Gustavo Páez Escobar

Por: Gustavo Páez Escobar

¿Qué necesidad tenía la actriz y exreina de la belleza Valerie Domínguez en meterse en el lío judicial en que se ha metido? Es tan delicado el caso, que está a punto de ir a la cárcel bajo la sindicación de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Con 30 años de edad, la vida le sonreía. Es miembro de prestigiosa familia de Barranquilla que goza de gran aprecio en los círculos sociales. En el año 2005 obtuvo el título de Señorita Colombia y recibió la corona de manos de su prima Adriana Tarud, que había conquistado la misma presea el año anterior. Otra de sus primas es Shakira. Pertenece, pues, a familia de luminarias.

En la vida de los negocios, el éxito para ella ha sido muy halagador. Para el efecto, no solo ha jugado papel importante su condición de exreina de la belleza sino sus particulares atributos de simpatía. Con dicho privilegio, se volvió diseñadora de joyas, con puntos de venta en Barranquilla y Bogotá. Y ha celebrado lucrativos contratos con la firma de cosméticos Ésika, que ha sabido explotar muy bien la imagen de la carismática dama.

Otro campo promisorio que se abrió para Valerie Domínguez fue el de actriz. Por este camino se van muchas de las exponentes de los certámenes de la belleza. Algunas saben aprovechar esta oportunidad que les da la vida, y otras la derrochan al incurrir en delitos o actos bochornosos, por lo general llevadas de la mano de algún capo de renombre. ¡Pobres reinas  incapaces a veces de distinguir entre el bien y el mal!

Por las noticias que se han publicado en la prensa, parece que la falla de la actriz y exreina, a quien todo le sonreía, fue haberse enamorado de la persona equivocada. Su relación sentimental con Juan Manuel Dávila, perteneciente a distinguida familia de Santa Marta, y dinámico hombre de negocios, le oscureció el horizonte de glorias y alteró por completo su tranquilidad.

De un momento a otro, Valerie Domínguez se vio enredada en las oscuras maniobras que se tramaban contra los dineros públicos en trámites ante el Ministerio de Agricultura. Alimentada por el amor hacia su pareja, no se daba cuenta, según sus manifestaciones a la prensa y a la justicia, de que su novio la manipulaba para obtener beneficios propios. Según esa misma confesión, estampó su firma en papeles elaborados por su novio, que ella no leyó, y que la convirtió en solicitante de un auxilio de 306 millones para fomentar la producción agrícola.

Era su novio el agricultor, y no ella. Pero en virtud de una artimaña urdida por Juan Manuel Dávila y su familia, el predio Campo Grande, que tenía 1.242 hectáreas, fue fraccionado en varias fincas para recibir por cada una subsidios entre 300 y 400 millones, en lugar de recibir una sola cifra por el total de la propiedad. Este es el hecho que compromete a Valerie Domínguez al aparecer gestionando como agricultora (sin serlo) el subsidio fijado por el ministerio. Dice que ella firmó los papeles que le envió su novio con un intermediario, sin saber el alcance de esa firma.

Cuando estalló el escándalo, se abstuvo de recibir  los 306 millones que había solicitado. Pero la Fiscalía la inculpa por el intento de acto doloso que estuvo a punto de perpetrarse contra el Estado. Es aquí donde se le complica la vida a la hoy exitosa empresaria.

Este ruidoso episodio deja un fondo moral para las ingenuas reinas de belleza que cierran los ojos ante la gravedad de ciertas acciones. En gracia de la duda, puede pensarse que Valerie Domínguez fue engañada en su buena fe.  Pero le costará trabajo demostrarlo. Como ironía, ella se desempeñó como actriz en la serie “Los caballeros las prefieren brutas”. Ojalá la justicia sea sabia para establecer la verdad.

El Espectador, Bogotá, 8-VI-2011.
Eje 21, Manizales, 9-VI-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 11-VI-2011.

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Comentarios:

Lo de Valerie y demás corruptos de la lista se resume en una sola palabra: ambición, pura y simple ambición. Por eso está Colombia como está, y seguirá quién sabe por cuántas décadas más. Pregunta simple: ¿habrá cárcel para tanto hampón? Luis Quijano, Houston (Estados Unidos).

