Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

Comienza el año con un signo promisorio para el país: la salida a la libertad del exministro Fernando Araújo tras seis años de permanecer prisionero de las Farc en los Montes de María. Según la cuenta rigurosa que llevaba en la selva, su martirio se prolongó por espacio de seis años, un mes y un día, cifra que parece cabalística. Día a día, hasta completar el guarismo señalado, abrigó la esperanza de que su cautiverio encontraría al fin la liberación de las atroces torturas a que era sometido.

Con la fe del montañero, que está bien calificada en su caso, vislumbraba el regreso a la vida, a su familia y a la sociedad, si era capaz de superar el infortunio y mantener la serenidad en el momento que le llegara la hora del rescate o de la fuga. Como practicante del ejercicio físico –disciplina en que fue secuestrado en una vía de Cartagena–, todos los días ejercitaba los músculos y fortalecía el espíritu, pensando siempre que debía desafiar cualquier obstáculo para salir de su cárcel sembrada de espinos y de abrupta vegetación.

El hecho de emprender la huida cuando irrumpieron los disparos del ataque aéreo que buscaba rescatarlo, y luego caminar durante varios días sin contar con agua ni comida y en medio de toda suerte de penalidades, hasta llegar a sitio seguro, representa una verdadera odisea en la historia de las luchas guerrilleras. Cuando para Fernando Araújo todo parecía terminado, su coraje y ganas de sobrevivir rompieron las cadenas bárbaras de su esclavitud.

Llegó extenuado, casi con el último aliento de vida, y se presentó ante el país como la constancia asombrosa de un acto de heroísmo que pocos colombianos pueden realizar en esta guerra fratricida que parece no tener fin, empeñada en la tortura y la destrucción. Los otros 58 secuestrados políticos sienten una lejana esperanza para que su suerte se resuelva con la fórmula del intercambio humanitario. El derecho a la vida debe primar por encima de cualquier otra consideración.

La odisea de Fernando Araújo, en pleno despertar del nuevo año, escribe un mensaje de optimismo que el país debe recibir como presagio esperanzador en medio de las calamidades que nos agobian. Algún hado prodigioso vuela hoy por el horizonte de la patria para animarnos a ser resistentes en la desdicha, hasta conseguir –con la cábala del 6-1-1 que no dejó desfallecer al exministro– derrotar las cadenas que nos oprimen.

El Espectador, Bogotá, 11 de enero de 2007.

Por: Gustavo Páez Escobar

Recorrido por Armero un año después de su destrucción (13 de noviembre de 1985). Homenaje perenne a Omayra.

Presentí que me hallaba en proximidades de Armero por una tumba que apareció al borde de la carretera. Me detuve ante ella y me sentí sobrecogido. Estaba revestida de flores rojas recién colocadas. La pequeña cruz, clavada sobre lo que una vez fue terreno fértil y ahora se había convertido en erial impresionante, parecía una oración solitaria que iniciaba el clamor por los 25.000 muertos que había dejado la tragedia.

Tierra reseca y resquebrajada, poblada por árboles carcomidos y envuelta en denso silencio, comenzó a surgir al paso del vehículo como un espectáculo macabro. A lado y lado de la deteriorada carretera, ahora en plan de rectificación, la Cruz Roja tiene instaladas varias vallas que anuncian las obras en marcha para rehabilitar la región. Una valla con el nombre de una hacienda desaparecida llora por sus trabajadores muertos y proclama su solidaridad con Armero.

Pero Armero ya no existe. Cuando me situé frente a la gigantesca cruz de cemento levantada en medio del camposanto en que quedó convertido el pueblo, y ante la que oró el Papa el 6 de julio de 1986, recibí el latigazo de la soledad. Apenas un vehículo recorría en ese momento la morada de los muertos, y yo, desde lejos, lo veía avanzar por entre cruces y detenerse de trecho en trecho frente a los innumerables testimonios de la población evaporada. Unos árboles mutilados y ennegrecidos enmarcaban el cuadro dantesco.

