Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Ojalá la carrera de nuevas cargas impositivas, tan marcada en el actual Gobierno, se haya detenido, como parecen indicarlo las últimas noticias. Hoy el tono del Ministro de Hacienda, que en los comienzos de su administración se mostró muy vehemente en favor de la mayor tributación, se ha moderado. Nadie ignora que los impuestos son necesarios para adelantar los planes sociales y de seguridad nacional, pero cuando se vuelven excesivos o irreflexivos, y sobre todo cuando las más afectadas son las clases populares, se crea malestar social.

El proyecto que se pensaba llevar a cabo hubiera significado la cuarta reforma tributaria del gobierno Uribe en menos de dos años. Esto representa un desborde administrativo, y como tal, un despropósito. Una sola reforma tributaria debería ser suficiente para los cuatro años de una administración. Colombia ya no resiste más impuestos. Este clamor general se escucha a lo largo y ancho del país, y por fortuna se detuvo el ánimo alcabalero.

En la cumbre de gobernadores realizada en el municipio quindiano de La Tebaida, el Presidente expuso la idea de arbitrar un billón de pesos para el sector social, el que, dicho sea de paso, ha tenido poca atención en su gobierno, por destinar la mayor parte de los recursos a las operaciones militares contra la guerrilla. ¿De dónde saldría ese billón de pesos? De las clases pobres, mediante el gravamen del 2% a los productos exentos de la canasta familiar.

El nuevo IVA del 2% era parte de la reforma tributaria aprobada en el  2002, pero en septiembre del 2003 lo tumbó la Corte Constitucional por considerar que era inequitativo por afectar el bolsillo de los pobres. No obstante, el Presidente  volvió a insistir en este gravamen, desoyendo el clamor nacional e incurriendo en una lamentable terquedad. En esta ocasión fue el Congreso el que no le dio vía libre a la iniciativa.

Una carta publicada por El Tiempo el 29 de marzo, y suscrita por Magdalena Uribe, critica la incomprensible exageración del Presidente en esta materia: “Ha puesto impuestos por doquier. La salud está catastrófica y se cierran hospitales. La gasolina sube todos los meses. Un senador gringo dice que Uribe no se ha preocupado por lo social; solo por la guerra. Si al pueblo no se le dan empleo, salud, educación y vivienda digna, nunca se acabarán la guerrilla ni el paramilitarismo”.

Carta que refleja la inquietud social que en estos momentos se siente en el país. El pueblo está satisfecho con la seguridad en las carreteras y con los operativos contra la guerrilla (que han costado un dineral, salido en buena parte de anteriores tributos) y se resiente cuando se le imponen más sacrificios. Lo sensato es reorganizar la administración de los impuestos existentes para que produzcan más, y buscar otras fuentes de financiamiento.

Se sabe ahora, como solución milagrosa para los contribuyentes, que el nuevo proyecto de reforma tributaria se consumió por efectos de la desintegración del Pacto Político y el criterio del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que el país no requiere más impuestos durante este año y el siguiente. Que así sea.

El Espectador, Bogotá, 6 de mayo de 2004.

Por: Gustavo Páez Escobar

En la propia tierra del Presidente estalló el escándalo de los derroches oficiales. Esto representa una gran ironía dentro de la política de austeridad pregonada por el doctor Uribe. Este capítulo bochornoso sale a la luz pública al conocerse la compra, por parte de Edith Cecilia Urrego, gerente de las Empresas Públicas de Medellín, de una vajilla de noventa millones de pesos. En el lado opuesto de este despilfarro están las dificultades económicas que deben sortear miles de usuarios para pagar las cuentas de los servicios públicos, y el hambre física que sufren infinidad de familias por falta de recursos para subsistir. Según encuesta de Calidad de Vida, en el país hay 77.000 hogares donde alguno de sus miembros deja de consumir las tres comidas uno o más días a la semana.

