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Guerra a los pensionados

viernes, 27 de noviembre de 2009

Por: Gustavo Páez Escobar

La sana intención de combatir los abusos pensionales, anunciada en la campaña del presidente Uribe, se ha desviado de ruta. Este programa buscaba, en primer término, acabar con los regímenes especiales que permitían pensiones exageradas, como las del Congreso, Colpuertos, Ecopetrol y las altas cortes, y que eximían a sectores privilegiados del cumplimiento de las normas fijadas para la mayoría de trabajadores, como la del tiempo de servicio y la edad; y en segundo término, limitar la prestación a un máximo de veinte salarios mínimos. Ninguno de los dos objetivos se ha cumplido a cabalidad, aunque se han dado pasos importantes para conseguir mayor equilibrio en el futuro.

Queriendo atajar tales desvíos, los funcionarios fiscalistas, con el ministro de Hacienda a la cabeza, descubrieron un campo fácil para explorar nuevos impuestos. Primero pusieron sobre la mesa la llamada olla pensional, donde se muestra el inmenso hueco causado en el Seguro Social por la  disminución de las reservas, que están a punto de agotarse (nunca se ha dicho en qué tiempo exacto: se ha hablado de seis años, luego de cinco, después de cuatro, y ahora se dice que la olla está casi vacía).

Y expusieron los funcionarios alcabaleros, como deducción lógica de la situación alarmante por ellos mismos planteada, la urgencia inaplazable (una urgencia más) de impedir el naufragio mediante la adopción de medidas drásticas que por supuesto deben asumir los propios pensionados, para que no cesen los pagos. Abusos y tolerancias de todo orden han ocasionado esta crisis progresiva que se viene agrandando desde hace mucho tiempo, sin que ningún gobierno haya tomado medidas radicales.

En este desastre, es el  mismo Gobierno -el actual y los sucedidos a partir de 1967- el responsable del caos producido en las cuentas pensionales. Óigase bien: desde que el Seguro Social se fundó, el Estado no ha cubierto una sola de las cuotas que le corresponden dentro del sistema tripartito establecido:  patrono, trabajador y Estado. Y han pasado 37 años. ¿Cuánto valen esas contribuciones? Una suma astronómica, claro está. Ojalá se revele con precisión ese guarismo. Y lo más importante: ojalá se pague. Carlos Lemos Simmonds hablaba del Estado ladrón: aquí lo tenemos de cuerpo entero.

Sin embargo, al pobre pensionado se le quieren cobrar los platos rotos. Aparte de que sus ingresos entran en mengua desde el momento en que queda cobijado por el sistema, hoy se busca disminuir aún más dicha prestación. Cuando la persona trabajaba en una empresa, sólo atendía la tercera parte del 12 por ciento para salud, y al entrar al régimen pensional le toca asumir la totalidad. Con esta ironía: como la atención médica que ofrece el Seguro es ineficiente, y en muchos casos inexistente, hay pensionados que contratan, con la ayuda de su familia, pólizas particulares para procurarse la asistencia médica que no obtienen con sus propios aportes. De esta manera, el 12 por ciento se vuelve plata perdida para el contribuyente, e ingreso cierto para el Seguro.

Hace poco se fijó una cuota del uno por ciento para las pensiones superiores a diez salarios mínimos, y además trató de implantarse una tasa impositiva para la mayoría de niveles, a partir del próximo año. Y se ha pretendido eliminar la mesada 14 y recortar a la mitad la pensión del cónyuge sobreviviente. Así de fácil se atenta contra una población indefensa.

Como a los pensionados no hay quien los escuche, en el momento menos pensado se idean fórmulas alegres para cercenar sus derechos. Con pequeñas cuotas salidas de una masa grande de contribuyentes -se piensa con ligereza-, el Estado podría remediar muchas necesidades. Es lo que se intenta hacer por medio del referendo, al proponerse la congelación por dos años de las pensiones del sector público.

Esta arremetida del despojo no cabe, no puede caber, en los esquemas del Gobierno preocupado por la justicia social. Hoy, como no se había visto con tanta desmesura en anteriores administraciones, se ha agudizado la guerra despiadada contra los pensionados, quienes se convirtieron en el trompo de poner para tapar los huecos financieros. Es hora de que el presidente Uribe le ponga freno a esta carrera de excesos.

El Espectador, Bogotá, 25 de septiembre de 2003.
Avancemos, Asociación de Pensionados del Banco Popular, febrero/2004.  

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