Un vendedor de paletas esperaba la llegada de los turistas. Me acerqué y le compré un helado. Era el primer ser vivo que se me presentaba en aquel campo funerario. Parecía un contrasentido que algún mortal fuera capaz de establecer su negocio para vivir, en alguna forma, a expensas de la muerte. La atmósfera era incendiara: 42 grados.

El buen hombre se las había ingeniado para subsistir. Ancho sombrero de paja le protegía la cara rojiza contra la inclemencia canicular. Le pedí que me contara algo. “Ya lo ve usted –respondió–: cruces y soledad”. Le pregunté por la plaza y me dijo que estábamos en ella. Todo se había borrado. Sólo aparecía en pie, como salida de un bombardeo, la bóveda del Banco de Colombia, que había sido volada con dinamita para rescatar cifras millonarias. La única bóveda, por cierto, en medio de la fosa común donde hoy duermen 25.000 almas aglutinadas por el peor desastre de Colombia.

Ernesto Alcalá, el vendedor de las paletas, me dejó hablando con los difuntos cuando notó la presencia de otro carro. Corrió presuroso con su pequeña caja de madera, su respetable herramienta de trabajo –marcada con el nombre de Heladería Koky –, y de seguro se sintió contento con los nuevos visitantes que no rehusaron su mercancía elemental.

Me acordé, entonces, de la sed de Omayra, la niña que permaneció durante tres días y tres noches –noches pavorosas– luchando con la muerte y desintegrándose a dentelladas por el fango. El rostro de Omayra, que un fotógrafo captó en todo su dramatismo, es el rostro de Armero. Omayra encarna el dolor colectivo del pueblo castigado por la naturaleza.

La niña, que había quedado dominada por ríos de barro, sin modo de salir de su prisión, es el mayor símbolo de la catástrofe. Como ni después de muerta fue posible rescatarla, se le consumió cubriéndola con puertas de madera y tejas de barro.

Con Omayra se consumió también la población. Murió rodeada de fango y de pepas de café. Parece como si se hubiera llevado consigo las 25.000 hectáreas de producción agrícola arrasadas por la furia del volcán. Lo que yo realmente vi en mi peregrinación fue la mirada juvenil y languidecente de la niña. Mirada de angustia que se reproduce en miles y miles de cruces que hoy cubren la planicie desolada.

El rostro de Omayra Sánchez vaga por el territorio de las sombras frente al espectacular nevado del Ruiz que se divisa de frente, en la distancia, cual majestuoso Olimpo castigador.

Aún se notan los vestigios de la llovizna de ceniza que cayó sobre la tierra pavorida. El río Lagunilla, si todavía existe –mensajero de la adversidad y la destrucción–, está escondido. Tal vez se siente apenado y prefiere llorar entre pedregones, sin que nadie lo vea, su equivocación siniestra. Los árboles retorcidos que quedan en la llanura de la muerte parecen el último rastro de una naturaleza que, antes viva y floreciente, es ahora un desierto de lágrimas.

El Espectador, Bogotá, 30 de marzo de 1987, 16 de noviembre de 2005, 16 de noviembre de 2015.
Eje 21, Manizales, 16 de noviembre de 2015.

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Comentarios
(30 años después: noviembre de 2015)

Bella crónica, humana, triste y real como el barro que sepultó a Armero. Los momentos de soledad y de dolor hacen brotar páginas como esta. Todos recordamos la tragedia –anunciada,  dicen– y el rostro de la niña que no lo borrará la historia. Inés Blanco, Bogotá.

Excelente y sentido artículo sobre la tragedia de Armero. Sobre Omayra, siempre me quedó la inmensa inquietud de que no se hizo lo suficiente para salvarla de su angustiosa y lenta muerte. Si ella hubiese sido la hija de algún político o personaje importante… ¿la hubieran dejado morir allí atrapada?  Yo creo que no. Eduardo Lozano Torres, Bogotá.

Este es un recuerdo muy triste, ojalá aprendamos de nuestros errores para que no se vuelvan a repetir. Joaquín Gómez Merlano, Bogotá, noviembre/2015.