Mientras tanto, sentarse a manteles en la empresa insignia de los antioqueños habría tenido un costo de dos millones de pesos por cabeza -si no se frena a tiempo el abuso-, sin contar el costo de las viandas y los licores, que la alegre funcionaria se proponía brindar en bandeja de plata a los miembros de la junta directiva e invitados especiales.

Rodrigo Sanín Posada, columnista del periódico El Mundo, bautizó como “la vajilla de la reina” el lujo exorbitante que se iba a pagar con dineros públicos. Y un corresponsal antioqueño escribe una carta a El Tiempo donde dice que “los mejores fríjoles que se han servido en las Empresas Públicas de Medellín los sirvió el exministro de Hacienda Diego Calle Restrepo en bandejas, platos y cazuelas de barro”.

Estas actitudes representan los polos contrarios de la vida colombiana en el manejo de los organismos oficiales: mientras el exministro Diego Calle hizo de las Empresas Públicas de Medellín la institución más respetable y eficiente del país, y al mismo tiempo mantuvo una rígida política de austeridad, la gerente de los tiempos actuales (y aquí habría que involucrar a la junta directiva y sobre todo a su presidente, el Alcalde de la ciudad) incurre en el exceso de la vajilla millonaria y de otros gastos estrafalarios.

En la misma tierra del Presidente estalla otro escándalo, esta vez en la cuenta de gastos reservados de la Policía. De ella se utilizaron once millones de pesos para banquetes, tres millones para licores y otros tres para pasabocas. Y además se pagaron esculturas, obras de arte, bolígrafos, relojes y joyas. ¿Quiénes fueron los destinatarios y cuáles las razones para ser favorecidos con estos obsequios? Es lo que falta aclarar. La sola caída del comandante de la Policía en Medellín no es suficiente para que la opinión pública quede satisfecha. ¿Cómo va a quedar satisfecha la ciudadanía cuando así se malgasta el presupuesto de las entidades?

Isabel Cristina Vargas, gerente de la Empresa Telefónica de Pereira, la que es  una dependencia de las Empresas Públicas de Medellín, compró con la tarjeta empresarial, como regalos para funcionarios y miembros de la junta directiva, artículos como hornos microondas y televisores. Por otra parte, ordenó destituciones irregulares de empleados antiguos, para vincular a personas provenientes de Medellín, amigas del alcalde Pérez Gutiérrez. Las indemnizaciones por este acto le representaron a la entidad 600 millones de pesos.

Otro funcionario cuestionado es el Alcalde de Medellín. Se dice que su alianza con el Concejo ha permitido la aprobación de grandes partidas para obras consideradas suntuarias o innecesarias, como las siguientes: la adquisición del hipódromo ubicado en Guarne, cuyo costo está calculado en 8 mil millones de pesos; el techo de La Macarena, las tres ciclorrutas y el cercamiento del Atanasio Girardot, proyectos que costarían 19 mil millones; construcción de la biblioteca temática de las Empresas Públicas, con un costo de 18 mil millones…

Sobre este proyecto opina Jorge Orlando Melo, director de la biblioteca Luis Ángel Arango, que no es sensato invertir esta suma astronómica en una biblioteca especializada que casi nadie va a ver.

Esta serie de derroches le dejan muy mal sabor al país. Ha estado de malas el Presidente, muy de malas, cuando sus propios paisanos quebrantan los códigos de la pulcritud y la austeridad para embarrar la imagen del Gobierno. En adelante, la “vajilla millonaria” se convertirá en símbolo de abuso y corrupción.

El Espectador, Bogotá, 27 de noviembre de 2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

Dice la noticia que la casa señalada con el número 8-50 de la carrera 13, donde vivía la familia Flórez Peña desde hacía 43 años, fue demolida en 15 minutos. Llegó la retroexcavadora enviada por las autoridades y le puso punto final al barrio más turbulento de Bogotá. Aquí proliferaron toda clase de vicios y delitos en medio de la comercialización y consumo de drogas y el tráfico de armas. Los indigentes, drogadictos y malhechores encontraban fácil acomodo en este sórdido lugar de la capital, donde con pocos pesos se compraba el basuco y se alquilaba una pieza para pasar la noche.