Queda la duda que esa muchacha tan avispada y ejecutiva se haya dejado meter semejante gol sin percatarse; es triste aceptar que los colombianos nos hemos vuelto muy desconfiados, y con razón, por lo que siempre dudamos de esos testimonios tan emotivos y publicitados. Basta recordar aquel alcalde de Cali que lloraba ante las cámaras de televisión como una magdalena, ofendido porque lo acusaban de malos manejos, y que tiempo después demostraron que era un mafioso de campanillas. ¡En qué país vivimos! Pablo Mejía Arango, Manizales.

Por: Gustavo Páez Escobar

Si la ley de víctimas y restitución de tierras que acaba de aprobar el Congreso consiguiera en dos o tres años el retorno a sus predios de siquiera la mitad de los desplazados del país, se habría dado el paso más trascendental en materia social de toda la historia.

Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de desplazados en el mundo. No hay certeza sobre cuál es el número de víctimas que, hostigadas por la guerrilla y  los traficantes de tierras, han tenido que abandonar sus propiedades rurales para huir a los centros urbanos. De acuerdo con registros del Gobierno, esta cifra es de tres millones, pero según Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos) llega  a cinco millones.

En ambos casos, la cifra es alarmante. Al paso de los años, y debido a la ausencia de políticas efectivas en este terreno, el problema se ha agudizado de manera catastrófica. La alta población de seres despojados de sus tierras y sometidos a toda clase de suplicios, y que han creado en las ciudades verdaderos cinturones de miseria, representa una vergüenza para Colombia ante el mundo entero.

Siempre que se ha pretendido buscar alivio y reparación para estos colombianos en desgracia, los obstáculos que se presentan son de tal magnitud, que el mal se ha dejado avanzar. El solo aspecto económico es tan gigantesco, que ningún gobierno ha querido encararlo. En los enunciados expuestos por Santos en su campaña presidencial, le dispensó especial atención a esta encrucijada y ofreció medidas audaces para intentar soluciones de fondo.

Como buen financista, sabe que el regreso de los desplazados a sus parcelas significaría el incremento de la producción agrícola. El florecimiento de los campos ayudaría a mover una de sus locomotoras. Estrategia de doble filo: no solo remediaría la suerte de los miles de compatriotas sacrificados por la violencia, sino que le daría un revolcón a la agricultura, con indudable beneficio financiero para el país.

Contando con el respaldo de las fuerzas parlamentarias, pudo estructurarse uno de los mecanismos mejor ideados para acometer semejante empresa. La ley aprobada establece resortes que se anuncian eficaces para que los campesinos despojados de sus tierras obtengan su restitución o reparación en trámites cortos y efectivos, y puedan volver a laborar sus cosechas y vivir con tranquilidad.

Se habla de seis millones de hectáreas que deben ser recuperadas: dos millones usurpadas por los violentos, y los cuatro millones restantes abandonadas debido a  la presencia de la guerrilla. ¿Cuánto dinero se necesita para que el plan tenga cabal realización? Nadie ha podido establecer una cifra aproximada, pero se sabe que es astronómica. Acaso 60 u 80 billones, según algún cálculo aventurado. Como el plazo para la ejecución es de diez años, puede pensarse que el manejo se vuelve flexible.

La ciencia de esta medida consiste en taponar los vericuetos de la trampa y la defraudación para que las artimañas que han de tender los avivatos de siempre sean reprimidas con acciones severas, y los beneficios lleguen a las auténticas víctimas de esta desgracia nacional. El ejército de testaferros y abogados que ya hizo de las suyas en el caos actual de las tierras, afina ahora sus tentáculos para pescar en río revuelto.

Pero el presidente Santos está dispuesto a no dejarse ganar la partida. En manos suyas y de los organismos de control está demostrar que, si el camino es tortuoso, existen las claves para conjurar los peligros. Las dificultades son múltiples. Lo más importante ahora es haber dado este paso histórico que los presidentes anteriores rehusaron por complejo y desgastador.

El Espectador, Bogotá, 1-VI-2011.
Eje 21, Manizales, 2-VI-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 4-VI-2011.

Por: Gustavo Páez Escobar

En las altas esferas de París se sabía que Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, era un desenfrenado seductor de mujeres. Un enfermo sexual. Cuando el presidente Sarkozy conoció la noticia de su arresto en Nueva York con la acusación de haber abusado de la camarera del hotel donde se hospedaba, exclamó: “Yo se lo advertí”.