Por: Gustavo Páez Escobar

Jaime Castro era el alcalde de Bogotá en 1994. Durante buena parte de su gobierno tuvo baja imagen en las encuestas, la que en algún momento amenazó su gobernabilidad. La ciudadanía le reclamaba mayores resultados y protestaba por algunas fallas cruciales, como el abandono de las calles y la creciente ola de inseguridad. (Situación que poco se diferencia de la actual, donde las calles están convertidas en verdaderos cráteres y la violencia callejera mantiene intimidada a la gente). Aquel estado de inoperancia -como entonces se le calificó- llevó al M-19 a adelantar una campaña para pedir la revocatoria del mandato.

El silencio del Alcalde enardecía los ánimos y creaba mayor inconformidad y frustración ciudadanas. Se pensaba que esa actitud entrañaba un desaire para la opinión pública, cuando no una insalvable carencia de empuje gerencial. Lo que se ignoraba era la dedicación absoluta del funcionario, con jornadas de 14 y 16 horas diarias, a resolver los problemas estructurales de la capital, los que aparte de frenar el progreso anulaban los mejores empeños, como había sucedido en la administración de Caicedo Ferrer.

Jaime Castro prefirió sacrificar su prestigio y su tranquilidad a cambio de reorganizar los obsoletos mecanismos que no dejaban ejercer una administración en realidad eficiente. Pensaba más en el futuro de Bogotá que en su propio descrédito personal. Su propósito central era salvar a la ciudad del morbo de la politiquería incrustado en el Concejo, y además poner las bases para recuperar las finanzas y conseguir la necesaria estabilidad económica y gubernativa.

El reparto del poder entre la Alcaldía y el Concejo, facilitado desde vieja data por la degeneración de las costumbres y la falta de claridad de las normas, permitía un detestable contubernio entre ambos poderes y un nefasto foco de corrupción pública, circunstancia que esterilizaba los mejores propósitos y producía graves daños a la ciudad.

El Alcalde no pasaba de ser un prisionero de los concejales, situación que había llevado a la cárcel a Caicedo Ferrer por traspasar algunos linderos viciados por los hábitos permisivos y lindantes con la ley penal. Los  ediles eran los dueños de la ciudad.

El mayor afán de Jaime Castro fue la rectificación política, fiscal y administrativa del Distrito. Objetivo que logró mediante el Estatuto Orgánico de Bogotá, que fijó pautas precisas para impulsar el desarrollo que ha tenido la urbe en los últimos años. Esa fue su obra capital. Gracias a ella se ha ejecutado un estilo nuevo de gobierno y se han podido adelantar obras fundamentales. Hoy se sabe a ciencia cierta, aunque son muchos los que lo ignoran, que sin la herramienta legal conquistada por el Estatuto, el atraso capitalino sería desastroso.

Un año intenso de estudio y trabajo le exigió al alcalde Castro la aprobación de dicha reforma, que adelantó en forma casi solitaria y con poco apoyo del Gobierno nacional, y además con el costo de su desprestigio. Logrado ese avance, se dedicó a hacer obras, y de esa manera recuperó la imagen perdida, en la última etapa de su gobierno. Y demostró que la reciedumbre moral vale más que caprichosas clasificaciones en las encuestas.

En reportaje que por aquellos días le concedió a Juan Mosca, recogido en el libro Tres años de soledad, recordaba el Alcalde, próximo ya a terminar su mandato, el pasaje de la Biblia donde uno es el que siembra y otro el que recoge. Es lo que se ha visto en los años posteriores a 1994. Con motivo de la nueva postulación de Jaime Castro para la actual contienda electoral, enfrentado a otras tendencias y a otros tiempos, no he resistido el deseo de repasar el inventario de sus realizaciones, esbozado en el reportaje de Juan Mosca, para sacar mis propios elementos de juicio frente al escrutinio que se avecina.

La decisión no es fácil cuando en el abanico de candidatos figuran personas y programas dignos de toda consideración. Lo que sí tengo claro es que la gestión de Jaime Castro puede considerarse como una de las más serias y positivas que haya tenido Bogotá. Destaco, tomado del reportaje de Juan Mosca, el dicho español que dice: “En política se deben tener paso lento, mirada larga, diente de lobo y cara de bobo”.