Ningún alcalde lograba erradicar este antro de corrupción y miseria. Eso sí: todos pensaban hacerlo, pero aplazaban la idea. Le tenían miedo a enfrentar el problema social que se escondía en las casuchas donde vegetaba la peor crápula de la ciudad, compuesta por 14.000 personas sin Dios y sin ley. Esa degradación humana arruinó la calidad de un barrio que en viejas épocas fue habitado por familias distinguidas, en casonas confortables, y que más tarde pasó a ser una plaza de mercado y luego un paradero de buses. Al amparo del deterioro constante llegaron los rateros y los vagabundos.

Quedaba la familia Flórez Peña, dedicada al negocio de cafeterías. Quince años atrás, el marido abandonó a María del Carmen, su mujer, y ésta pudo subsistir gracias a su destreza para vender comidas y cigarrillos. Después montó una cafetería cerca al paradero de buses, y como poseía habilidad para hacer crecer el capital, también instaló una venta de dulces y ponqués. Gracias a esas actividades, pudo levantar a sus numerosos hijos, y éstos, a medida que crecían, entraban a fortalecer las finanzas del hogar. Ahora la casa ha sido derrumbada por la retroexcavadora, dentro de un operativo de 200 hombres de la Policía que se presentaron a clausurar los últimos vestigios de El Cartucho.

Fue el alcalde Peñalosa quien se atrevió a extirpar este foco de inmundicia social y urbana que se había dejado avanzar hasta extremos inconcebibles. Recuerdan los bogotanos que aquí tenía montado su imperio un comerciante de la droga, a quien se veneraba como el amo del barrio, y que un día cayó abatido en la vía pública. La ley de la bala y el cuchillo imponía su mando del terror y la muerte, y era normal que las pandillas se exterminaran entre sí y que no pocos desechables quedaran silenciados en las calles fantasmales.

Territorio diabólico al que no se podía penetrar, so riesgo de perder las pertenencias y la vida. Cuando el alcalde Peñalosa ordenó el desalojo e inició la tarea de demolición, el orden público se alteró de inmediato, de manera peligrosa. Pero la Alcaldía no echó marcha atrás. Y hoy ha caído la última casa, la de la familia Flórez Peña, que representaba un símbolo del trabajo honrado en medio de la descomposición general. Fue preciso arrasar el barrio, como si se tratara de una acción hitleriana, para luego purificar el ambiente y poner los cimientos para el parque público Tercer Milenio. La ‘olla’ del vicio se cambiará por un terreno de flores. De esta manera se rehabilitará un valioso sector deprimido de Bogotá, y con el tiempo será posible encontrar un barrio decoroso.

Ahora viene la pregunta fundamental: ¿Se ha remediado el problema, el verdadero problema, que es el social? Los ‘ñeros´se desplazaron con su basuco, su marihuana y su alma envenenada a otros sectores de la ciudad. Pero el programa de demolición no contempló la rehabilitación de los moradores. El hombre es el que menos ha contado: ha sido más importante la readecuación de de la zona.

Para que la acción oficial sea completa, se requiere que a estos parias de la sociedad se les ubique en sitio digno, se les proporcionen medios de trabajo y se les encarrile hacia la vida decente. De no ser así, como parece que no lo es, lo único que se ha logrado es que el mal se repliegue a otros lugares, donde volverá a crecer la mala yerba. Dicho en otra forma, se echó tierra -al paso de la retroexcavadora- a unas raíces de fácil germinación en otros predios.

Por: Gustavo Páez Escobar

Los recientes sucesos registrados en el Partido Liberal al retirarle el apoyo a su candidato a la Alcaldía de Bogotá y adherir a otro movimiento político, indica  la profunda crisis por que atraviesan las ideologías y los principios. Ante esta situación, el doctor Fernando Londoño Hoyos, ministro del Interior y de Justicia, manifestó que los partidos en Colombia están muertos y que “lo que no ha habido es un notario que levante el acta de defunción”.