Antiguos exalumnos cuentan que Strauss-Kahn poseía un verdadero poder de seducción ante el grupo de sus compañeras de estudios. Con motivo del escándalo actual, han salido a colación sus enredos con la periodista y escritora francesa Tristane Banon, de 31 años, que manifiesta que intentó violarla en el 2002. Tan bien lo conoce, que lo califica como “un chimpancé en celo”. En el 2008, Strauss-Kahn tuvo un escándalo similar con la economista Piroska Nagy, empleada del FMI en África.

Siempre que él llegaba a Nueva York llamaba a la empresaria del sexo Kristin Davis, conocida como la ‘madame’ de Manhattan, para contratar los servicios de prostitutas de lujo, a quienes “solía pagar 2.400 dólares por una sesión de dos horas”. Una de esas chicas revela hoy que se trataba de un hombre rudo y agresivo, que parecía siempre enfadado. En París, la inclinación del alto ejecutivo por las mujeres era un secreto a voces. Un donjuán insaciable, que venía trastornado por esa aberración desde su juventud. Falta saber si alguien de su círculo social o familiar, incluido el presidente Sarkozy, le aconsejó alguna vez que se sometiera a un tratamiento siquiátrico.

El hecho de estar casado por tercera vez, a sus 62 años de edad, pone de manifiesto inestabilidad emocional. Su esposa actual, la periodista francesa Anne Sinclair, ha mantenido una actitud prudente, y puede pensarse que ella es la mayor lesionada en estos episodios borrascosos. Por lo pronto, la detención de su marido en Nueva York le trae gran incomodidad. Casi vergüenza pública.

Situado en los altos niveles del poder y de la situación económica, el brillante director del FMI se solazaba con los placeres que le dispensaba su buena estrella. Entregado a la buena vida, no reparaba en medios para satisfacer sus extravagancias sexuales. Todo pretendía comprarlo con el dinero y la fama. Incurría en los mayores exabruptos y cada vez cometía mayores torpezas. Como nada le sucedía en esta serie de atropellos, seguía adelante.

Hasta que se tropezó con la severa ley norteamericana que puede decretarle prisión superior a veinte años si se comprueban los varios delitos que se le imputan en el caso de la camarera: intento de violación, sexo criminal y abuso sexual, tocamiento a la fuerza y retención ilegal. Su implacable apetito sexual, que algún siquiatra ha debido moderarle si él hubiera buscado la cura, se convirtió en su talón de Aquiles. Sharon O’Hara, experta en patología sexual, dice que esta debilidad aumenta con el poder y se vuelve característica sicópata. La mente así alterada piensa para sus adentros: “se hace lo que quiero, cuando quiero, porque soy muy poderoso”.

Strauss-Khan, dos veces ministro y que llevaba las de ganar como posible sucesor de Sarkozy, era uno de los hombres más influyentes del mundo. Su desempeño en el FMI no podía ser más brillante. Su imperio se derrumbó en un instante y ahora parece una fiera enjaulada. Se siente desgraciado. El hombre adicto al sexo arruinó su vida al protagonizar la escena escabrosa con la camarera Nafisatu Dialo (hasta ayer un ser anónimo) en el hotel Sofitel de Manhattan.

Este capítulo bochornoso lanza un mensaje moralizador al mundo entero. En Colombia, cada hora son agredidas nueve mujeres en materia sexual. Según encuesta realizada por el Sensor Yanbal 2011, el 76 por ciento de las mujeres que trabajan son víctimas de acoso sexual. Luis Alfredo Garavito, el llamado ‘monstruo de los Andes’, abusó de 168 menores de edad y luego los asesinó. Condenado a 40 años de cárcel, hay peligro de que salga libre en pocos años. En cambio, en Estados Unidos un violador en serie es castigado con 200 o más años de prisión.

Está sobre el tapete la propuesta de la senadora Gilma Jiménez para que los violadores  sean condenados a cadena perpetua.

El Espectador, Bogotá, 25-V-2011.
Eje 21, Manizales, 27-V-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 28-V-2011.

Por: Gustavo Páez Escobar

En el primer encuentro que tuvo el presidente Santos con los banqueros les manifestó  lo siguiente: “Hay que ser imaginativos, hay que diseñar programas, hay que hacer publicidad creativa, hay que ver la forma de bajar los costos de tener una cuenta bancaria o los requisitos para entrar al sistema bancario, sin elevar demasiado el riesgo de las entidades”.