El Espectador, Bogotá, 28 de agosto de 2003.

Por: Gustavo Páez Escobar

Dice la revista Semana que en Cúcuta las autoridades crearon la primera funeraria para pobres del país, en vista de la gran cantidad de muertes violentas que se presentan en sectores de escasos recursos y que ocasionan a sus deudos serias dificultades económicas para atender los gastos del deceso. En el barrio Simón Bolívar, uno de los más pobres de la ciudad, los vecinos tuvieron que hacer una colecta para enterrar a una señora muerta por una bala perdida, cuyo funeral costaba $ 300.000. Lo mismo ocurre en otros barrios marginados.

Según estadísticas de la Policía, Cúcuta fue durante el año 2003 la tercera ciudad de Colombia con el mayor índice de muertes violentas. Los familiares,  ante la precariedad de sus recursos, se ven obligados a implorar en las calles, tanto en Cúcuta como en otras ciudades (porque el drama es nacional), la colaboración de la gente para enterrar a los muertos. Dentro de estos estados de extrema pobreza, muchos prefieren, con todo el dolor del alma, que los parientes abatidos en conflictos de sangre sean enterrados en la fosa común.  Ahora en Cúcuta existe la “Funeraria de los pobres”, donde por $ 40.000 se consigue el funeral, comprendiendo todos los gastos.

Este hecho obligó a otras funerarias a bajar sus tarifas, aunque no en niveles accesibles para los más necesitados. Desde mucho tiempo atrás, el costo de la muerte se ha vuelto exorbitante. Resulta más barato nacer que morir. Mientras más prestante o más adinerado sea el muerto, más cuesta su funeral. Por lógica, las funerarias que más se lucran son las que atienden los sepelios pomposos. Tal el precio que paga la vanidad social, cuyos efectos, por desgracia, se extienden a todos los estratos.

Recuerdo que en Armenia, hace dos décadas, el párroco del Espíritu Santo, padre Miguel Duque, practicó el mismo sistema para abaratarle a la gente pobre este costo desmedido. La fórmula consistía en que una cooperativa manejada por la parroquia atendía a precios módicos todos los conceptos funerarios, incluso el suministro del ataúd y la sala de velación. Por aquellos días escribí en El Espectador el artículo Morirse por cooperativa (20-VII-1983), donde exalté dicho procedimiento, que ahora pone en marcha el municipio de Cúcuta. (La de esta ciudad no es, por lo tanto, la primera “Funeraria para pobres”, como dice Semana).

Tulio Bayer, siendo médico rural en los municipios antioqueños de Anorí y Dabeiba, fue quizá el pionero de estos programas sociales. La violencia desatada en el país hace cincuenta años producía muchas muertes entre los campesinos de la región, quienes afrontaban las mismas angustias económicas que siempre han vivido las personas humildes en todas partes. En vista de lo cual, el médico Bayer hizo construir un ataúd comunitario para prestárselo a los pobres. Pasadas las exequias, los deudos devolvían la caja mortuoria para ser utilizada por otros campesinos. Esto implicaba que los muertos se enterraran sin ataúd, pero a precios ínfimos. Al fin y al cabo, el abrazo de la tierra llega lo mismo a todas las sepulturas.

En Coyaima (Tolima), Deogracias Bucurú, de 95 años de edad, compró hace dos décadas su propio ataúd, presintiendo su muerte próxima. Pero la parca no ha tocado todavía en su puerta. Este longevo previsivo, que piensa superar el centenario de vida en las mismas condiciones de salud de que ahora disfruta, viene prestando el ataúd a sus vecinos para que se eviten los costos usureros de última hora. La única condición es que se lo devuelvan después del velorio.

Estos casos ponen de presente, en primer lugar, la explotación de las funerarias frente a los duelos familiares, y en segundo, el sentido humano con que personas sensibles como las aquí aludidas (y otras que trabajan en silencio) buscan contrarrestar los abusos que se cometen en el trance final de la existencia. Merece destacarse el episodio reciente de Cúcuta como ejemplo de solidaridad humana que ojalá se imitara en otros municipios.

