mismo al gobernador de Antioquia, al ex ministro de Defensa y a la candidata presidencial, que al humilde campesino, al chofer asalariado y al desprevenido transeúnte de la carretera.

Quien caiga en la trampa, posea o no capacidad económica, es materia de comercio. En Colombia hay dos desaparecidos diarios, de todas las edades y todas condiciones sociales. Nadie vive en paz, porque la inseguridad se adueñó hace mucho tiempo de la vida cotidiana.

Esto parece una feria pecuaria, donde la mejor res es la que tiene mayor precio, pero a todas se les puede sacar alguna utilidad. Explotar el dolor es negocio rentable. Y negociar la vida, por más indigno y degradante que sea, suele ser la única manera para sobrevivir. Así se estimula la industria del secuestro, cuando lo que se busca es terminarla. Por las carreteras, que ahora trata de recuperar el presidente Uribe, se transita  con miedo. Por las calles urbanas, con pavor. El pánico se apoderó de la vida nacional. En cualquier vuelta del camino puede aparecer el lobo.

En ciudades y pueblos se vive expuesto al zarpazo sorpresivo, a la explosión o la bala. Si se mata por cualquier cosa, también se secuestra por cualquier cosa. La vida no vale nada. Es tanta la proliferación de este delito, que hasta los familiares se olvidan del pariente en desgracia. En las poblaciones se pierde la memoria de las personas retenidas, y a veces muertas en el paraje menos pensado. En alguna forma, nos hemos embrutecido.

El Tiempo publica todas las semanas una lista de los desaparecidos, recientes y antiguos (y muertos, por qué no), con las fotos de las víctimas y la narración de las circunstancias que rodearon el suceso, para que la gente ayude a localizarlas. Esto parece el muro de la infamia.

Sobre Ancízar López, ex gobernador del Quindío y ex presidente del Senado, no se ha vuelto a saber nada, si es que alguna vez se supo algo cierto en el largo tiempo que lleva secuestrado. El padre Gabriel Arias, destacado miembro del clero quindiano, salió por los caminos azarosos a negociar con los plagiarios la libertad del otrora poderoso cacique de la región, y lo mataron. Nadie sabe si quienes retienen al político y hacendado (o ya lo mataron) son guerrilleros o delincuentes comunes.

Tal vez el único que lo sabía era el intrépido mediador eclesiástico, y por eso lo silenciaron: para que no hablara. La vida no vale nada: ni para el preso en la espesura del monte, ni para el que va a liberarlo.

¿Hasta qué extremo hemos llegado? ¿Qué maldición cayó sobre el suelo de Colombia? ¿Por qué esta desgracia apocalíptica? ¿Cómo aceptar tanta muerte y tanta impunidad? Pero hay que admitir que llegó un Presidente valeroso, dispuesto a jugársela toda, a emplear las armas legales y el imperio de la autoridad, y a quien no le tiemblan la mano ni el espíritu para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El país respira ante esta luz de esperanza, pero sabe que falta mucho camino por recorrer para alcanzar la paz. ¿Podrá esperarse que los subversivos comprendan que deben ponerle término a su acción demencial?

En estos días ha vuelto a hablarse de la ley de canje como medio para que cesen los ataques guerrilleros. Es fórmula controvertida y peligrosa, porque perpetuaría el secuestro. Podría intentarse con fines humanitarios y por una sola vez, sobre la base de que no se permita la libertad de delincuentes condenados por delitos de lesa humanidad. Las armas enfrentadas no lograrán nunca la paz. Cuando de por medio hay problemas sociales y aparentes conflictos insalvables en las dos partes, las vías de la solución las da el diálogo.

Diálogo que se agotó en el pasado gobierno y que ojalá volviera a abrirse en el actual, si la guerrilla acepta las condiciones que fija el Presidente. De no ser así, seguiremos en guerra. Seguirán los secuestros y las asonadas. Ojalá algún día, con el concurso patriótico de todos, llegara a desterrarse el concepto de que la vida no vale nada, y pudiéramos decir: ¡Vale la pena vivir en Colombia!