Casi nada es lo que se ha conseguido como respuesta del sector financiero al mensaje presidencial. Y han corrido nueve meses desde que se inició el actual Gobierno. Desde los inicios de su administración, el presidente Santos expuso como punto vital para impulsar una de sus locomotoras el de aumentar la bancarización del país, programa consistente en obtener, mediante mayores atractivos, el ingreso a la banca de un buen número de colombianos que, pudiendo hacerlo, se mantienen marginados de esas instituciones.

El nervio para lograrlo está en la disminución razonable de los altos costos que pagan  los usuarios de las cuentas y de las tarjetas bancarias. En el manejo de una cuenta de ahorros, por ejemplo, los bajos rendimientos que recibe el cliente quedan borrados, en la mayoría de los casos, por la cantidad de contribuciones que deben pagarse al sistema. Por eso, buen número de colombianos prefiere dejar su dinero “debajo del colchón”, con este elemental raciocinio: ¿para qué guardo mi plata en el banco si salgo perdiendo, y además me expongo a que desaparezca en manos de los defraudadores que hacen de las suyas en las entidades financieras?

Este potencial de dinero improductivo se está perdiendo para la economía del país. De ahí el interés del Gobierno por lograr ingresarlo a la banca. Sin embargo, los banqueros han estado remisos a disminuir sus tarifas. En vista de lo cual, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, adoptó con ellos una posición severa al advertirles, hace varios meses, que si no se conseguía ese propósito de manera armónica, se pensaría en la intervención de las tarifas.

Por su parte, el superintendente financiero, Gerardo González, habló de mano dura contra los abusos de algunas entidades, y el vicepresidente, Angelino Garzón, dijo que las entidades “no tienen contemplación” a la hora de hacer esos cobros. Así caldeado el ambiente, el Gobierno decidió aumentar la tasa de usura como un incentivo a la banca, que de esta manera cuenta con un margen superior para el rendimiento de la cartera.

Tres o cuatro entidades financieras anunciaron, con grandes titulares en la prensa, la eliminación de algunas tarifas. Actitud plausible, aunque aislada, que no soluciona el problema de conjunto. Mientras tanto, la pelea del ministro de Hacienda con la banca se ha apaciguado. La gente se pregunta qué ha sucedido después de tanto alboroto, para que las cosas en líneas generales sigan lo mismo. María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, ha mantenido no solo una posición cerrada en defensa del gremio que representa, al oponerse a la rebaja de las tarifas o a su intervención, sino antagónica frente al ministro Echeverry.

En estos días la Superintendencia Financiera publicó en la prensa un cuadro donde se discriminan las tarifas y las tasas de interés por las tarjetas débito y crédito que cobran (o no cobran) las entidades bancarias que operan en Colombia, y al principio de la página aparece esta anotación: “¡Nosotros le informamos, usted decide!”.

El propósito de este aviso –se entiende– es el de que los propios clientes escojan, bajo dicha consideración, el organismo que más les convenga. Es una especie de veto contra las tarifas más costosas. Pero cabe pensar que por este método no se atacará la raíz del problema. Se esperan medidas efectivas para que la clientela de los bancos pueda respirar mejor. Esta lucha viene desde hace varios años.

El Espectador, Bogotá, 19-V-2011.
Eje 21, Manizales, 19-V-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 21-V-2011.

Por: Gustavo Páez Escobar

La leyenda de La espada de Damocles, que las sociedades olvidan con tanta facilidad, vino a revivirla el actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien a través de acciones ejemplarizantes ha demostrado que la corrupción y la desidia en el cumplimiento de las funciones públicas deben reprimirse con mano dura y sin miramiento alguno. Donde hay benignidad de la conducta habrá deterioro del bien público.

Desde que en enero del 2009 se posesionó del cargo e inició su campaña depuradora, comenzaron a sentirse voces de protesta contra sus actos, las que venían, por supuesto, de personas y sectores acostumbrados a delinquir o ser negligentes en sus deberes, para luego ampararse en la rampante impunidad que tiene traumatizada la vida del país.

La gran mayoría de la opinión pública vio que había llegado un verdadero Procurador, en el amplio sentido que le da la Constitución (artículo 277): “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; defender los intereses de la sociedad; velar por el cumplimiento diligente y eficiente de las funciones administrativas; ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular”, entre otros objetivos de absoluta precisión.