El Espectador, Bogotá, 23 de septiembre de 2004.

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Comentarios:

Apreciado Gustavo: magnífico tu artículo sobre las funerarias de Cúcuta. El maestro del artículo eres tú. Sin duda alguna. Me quito el sombrero. De verdad. Hernando García Mejía, Medellín.

Qué buen artículo, Gustavo, cómo lo disfruté al máximo como testigo que fui hace 20 años de las rebatiñas por la muerte como médico rural en Antioquia. Tu artículo es denuncia y poesía; excelente combinación de vivencias. Nicolás Trujillo. 

Por: Gustavo Páez Escobar

Mientras el Gobierno trata de encajar la economía dentro del 5,5% de la inflación proyectada para este año, hay renglones de la canasta familiar que, al registrar alzas exageradas, superan varias veces dicho límite. Tal sucede con una buena cantidad de medicamentos fundamentales que bajo la presión de la demanda presentan continuos cambios de precio y así mismo se vuelven inaccesibles para muchos bolsillos.

En esta carrera alcista influyen en alto grado las campañas publicitarias que las firmas productoras desarrollan a través de los medios de comunicación. El dinero que invierten en costosa propaganda termina pagándolo el consumidor, con un elevado ribete para los laboratorios. Estos trucos del mercadeo no los controla nadie, y siempre los paga el pueblo. Con la política actual, según la cual los precios se regulan por la ley de la oferta y la demanda, se cometen los mayores abusos.

La revista Carrusel, en su edición del 12 de marzo, presenta un cuadro dramático sobre esta dolencia de los colombianos. Entre otros casos, cuenta la historia de un diabético que debe consumir dosis diarias de Gliformin, de laboratorios Pharma, cuya caja de 30 pastillas sube en promedio dos mil pesos cada mes, y tres y cuatro mil pesos las cintas para glucometría, cada quince días. A este ritmo, ¿cuánto representan al año estas alzas progresivas? El argumento dado por algunos laboratorios en el sentido de que “el precio está dado por el mercado”, debería ser materia de revisión porlas autoridades, pues este camino conduce a la especulación.

La misma revista presenta situaciones como la de Nizoral, de laboratorios Janssen, que el 24 de noviembre de 2003 valía $37.720, y cuatro días después $46.000, lo que representa un alza del 22%. Totalizadas las alzas de los seis productos mencionados por Asocoldro dentro de la investigación adelantada por Carrusel, se obtiene un incremento promedio del 17% en pocos meses. Más de tres veces el tope inflacionario previsto para un año.

Los ejemplos se multiplican en la masa de los consumidores. Por ejemplo, una caja de 10 tabletas de Lipitor (10 miligramos), de laboratorios Pfizer, tenía un precio de $59.549 en junio de 2003, y pasó a valer $86.900 en marzo de 2004, es decir, 46% más; pocos meses antes ya había tenido un ajuste del 8%. La caja de Betaloc (50 miligramos) de 10 pastillas, de laboratorios AztraZeneca, tuvo en el mismo lapso un aumento del 28%.

En Lecturas Dominicales del 14 de marzo, el doctor Guillermo Maya Muñoz, de la Universidad Nacional de Medellín, ofrece juiciosas reflexiones acerca del campo tan controvertido de la libertad de precios, cuyo desmadre se ha salido de los límites tolerables. El articulista, que dirige su inquietud hacia los efectos nocivos que estas permisiones producen en la salud de los pacientes, formula esta pregunta: “¿Puede el mercado manejar los medicamentos?”.

Muchas medicinas indispensables para salvar la vida se volvieron artículos de lujo y solo pueden adquirirlas los ricos. Hay gobiernos que se preocupan más por proteger los intereses de los laboratorios que la salud del pueblo. Desde luego, el bolsillo de los pobres no tiene acceso a los medicamentos caros. La falta de políticas más congruentes y más definidas a favor de la población indefensa es la causante de muchas muertes, por carencia de recursos económicos de los pacientes. El tema no es de poca monta y bien vale la pena que se examine con la seriedad y la urgencia que imponen las circunstancias.

El Espectador, Bogotá, 1° de abril de 2004.