Frente a las elecciones que se avecinan, no se necesita ser mago para adivinar que la mayoría de ganadores, comenzando por la capital del país, no serán los que representan a los partidos tradicionales sino los inscritos en movimientos independientes. Este panorama subsiste desde hace mucho tiempo. Me he acordado, a propósito, de un artículo que hace 23 años escribí en estas páginas y que pinta, con asombrosa exactitud, la misma realidad que hoy se vive. Impresiona esta dramática radiografía sobre la apatía nacional hacia todos los dirigentes de la vida pública. Dice así aquella columna:

Seamos sinceros. El país está cansado de los políticos. Nada nuevo le ofrecen, y menos le cumplen. En vísperas electorales se escuchan los más diversos planteamientos y los más halagadores. Pasada la algarabía de las urnas, todo queda lo mismo y a veces peor. Pero se había prometido el cambio total. Todo lo que el ciudadano tenía que hacer era abrir bien el ojo para no dejarse engañar. ¡Cuidado con votar por el candidato equis, que es godo! Los godos no dejan avanzar al país. Otra voz advertía: ¡Mucho ojo a los liberales! Son apasionados y por eso estamos como estamos. ¿No ven que López Michelsen fue una frustración nacional y Turbay Ayala nos pintó un paraíso y nos salió con un régimen de carestías? El de más allá exclamará: Belisario, que anunciaba educación gratuita y vivienda sin cuota inicial, tampoco hubiera cumplido. ¡Para eso se necesita el comunismo! Es el único que entiende los dolores del pueblo y que conseguirá el equilibrio social…

Pero el pueblo no cree. La palabra de los políticos está desgastada. Han pasado los tiempos en que se era conservador o liberal por familia, y acaso por ideas, para llegar a los tiempos presentes, donde los postulados de los partidos son letra muerta. ¿Habrá alguna diferencia en nuestro país entre ser liberal o conservador o comunista? Los hechos son los únicos que cuentan. Lo demás serán frases vanas e inútiles banderías. Y existe algo curioso, que debería alarmar a nuestros dirigentes: la inmensa mayoría del pueblo no tiene partido. A la gente le da lo mismo que gane el rojo o el azul, y ni siquiera le tiene miedo al comunista, que antes era símbolo del terror.

Gastan el tiempo nuestros líderes incitando las pasiones sectarias de un conglomerado amorfo y apático que sólo cree en la causa del estómago. Con el estómago vacío, y los hijos sin educación, y la familia sin techo y sin salud, no se puede pensar en colores. El hambre es negra. Dejen, pues, los políticos de esforzarse en zumbones discursos que a nadie convencen y acuérdense que al electorado sólo lo conmoverán las causas grandes. No le hablen con lenguaje demagógico, porque éste se volvió intraducible.

El pueblo recela de quien habla mucho en las campañas, porque se acostumbró a la charlatanería política, o sea a las mentiras sociales. Lo mismo en el panorama nacional que en el marco de la provincia, el verdadero político es el que hace obras. No le interesa que sea conservador o liberal o socialista. Los electores buscan gente capaz, gobernantes honestos y progresistas, y al no encontrarlos, se abstienen.

El maestro Echandía, un filósofo de las ideas liberales, se avergüenza del liberalismo colombiano. Los más enardecidos de la política de su partido estrellan contra él guijarros de todas las dimensiones y lo condenan por blasfemo. Pero ha dicho la gran verdad colombiana (que actualiza hoy, 23 años después, el doctor Londoño Hoyos, del partido contrario), verdad común a los dos partidos, porque las banderas de auténtica transformación social de nuestras colectividades están recogidas. Se necesita quién las agite, pero sobre todo quién convenza a estas inmensas legiones de gente descreída.

Cosa seria le está sucediendo a nuestra democracia cuando no vota siquiera la mitad de los electores. La representación popular está ausente porque no consigue quién la conmueva. Entre tanto, quiérase o no, no hay quórum en Colombia.