El Espectador, Bogotá, 30-I-2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

Hace nueve meses la guerrilla, que desde años atrás siembra el terror en la zona que rodea la Sierra Nevada de El Cocuy, dinamitó el puente Pinzón, situado a pocos kilómetros de Soatá, capital de la provincia del Norte de Boyacá. Este desplazamiento guerrillero, con los conocidos sistemas de destrucción de la estructura vial, energética y de comunicaciones del país, indica los aviesos propósitos de bloquear el desarrollo de la vida comunitaria en lugares apartados.

La voladura de este puente, vital para el transporte humano y de los productos agrícolas, ha representado, durante los largos meses de lentitud oficial que han transcurrido sin restablecerse el tránsito, un desastre para los municipios afectados. Mientras tanto, aquella vasta geografía, que además tuvo que sufrir la incomunicación telefónica a raíz de los atentados contra las torres repetidoras de la región, vive momentos críticos de orfandad y miseria.

Las continuas amenazas de la guerrilla, por una parte, y la falta de garantías para la locomoción y el mercadeo de los productos regionales, por la otra, desencadenan una terrible situación de desespero y tragedia.

El punto vial más importante de aquella zona es Puente Pinzón, sitio histórico de Soatá, erigido hace más de cincuenta años en honor del general Próspero Pinzón, fiero combatiente de las contiendas bélicas del siglo XIX, que ocupó destacadas posiciones oficiales, como la de gobernador de Boyacá y de Cundinamarca, consejero de Estado y tesorero general de la Nación. El general no nació en Boyacá, pero desde muy niño fue trasladado a La Uvita –uno de los municipios atacados hoy por las fuerzas diabólicas–, donde hizo sus primeras letras. Y estuvo muy vinculado al departamento. Era oriundo del antiguo caserío cundinamarqués conocido con el nombre de Hatoviejo, que pasaría a ser el actual municipio de Villapinzón, bautizado así como homenaje a su hijo ilustre.

Puente Pinzón ha sido la mayor referencia turística de Soatá después de sus famosos dátiles. Está situado a ocho kilómetros de la población y hacia él se desplazaban las familias para gozar de los espléndidos paisajes de la hoya del Chicamocha y saborear los apetitosos platos de cabro, comida típica de la región. A tan corta distancia, la temperatura sube ocho y más grados en cercanías del río, donde se disfruta de grato ambiente.

Este paraje tropical, construido en tanto tiempo y con tan esperanzado empeño, se vino al suelo por la arremetida de la subversión. Fue suficiente un minuto de locura para arrasar con años de ilusiones. La imagen del general Próspero Pinzón fue destrozada por la dinamita. Los terroristas, que nunca prestan la cara, huyeron entre sombras, como ratas montaraces.

Y por allí deambulan como amos y señores de las tierras despojadas, sembrando el terror en la comarca, destruyendo pueblos y veredas, derrumbando puentes y redes de comunicación. Como los campesinos no pueden ya cardar en los campos abiertos las frazadas que les hacían ganar unos pesos para subsistir, porque se las roban los facinerosos, ahora deben hacerlo con sigilo, en la oscuridad de sus ranchos, con precarios medios de manufactura.

El tránsito por el Chicamocha no está interrumpido por completo. Volvió a ponerse en uso la tarabita, antiguo sistema para movilizar personas o cargas por medio de una cuerda gruesa o un cable de acero tendidos de una orilla a la otra. Estamos de regreso a las épocas primitivas.

El propósito de los moradores es no dejarse derrotar por el pánico, pero las penalidades son infinitas. Aquellos pueblos abatidos, que desde mucho tiempo atrás viven el empobrecimiento de sus tierras y vegetan como parias por causa de la desprotección oficial, están acorralados por la guerrilla y languidecen en medio de la angustia y la desesperanza.

Puente Pinzón, sitio antes floreciente y ahora destruido; pedazo de geografía patria a donde no llega la acción reparadora de las autoridades; lugar de recreo y labranzas, desfigurado por la barbarie, es un símbolo nacional que representa al país olvidado, a la provincia perdida que no logra encontrar el horizonte.