Eso es lo que ha hecho el Procurador. Así lo definió él mismo como respuesta a sus detractores: “Yo garantizo lo que está en la Constitución y en la ley, no puedo hacer lo que quiera, sino lo que el ordenamiento jurídico me indica”. Fiel a ese mandato, y procediendo con el temple que le imprime su carácter decidido y moralizador, durante los dos años y cuatro meses que lleva en la posición ha impuesto 800 sanciones a alcaldes, cifra alarmante en este país que tiene alrededor de 1.100 municipios. Esto hace suponer que por lo menos el 70% de los alcaldes incurre en faltas administrativas. Unas se destapan, otras permanecen ocultas.

Aparte de los alcaldes, su acción de vigilancia ha llegado, y de qué manera, a los altos niveles del Estado. Su espada de Damocles ha caído sobre parlamentarios en ejercicio, como la senadora Piedad Córdoba (sus propios electores), sobre el contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y el excongresista Germán Olano, a quienes impuso la destitución e inhabilidad para ejercer cargos durante largos años.

La última medida, que produjo verdadero revuelo en el país, fue la suspensión por tres meses del Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por su omisión en la toma de controles para evitar la parálisis de obras fundamentales que mantienen atascada a la ciudad, y además como medida preventiva y prudente para vigilar la adjudicación de contratos por $ 6 billones (situación de alto riesgo para los intereses de la capital, teniendo en cuenta la presunta participación del hermano del alcalde, Iván Moreno, en el festín de los contratos, lo que ha causado una sangría de incalculables perjuicios en las cifras y el desarrollo de la ciudad).

Nunca antes había sido suspendido un alcalde de Bogotá. Y nunca antes el funcionario  había cometido tantos exabruptos y dejado de ejercer tantos controles. Como dentro de las funciones del Procurador está la de defender los intereses de la sociedad, así procedió Alejandro Ordóñez, con alto sentido de responsabilidad y rigor. El beneplácito de la ciudadanía al conocer su determinación no pudo ser más categórico. El caos que vive hoy la capital del país es el resultado de una pésima administración. Tarde se dio cuenta el electorado de semejante equivocación.

El ejemplo implantado por el Procurador ha surtido efecto en otros altos organismos,  como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General, cuyas titulares  también han llegado con mano dura a ejercer sus cargos. Antes, la línea general era la corrupción y la impunidad. Hoy, la moda es la moral y el castigo. Confiemos en que ese estado se preserve por mucho tiempo.

Alejandro Ordóñez Maldonado –ccon Mario Aramburo Restrepo, Jaime Serrano Rueda y Carlos Mauro Hoyos en momentos memorables de la vida pública– ya ingresó a la galería de los procuradores históricos.

El Espectador, Bogotá, 11-V-2011.
Eje 21, Manizales, 12-V-2011.
La Crónica del Quindío, Armenia, 14-V-2011.

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Comentarios:

Me parece que el buen desempeño cumplido en un cargo es apenas la obligación que se desprende de la aceptación de una responsabilidad y por eso no debería ser motivo de mucho elogio. El señor procurador  lleva poco más de dos años en el cargo y por tanto resulta prematuro calificar su desempeño como histórico. Algunas posiciones suyas, como la asumida frente al fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con respecto al aborto, van en contravía de esa altísima instancia y es notorio el malestar que al funcionario le ocasiona el tema.  No puede el más alto adalid y representante de toda la sociedad tratar, a toda costa, de imponer su criterio personal, basado en sus convicciones religiosas, por encima del interés general y aun de la normatividad vigente. Estoy de acuerdo en que el funcionario posee valor civil, para tomar decisiones, pero reitero, es apenas lo que le corresponde hacer. Gustavo Valencia G., Armenia.

Leí el artículo sobre el procurador Ordóñez y me pareció buenísimo y muy merecido el elogio a tan incorruptible funcionario. Ojalá lo leyeran todos los colombianos para que lo apoyaran en sus decisiones. Daniel Ramírez Londoño, Armenia.

Totalmente de acuerdo con los planteamientos acerca del magnífico desempeño del señor procurador, lo cual tiene indignado al corrupto gremio que nos gobierna. No se sacian con nada, a costa de una ciudad, de sus gentes y del país entero. Ojalá su espada siga descabezando a tanto mediocre de cuello blanco. Inés Blanco, Bogotá.