Por: Gustavo Páez Escobar

De acuerdo con estimativos de las autoridades, las denuncias que se ponen en el país por abusos sexuales no pasan del diez por ciento de los casos ocurridos. El año pasado, según tales denuncias, se presentaron 14.421 actos de violencia carnal, de los cuales el 85 por ciento correspondieron a menores de edad. Si nos guiamos por el cálculo oficial, el dato verdadero llegaría a 144.000 abusos sexuales cometidos en el año 2002. La situación, por supuesto, es alarmante.

¿Por qué el 90 por ciento de las personas irrespetadas no acude a las autoridades? Puede pensarse que el primer motivo reside en la vergüenza, y  luego en la falta de confianza en la justicia. Los engorrosos y penosos trámites judiciales que debe cumplir una persona que ha sido violada, la hace desistir, salvo pocas excepciones, del recurso legal. Para las mujeres, más allá de los molestos exámenes físicos y de la ingrata narración de los hechos, está el temor de que su episodio deje de ser confidencial al pasar a conocimiento de los funcionarios.

Además, a la víctima de una violación le surge la sospecha de que será mortificada muchas veces dentro del proceso, con interrogatorios, choques con el agresor y su abogado, ampliación de pruebas y demás vericuetos por donde se fuga la efectividad de la ley. Es obvio que el procedimiento penal debe atenderse con rigor, en procura de una recta justicia. Pero este esquema resulta mucho más teórico que atractivo. Por eso los agredidos prefieren callar. Y por eso, al amparo de la impunidad, el delito crece todos los años.

Registra la prensa el caso de un violador de sus propias hijas que en octubre de 2001 fue condenado a 29 meses de prisión por un juzgado de Cali, quedando luego en libertad por orden del mismo despacho, mediante la firma de un acta de compromiso. Dos meses después, la esposa volvió a denunciar la misma situación ante una fiscalía de Cali, que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento por tratarse de un caso ya juzgado. Aquí es donde comienza la justicia a tambalear y el crimen a prosperar. La señora, a sabiendas de que la libertad de su esposo constituía un peligro para sus hijas, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Cali, pero éste falló a favor del fiscal.

A la madre de las pequeñas ya no le quedaba nada por ejercer ante la justicia. Y acudió a sus propios procedimientos: provista de una filmadora, grabó desde un clóset la escena donde el marido violaba a su hija de once años. Estos sucesos desconcertantes son los que hacen desconfiar de la justicia. He ahí una explicación a la pregunta atrás formulada, de por qué el 90 por ciento de las violaciones sexuales no son puestas en conocimiento de las autoridades.

La crónica judicial da cuenta de dos capítulos bochornosos para la sociedad y las familias afectadas, y que representan dantescos cuadros de criminalidad masiva: el de Luis Alfredo Garavito, violador y asesino confeso, que admitió haber abusado de más de 140 menores de edad (las autoridades creen que pasan de 200, ya que las víctimas fueron enterradas por el asesino en lugares secretos); y el de Manuel Octavio Bermúdez, que reconoció la violación y asesinato de 34 menores, capítulo que hasta ahora comienza.

Estos depravados son fieras humanas poseedoras de los peores instintos de brutalidad y degeneración, e indignos, por lo tanto, de vivir en sociedad. Sin embargo, sólo hace poco cayeron en manos de la justicia, varios años después de cometidas sus atrocidades. Cualquiera se sorprenderá con la valoración que un siquiatra de Medicina Legal hace sobre la personalidad de Manuel Octavio Bermúdez: “No está fuera de sus cabales, es consciente de los abusos sexuales y los asesinatos de niños, y entiende la dimensión de los crímenes”.

La violación es una de las conductas más abominables del ser humano, y su creciente incidencia representa en Colombia verdadera calamidad pública. ¿Qué va a hacer el Estado para librarnos de estos criminales sueltos que han perdido todo respeto por la ley, la sociedad y la gente?