El Espectador, Bogotá, 21-XI-2002.

Por: Gustavo Páez Escobar

El drama de los desplazados por la violencia es hoy el mayor reto social que afronta Colombia. Es un problema de tal naturaleza, que no será posible lograr la tranquilidad pública y superar los desastres económicos que nos tienen al borde del colapso, sin taponar antes esta vena abierta que representa una sangría permanente en la vida nacional.

La cifra de los desplazados, que todos los días crece con peores efectos, se aproxima a tres millones. Mientras esas corrientes migratorias abandonan a marchas apresuradas los campos y los pequeños municipios, las grandes ciudades, sobre todo Bogotá, reciben el impacto de esa población desestabilizada que entra a aumentar los nudos de pobreza que no logran desatar las autoridades.

La violencia ha desvertebrado el mapa cultural del país al desarraigar a la gente de su hábitat y alejarla de sus costumbres y querencias, creando estados de angustia y frustración en esos seres errátiles y sin horizontes que deambulan como parias por los centros urbanos, sin esperanzas ni ilusiones que les alivien la miseria cotidiana. ¿Qué va a hacer Colombia para remediar esta catástrofe que destruye la dignidad de la vida y para cuya solución no se encuentran a la vista dineros suficientes ni fórmulas eficaces?

Los miles de colombianos que huyendo de las balas asesinas se han ido a las ciudades en busca de seguridad y trabajo, violentan sus almas al romper su identidad con las tierras nativas y renunciar a sus tradiciones y hábitos, que constituyen su razón de ser. El individuo ha de estar atado a lo que orientó sus primeros pasos y le permitió el desarrollo de la personalidad.

Si estos hilos afectivos se destrozan, no puede haber felicidad ni progreso, ni confianza en el país y en las autoridades. Cuando se llega a esa situación nebulosa, donde incluso la fe en Dios se debilita, la propia idiosincrasia nacional se resquebraja. Es aquí donde los gobiernos deben poner todo su esfuerzo por propiciar el bienestar público, para devolver la paz espiritual a los colombianos.

De enero a junio de este año aumentó en doscientas mil personas el número de los desplazados. Los campos se están quedando sin agricultores. La relación con la tierra, que en otros tiempos era una enseña de la patria, es hoy cada día más precaria. Según estudio de la ONG Codhes, tres millones y medio de hectáreas (35 mil kilómetros cuadrados), el equivalente a 14 veces el tamaño de Bogotá, «fueron abandonadas o cambiaron forzosamente de dueño desde 1996 hasta final de 2001».

A los tres millones de nómadas a que se acercan los nuevos habitantes citadinos, hay que agregar el millón más que corresponde a los colombianos que en los últimos cuatro años salieron del país y no regresaron. Son personas desesperadas que van en busca de mejor suerte, aunqu pocos son las que la consiguen. En reciente viaje a Estados Unidos, tuve oportunidad de conversar con varios compatriotas y enterarme de las difíciles circunstancias que viven los desplazados en aquel país, a merced de la explotación laboral, la falta de empleo o la resignación a oficios miserables.

Colombia se está desintegrando. La violencia ha impuesto otro esquema: el del desarraigo y la destrucción de la identidad. Ya ni siquiera sabemos cuántos habitantes somos, tanto en lo regional como en lo nacional, porque el éxodo constante ha distorsionado los mapas y desdibujado las regiones. Colombia es un país paria.

Es una realidad que hay que aceptar. El Gobierno debe buscar medidas urgentes para remediarla. A Nicolás, nacido en días pasados, el capricho de las estadísticas se le antojó asignarle el número 44 millones. ¡Falso! La falta de censo reciente –por falta de dinero para ejecutarlo–, en este país mutilado por los miles de muertes violentas, por los colombianos que se van y no regresan y por otros fenómenos contemporáneos, hace pensar en otra cosa.

No importa si somos 40 o 44 millones. La dolorosa verdad es que los violentos y los gobiernos nos han tratado mal. Veremos si en los próximos cuatro años, que se anuncian de reconstrucción nacional, se eliminan las caravanas de desplazados que hoy hacen invivible el aire de las ciudades y desolador el rostro de los campos.

El Espectador, Bogotá, 10-X-2002.

Por: Gustavo Páez Escobar

Las fotografías aéreas que exhibió el presidente Pastrana la noche en que se rompieron las conversaciones con las Farc dejaron la imagen nítida del fortalecimiento de la guerrilla en la espesura de la selva. La opinión pública venía insistiendo en todos los tonos en que el sostenimiento de la zona de distensión era el camino preciso para que los revoltosos, con el pretexto de un escenario adecuado para el diálogo, fortalecieran su poder bélico.

Al final de estos tres años de conversaciones inútiles, cuando la tolerancia presidencial había resistido al máximo los desmanes y provocaciones de los interlocutores habilidosos, empeñados en sembrar el caos y derrumbar la autoridad, aparecieron en la televisión las revelaciones inequívocas sobre lo que el pueblo ya sospechaba.

El Ejército y la Fuerza Aérea fueron los encargados de captar desde el aire el testimonio incontrastable sobre el auge de la guerrilla mediante la construcción de carreteras y aeropuertos clandestinos, laboratorios de droga, campamentos de guerra y otros puntos estratégicos con que pretende montarse un monstruoso imperio selvático.

¿Por qué, si el Presidente conocía desde buen tiempo atrás este documental fotográfico, existía tanta indecisión y tanta largueza –o tanta flojera– frente al cese de los diálogos? ¿Por qué, desde meses o años atrás, no se levantó el Gobierno de la mesa de negociaciones y se evitó la prolongación de la atroz ola de violencia que desangra al país?

Para ello fue necesario que el pueblo reventara de dolor y que las fuerzas vivas de la patria, expresadas a través de los candidatos presidenciales, de los gremios de la producción y de infinidad de voces aisladas, dejaran oír el último estertor de la agonía.

El candidato que más claro y con mayor firmeza y credibilidad ha hablado al país en medio del caos imperante, con el consiguiente eco en la conciencia pública, ha sido Álvaro Uribe Vélez. Su propuesta de enfrentar al terrorismo con las armas de la autoridad y la ley, sin titubeos ni concesiones, aunque con sensatez y cabeza fría, le abrió amplio panorama político que le ha permitido ganar en corto tiempo el caudaloso plebiscito que lo convierte en la mayor opción para el gobierno próximo. A la claridad de los programas debe sumarse la contundencia de la acción, y de ello dio amplia muestra como gobernador de Antioquia.

Uribe Vélez personifica el grito de insatisfacción y esperanza que vibra hoy en todo el territorio nacional. La ciudadanía se cansó de la mano blanda y busca decisión y entereza en el trato con los terroristas. Los aleves ataques a la población civil, los secuestros permanentes, el arrasamiento de pueblos y vidas humanas, la voladura de torres de energía eléctrica, la destrucción de la riqueza nacional, la inseguridad en las carreteras, el pánico y la barbarie que se enseñorean de la vida cotidiana han hecho de Colombia un país invivible. Alguien tiene que salvarlo.

Lo más rescatable de los tres años de Pastrana perdidos en la conquista de la paz es el haber destapado los propósitos de la subversión. A la vista,  como referencia del trajinar guerrillero por el monte, está el álbum de fotografías con que se reveló el secreto que nadie ignoraba. La claridad de las fotografías, unida a la vehemencia de la alocución presidencial, llenaron   el alma de perplejidad y enojo.

Ya a nadie le cabe duda de que la intención de los guerrilleros, disfrazada con el argumento de las reivindicaciones sociales, es tomarse el poder por la vía de las armas. Objetivo imposible de alcanzar y que ha desatado la guerra abierta que viene tras el rompimiento de las conversaciones.

El país, que mira con horror la época violenta que se presiente, espera que aparezca una tabla de salvación. Por eso, por lo vivido y por lo que teme vivirse, la opinión pública busca un vigoroso cambio gubernamental frente al terrorismo declarado, para que no terminemos todos en las fauces del lobo.

El Espectador, Bogotá, 28-II-2002.